NEGOCIACIÓN

El Gobierno argentino volvió a dar muestras de que, pese a los encontronazos por la forma contractual de los nuevos bonos y a las persistentes diferencias por el valor de la oferta con algunos fondos de inversión, seguirá negociando para evitar el default de la deuda. En ese camino, la administración de Alberto Fernández se puso ahora una fecha definitiva.

El Ministerio de Economía prorrogó, por quinta vez, el período de apertura de la oferta original con el objeto de mantener abierto el diálogo y el intercambio de propuestas con los bonistas por la reestructuración de la deuda privada bajo legislación extranjera. Esta vez, la extensión es mucho más prolongada en el tiempo que las previas: hasta el 24 de julio.

Argentina está negociando un canje de deuda de US$ 66.238 millones. Los grupos de acreedores exigen que Argentina mejore su oferta, mientras que la postura del Gobierno es que no puede seguir cediendo después de elevar su propuesta a alrededor de 50 centavos por dólar más un adicional vinculado a sus exportaciones.

Desde el 22 de mayo pasado, el país se encuentra en default selectivo luego de que se venciera el período de gracia sin que se pagaran los US$ 503 millones en intereses de tres bonos globales. A fin de este mes, habrá nuevos vencimientos de esos bonos (el 28 de junio habrá que pagar US$ 98 millones del bono Century) y de un discount (el 30 de junio se pagan US$ 219 millones). Ambos tienen diferentes “indentures” (prospectos).

Es muy probable que el Gobierno no pague esos vencimientos y que logre -por contrato- habilitar los períodos de gracia de treinta días. Luego, ya cerca de la nueva fecha de vencimiento de las negociaciones, crecen las posibilidad de un cross default si no hay acuerdo.

“Esperemos esta sea la última y definitiva”, contaron a La Nación fuentes próximas al ministro Martín Guzmán.

La decisión oficial, que fue comunicada a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por las siglas en inglés), se da luego de que el miércoles pasado todos los actores se levantaran de la mesa de negociaciones -una vez vencidos los acuerdos de confidencialidad- dando un portazo y al borde de quebrar los frágiles vínculos que se habían forjado en el proceso.

“Ningún acreedor me va a convencer de que haga sufrir más a los argentinos para pagar un peso de deuda más, en eso soy inflexible. No le pueden exigir a la Argentina lo que no le exigen al mundo”, dijo el presidente Fernández esa noche en una entrevista a Telefé. Sin embargo, luego, aclaró: “Yo no soy el presidente del default. El presidente del default es el que me precedió”.

Minutos antes, Guzmán había publicado su última propuesta y las que había recibido.

Los grupos más duros difundieron entonces un comunicado de alto voltaje en el que cuestionaban al Gobierno por “profundizar innecesariamente el deterioro económico rechazando una solución sustentable y sensible”. Además advirtieron con la judicialización.

La decisión de Guzmán choca con sus propias declaraciones de la semana pasada, en las que afirmó que, luego de finalizados los acuerdos de confidencialidad el martes, estaría listo para enmendar la primera oferta actual y reabrir un nuevo período -de diez días- para definir la tasa de aceptación de la nueva propuesta argentina.