El 2021 fue el año de más riesgos para proteger los derechos humanos en Nicaragua, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

“Desde el Cenidh podemos asegurar que hubo más riesgos que en años anteriores”, destacó la ONG. Esto se debió a la destrucción y cierre total de los espacios para la denuncia formal de los derechos humanos, a través de los recursos que las leyes establecen, según informó.

“Los nicaragüenses nos quedamos sin protección en nuestro propio país, como si se tratase de una gran cárcel, donde únicamente impera el terror y la opresión”, dijo la organización.

Al igual que el Cenidh, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnud) y Amnistía Internacional (AI) han señalado al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de violar los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avaló un informe presentado en noviembre pasado por 15 organizaciones humanitarias de Nicaragua en el que se afirmó que en el país “se cometen crímenes de lesa humanidad en el marco de un terrorismo de Estado y de un Estado Policial de Excepción”.

El 2021 “fue un año de persecución sistemática y encarcelamiento de dirigentes políticos sociales, empresariales, campesinos, universitarios, defensores de derechos humanos, periodistas, incluidos siete opositores y precandidatos presidenciales. Un año de farsa electoral. Un año en que la destrucción de la institucionalidad”, subrayó el Cenidh.

Datos avalados por la CIDH indican que en Nicaragua hay al menos 160 “presos políticos”, incluyendo más de 40 capturados en el contexto de las recientes elecciones generales, entre estos siete aspirantes a candidatos la Presidencia por la oposición, en un proceso en el que Ortega obtuvo otra reelección.

En su informe sobre 2021, el Cenidh indicó que este año brindó 951 atenciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos, 696 seguimientos de casos, 255 nuevas denuncias, y 15 defensas jurídicas.

El país cerró el 2021 con un sangriento balance de 96 masacres registradas por la ONG Indepaz, que lleva el conteo de matanzas, con decenas de líderes comunitarios y exguerrilleros que dejaron las armas asesinados.

Según la organización, 335 personas murieron en esos episodios, que define como ataques donde fallecen tres personas o más en estado de indefensión y a manos de un mismo agresor. Los dos últimos casos sucedieron el jueves y fueron registrados por Indepaz este viernes, en la víspera de Año Nuevo.

En la masacre número 96 identificada por la ONG, un concejal de Guamal, Magdalena (noroeste), murió junto a dos de sus familiares. En ningún caso se ha identificado al victimario. En varias regiones de Colombia hacen presencia grupos herederos de los paramilitares de ultraderecha que se desmovilizaron en 2006, además de fracciones del ELN, la última guerrilla reconocida del país.

Aunque el proceso de paz firmado en 2016 entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno redujo la tasa de homicidios, estructuras que se disputan el control de amplios territorios siguen generando violencia. En 2021 Indepaz también registró el asesinato de al menos 48 excombatientes de las FARC que se reintegraron a la vida civil.

Para la ONU y varias organizaciones sociales, el asesinato de los exrebeldes desarmados es uno de los mayores riesgos para la implementación del acuerdo. La ONG Human Rights Watch estimó en octubre que Colombia registraba un número de masacres “similar” al de antes de la firma de la paz.