Toda la presión sobre los alcaldes para bloquear la consulta.

El gobierno de España desplegó ayer jueves todo su arsenal contra el referéndum de independencia del 1° de octubre en Cataluña.

Denunciando un "intolerable acto de desobediencia" en Cataluña, el presidente Mariano Rajoy impugnó ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de la consulta, pidiendo su nulidad. A la espera de que el alto tribunal decida, Rajoy explicó que su gobierno pide la suspensión cautelar del referéndum, así como de la ley que lo permite y de la autoridad electoral recién creada por la dirigencia catalana.

En una comparecencia ante la prensa ofrecida tras dirigir un consejo de ministros extraordinario, Rajoy apeló a los casi 950 alcaldes catalanes, informándoles que tienen el "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referendo". Los alcaldes se están convirtiendo en un elemento clave, al tener en sus manos el poder de decidir si el 1° de octubre abren centros para permitir la votación.

El presidente del gobierno regional catalán, el independentista Carles Puigdemont, les ha enviado una carta en la que les pide que en 48 horas notifiquen los espacios de que disponen para celebrar la consulta. La misiva destaca que la ley sobre el referéndum, aprobada el miércoles en una acalorada sesión, establece un "régimen jurídico excepcional", superior a cualquier otra legislación, incluyendo la Constitución española.

Aparte de la vía judicial, Rajoy salió a mostrar los apoyos políticos con que cuenta frente al desafío soberanista catalán. Así, se reunió ayer con el líder de la oposición socialista (PSOE), Pedro Sánchez, y con Albert Rivera, líder del partido centrista Ciudadanos.

En tanto, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea.

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