Apartaron al juez que investigaba la causa de la desaparición de Santiago Maldonado
Guido Otranto, que había ordenado el desalojo del predio en el que se encontraba el joven cuando desapareció, fue desplazado y su lugar lo ocupará el magistrado Gustavo Llerald.

La a Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia hizo lugar al planteo de apartar al juez Guido Otranto de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado.
Otranto será reemplazado por el juez federal de Rawson Gustavo Llerald, según pudo saber La Nación a través de fuentes de la Cámara Federal. Llerald trabajará exclusivamente en el caso Maldonado durante los próximos 60 días.
La decisión de la Cámara fue fundamentada en el alegado temor de parcialidad evidenciado por la familia del joven. El tribunal, integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, sustentó sus argumentos en la entrevista que Otranto le concedió a La Nación el domingo.

En esa ocasión, el magistrado sostuvo que la hipótesis de que Maldonado se podría haber ahogado "es una de las opciones que me parecen más razonables" y sostuvo que la comunidad mapuche incurrió en una serie de incongruencias al sostener que el artesano fue víctima de una desaparición forzada.
Además, se mostró escéptico a la posibilidad de que Maldonado pudiera haber sido herido por la Gendarmería la noche que desapareció, durante el operativo de desalojo de predio ocupado por mapuches, que había sido autorizado por el propio magistrado.
"No veo elementos que me permitan sostener que pudo haber sido herido de gravedad por un disparo a corta distancia o una piedra, por uno o más gendarmes", apuntó en esa ocasión.

"A Santiago Maldonado lo capturaron o se ahogó en el río. No le encuentro consistencia a la versión de que fue capturado por la Gendarmería", sostuvo de forma tajante.
Otranto también había exigido a los organismos de derechos humanos que en vez de criticar la investigación, acercaran a los testigos presenciales, a los que -dijo- les brindó amplias garantías de que no serían usadas sus declaraciones para imputarlos en la causa penal que él instruye por el corte de la ruta 40.
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