Juez aliado a Ortega

Un organismo humanitario nicaragüense y un ex juez expresaron ayer domingo su preocupación ante la posibilidad de una nueva guerra civil en Nicaragua.

La advertencia fue hecha por Rafael Solís, padrino de bodas del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, quien en una carta de renuncia a la Corte Suprema de Justicia avisó que "las posibilidades de una nueva guerra civil en el país, que nadie desea, se verán ahora más cercanas que nunca".

"Lo que nos preocupa, y debería preocuparnos a todos los nicaragüenses, es cuando (Solís) señala que este Gobierno no tiene voluntad de diálogo y que más bien lo que está tratando es de crear una guerra civil", alertó el director ejecutivo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.

"Esto sí nos preocupa porque aún tenemos la esperanza de que el Gobierno escuche no solo los planteamientos de los nicaragüenses, sino la voz del papa Francisco, de la UE y de la OEA, que han hecho énfasis en el diálogo", continuó.

Solís, considerado un operador político del sandinismo en el Poder Judicial, señaló en su carta de renuncia que le queda claro que Ortega y Murillo "van por el camino" de una nueva guerra civil en Nicaragua.

El ahora exjuez argumentó que "ante un Ejército que por alguna razón no ha desarmado a los grupos armados" al servicio del Gobierno, "también es lógico esperar que los grupos de oposición van a buscar armarse y el país va a retroceder 40 años".

Carmona, por su parte, observó que Solís estuvo "dentro de las entrañas" del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por 43 años "y conoce muy bien el funcionamiento" de ese partido, por lo que su advertencia debe ser motivo de preocupación.

Solís fue uno de los jueces que declaró en octubre de 2009 "inaplicable" el artículo de la Constitución que impedía la reelección presidencial continua, lo cual allanó el camino para que Ortega optara a la reelección en los comicios de 2011 y luego en 2016.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales.