ARGENTINA ESTREMECIDA

Hasta 45 años de cárcel a sacerdotes por abusar sexualmente de menores en Mendoza

Los curas Nicola Bruno Corradi Soliman y Horacio Hugo Corbacho Blanck, además del jardinero Armando Ramón Gómez Bravo, recibieron fuertes penas en un histórico fallo.

Nicola Corradi llega a la sede del Tribunal Penal, en Mendoza donde se realizaron las audiencias y se emitió el fallo de condena. Foto: AFP
Nicola Corradi llega a la sede del Tribunal Penal, en Mendoza donde se realizaron las audiencias y se emitió el fallo de condena. Foto: AFP

Silencio en la sala. Lectura de sentencia, con duras penas: 45, 42 y 18 años de cárcel. Los culpables, enmudecidos, mientras que las víctimas sordomudas pudieron, finalmente, tener Justicia. Así se vivió ayer en Mendoza la definición del primer juicio de la megacausa por los abusos sexuales y corrupción de menores hipoacúsicos cometidos por sacerdotes y personal del Instituto Antonio Próvolo, que golpeó con fuerza a la Iglesia y repercutió en todo el mundo.

Con esta decisión del Tribunal Penal Colegiado número 2, integrado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, se evitó el vencimiento de la prisión preventiva de los imputados, debido a que se cumplieron los tres años estipulados por ley, desde la primera denuncia el 26 de noviembre del 2016.

Una decena de víctimas se hizo presente ayer para escuchar el histórico fallo y poder mirarles por última vez la cara a quienes los vejaron en sus noches de pupilos en el colegio de La Carrodilla, en Luján de Cuyo, conocido como “La Casita de Dios”, entre 2007 y 2016.

Horacio Hugo Corbacho Blanck fue condenado a 45 años de prisión. Foto: AFP
Horacio Hugo Corbacho Blanck fue condenado a 45 años de prisión. Foto: AFP

Todos cruzaban los dedos para que los curas Nicola Bruno Corradi Soliman (83) y Horacio Hugo Corbacho Blanck (59), además del jardinero Armando Ramón Gómez Bravo (49), acusados de cometer 25 hechos de abuso sexual simple, agravado y corrupción de menores, recibieran el duro castigo. De esta manera, los magistrados determinaron, primero, condenar a Corbacho a la pena de 45 años de prisión. A continuación, condenaron a Corradi a 42 años de prisión. Gómez Bravo recibió 18 años de prisión.

En todos los casos, se leyeron cada uno de los hechos que les endilgaban; sólo en pocos episodios fueron “absueltos” por el beneficio de la duda.

Fallo contundente.

El del Instituto Próvolo es uno de los casos más contundentes de cómo funcionaba la política de traslados mediante la cual muchas veces la Iglesia ocultó a los curas abusadores. La investigación de la Justicia de Mendoza se suma a las de La Plata y Verona (Italia), las otras sedes del Instituto, donde también hay acusaciones de abuso.

En el Próvolo también se potencian el resto de las características del sistema habitual de abuso y ocultamiento: selección de víctimas indefensas (en este caso, incluso imposibilitadas de hablar para denunciar lo que les hacían) y advertencias obviadas por las autoridades eclesiásticas.

Corradi estuvo hasta 1969 en el Próvolo de Verona. Allí se registraron las primeras denuncias de abusos. “Había que elegir, ‘a tu casa’ o ‘a América’”, dice Eligio Piccoli, otro de los curas acusados, en una cámara oculta del sitio italiano Fanpage.it. Piccoli fue confinado a una vida de plegarias. Corradi, en cambio, cruzó el océano. Según consta en la causa, llegó a la Argentina el 31 de enero de 1970. Estuvo en la sede del instituto de La Plata, donde se lo investiga por denuncias de abuso, hasta marzo de 1997. En esa fecha fue trasladado a la flamante sede Mendoza del Próvolo, donde fue su director.

Víctimas y familiares celebran el histórico fallo judicial en Mendoza. Foto: AFP
Víctimas y familiares celebran el histórico fallo judicial en Mendoza. Foto: AFP

En las puertas del palacio judicial, luego de la lectura de la sentencia, hubo una suelta de globos, mirando hacia el cielo. La decisión del tribunal se convirtió en sentimientos de “satisfacción, no felicidad”, como contaron las víctimas. Con lágrimas en los ojos, se fundían todos en abrazos. Incluso, los abogados querellantes y los representantes del Ministerio Público Fiscal no pudieron contener la emoción, y rompieron en llanto.

“Es muy difícil separar lo personal, lo que se siente. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, demostrando el horror con pruebas. Ha sido una causa muy compleja, que tomamos con gran compromiso, y recibimos gran apoyo de nuestros superiores”, contó con los ojos llenos de lágrimas, Gustavo Stroppiana, el fiscal que lideró toda la instrucción de la causa, quien reconoció que desde la Iglesia jamás le dieron el resultado de la investigación canónica.

Horror en sociedad, dice el Arzobispado

“Ha sido una causa muy compleja, que tomamos con gran compromiso, y recibimos gran apoyo de nuestros superiores”, contó, con los ojos llenos de lágrimas, Gustavo Stroppiana, el fiscal que lideró toda la instrucción de la causa, quien reconoció que desde la Iglesia jamás le dieron el resultado de la investigación canónica.

Por su parte, tras conocerse el veredicto judicial, el arzobispado de Mendoza salió a expresarse, esta vez poniéndose al lado de los damnificados. “Como Iglesia, queremos trasmitir una vez más nuestra solidaridad y cercanía a las víctimas y sus familias, quienes han denunciado haber sufrido las más aberrantes vejaciones. Lo que han relatado estas personas ha horrorizado a toda la sociedad mendocina. Así lo hemos experimentado en nuestras comunidades cristianas. Todos nos hemos sentido desconcertados y dolidos”, indicaron.

Entre las acciones que solicitó el tribunal, que deberán poner en marcha los organismos oficiales, se destacan: brindar tratamiento psicológico y psiquiátrico gratuito a las víctimas por el tiempo que sea necesario a “fin de lograr la efectiva recuperación”.

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