DENUNCIA

Amnistía Internacional reclama a Nicaragua “poner fin a su estrategia represiva”

"La crisis de derechos humanos en Nicaragua, provocada por el Gobierno de Daniel Ortega desde abril del 2018, persiste", apuntó la organización.

Protestas en Nicaragua contra el régimen de Daniel Ortega. Foto: AFP
Protestas en Nicaragua contra el régimen de Daniel Ortega. Foto: AFP (Archivo).

Amnistía Internacional (AI) instó al Gobierno de Nicaragua a “poner fin a su estrategia represiva” que mantiene desde el 18 de abril de 2018 contra las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

En un comunicado, la directora para las Américas de la organización, Erika Guevara-Rosas, dijo que “como consecuencia de su estrategia de represión, decenas de miles de personas están en el exilio, incluidas personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

“La comunidad internacional debe tener claro que la crisis de derechos humanos en Nicaragua, provocada por el Gobierno de Daniel Ortega desde abril del 2018, persiste, y que las autoridades no han mostrado ninguna voluntad de garantizar el ejercicio de derechos de la población”, apuntó.

Por ello, la organización lanzó la campaña “Lo que dejamos atrás: huyendo de la represión en Nicaragua” que pretende denunciar las violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en Nicaragua.

“Con esta campaña, urgimos al Gobierno nicaragüense a cesar la represión, liberar inmediata e incondicionalmente a quienes mantiene en detención exclusivamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y garantizar que las valientes personas defensores y periodistas puedan trabajar en un entorno propicio y seguro, sin temor a sufrir represalias”, dijo Guevara-Rosas.

En el comunicado, la organización insiste en que los organismos internacionales de derechos humanos dan cuenta que más de 80.000 personas se han visto forzadas a salir de Nicaragua en el contexto de la actual crisis.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651. El Gobierno reconoce 200 muertos y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado contra Ortega.

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