ARGENTINA

Archivan una causa contra Cristina K por enriquecimiento ilícito

La decisión de no reabrir el caso por los bienes de Cristina Kirchner fue tomada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

CFK declarará el martes en la causa conocida como "La Ruta del Dinero K". Foto: Archivo
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La justicia argentina decidió no reabrir el caso por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner a pesar de que el excontador de la vicepresidenta, Víctor Manzanares, declaró que el juez federal Norberto Oyarbide la había sobreseído irregularmente mientras brindaba con champagne.

La decisión de no reabrir el caso por los bienes de Cristina Kirchner fue tomada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La magistrada entendió que el fiscal Eduardo Taiano había rechazado la reapertura de la causa y que la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el otro querellante, había desistido de reimpulsar el caso.

Durante el Gobierno de Mauricio Macri, la UIF había impulsado anular el sobreseimiento de Cristina Kirchner argumentando que se trataba de una cosa “juzgada irrita”. Así se denomina a aquellas decisiones judiciales que son tomadas sobre la base de datos falsos que no se conocían.

La declaración de Manzanares en la causa de los cuadernos de la corrupción lo que hizo fue ratificar que el cierre del caso que dispuso el juez Oyarbide fue irregular. Entre 2003 cuando llegaron al poder y 2008 los Kirchner aumentaron su patrimonio en un 572%.

Sin embargo, la jueza Capuchetti valoró la falta de impulso del fiscal Taiano, que dijo que había que ser muy restrictivos al usar esta figura de la cosa juzgada irrita y por otro lado se valió que sin impulso acusatorio no quedaba otro camino que rechazar la reapertura del expediente.

Consideró la jueza que, de todos modos, hay investigaciones abiertas para determinar si en ese período de tiempo Cristina Kirchner se enriqueció de manera ilegal.

Cristina Kirchner, de 67 años, está procesada en nueve causas por supuesta corrupción durante su presidencia, una de las cuales ya tiene juicio oral en curso desde 2019.

La defensa de la actual vicepresidenta sostiene que las causas forman parte de una persecución política durante el gobierno de Macri.

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