Un país desgarrado

Indicadores económicos y de violencia marcan un deterioro de la situación.

Falta de alimentos y medicamentos; hiperinflación descontrolada; delincuencia y violencia en las calles; éxodo masivo de los más jóvenes. La situación en Venezuela se agrava cada vez más, en medio de la incapacidad del régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a esta situación.

Algunos indicadores hablan por sí solos. La ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registró 26.600 homicidios en 2017, una tasa de 89 por cada 100.000 habitantes, 15 veces mayor al promedio mundial. Esto da que cada hora tres personas mueren violentamente en el país.

"Los venezolanos toman medidas cotidianas sustentadas en el miedo o el deseo de protegerse. Se adaptan a la situación de inseguridad, pero eso implica pérdida de libertad", explicó a AFP Roberto Briceño, director del OVV.

"La violencia en Venezuela durante el año 2017 estuvo asociada al notable deterioro en la calidad de vida del venezolano y a la disolución sistemática del Estado de Derecho como el mecanismo regulador tanto de las relaciones sociales como del acceso a los bienes materiales y al poder", señaló esta organización cuando presentó su informe de 2017.

Un año después nada ha cambiado. Ayer lunes la principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, aseguró que no ve mejorías a la crisis del país tras casi tres meses del plan de "recuperación" económica implementado por el presidente Maduro, pues aseguró que el "déficit fiscal ha seguido" y la liquidez monetaria aumenta hasta 25% "semanalmente", dijo el presidente de la patronal, Carlos Larrazábal, en una entrevista al canal privado Globovisión.

Larrazábal rechazó el argumento del régimen que atribuye la crisis al sector privado. Esta situación, dijo, comenzó con las expropiaciones y los "ataques" a las empresas que se iniciaron durante el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). "Esa es una de las causas fundamentales, el ataque a la empresa privada y la persecución a la libre iniciativa", dijo al tiempo que manifestó que los empresarios lo que desean es que "se corrija la crisis económica para que la economía pueda fluir normalmente".

Hoy martes, se cumple el plazo que dio Maduro para que los venezolanos se adaptaran al "plan de recuperación económica y prosperidad", un período en el que además prometió conseguir el "equilibrio" de los precios en medio de la hiperinflación que atraviesa el país. Este plan —que devaluó la moneda en 95,8%, le quitó cinco ceros al bolívar, controló los precios y aumentó salarios e impuestos— ha sido el mayor paquete de ajustes económicos de Maduro desde que asumió la Presidencia en 2013.

Con este programa, Maduro dijo querer resolver varios problemas, entre ellos el desabastecimiento y la inflación, que según el Parlamento es de 3% diaria. Economistas y analistas advirtieron desde el pasado agosto, cuando Maduro tomó estas decisiones, que las medidas estaban incompletas, pues aseguraban que ninguna servía para frenar la hiperinflación.

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) son de un escenario de catástrofe: la hiperinflación en Venezuela alcanzará la inimaginable cifra de 10.000.000% en 2019

Para peor, ayer lunes los aduaneros venezolanos alertaron que las importaciones de fin de año cayeron 98% con respecto a 2012, cuando hubo "un pico" en el ingreso de mercancías. "Todo lo que tiene que ver con la recepción de los materiales que vienen para la fiesta navideña está brillando por la ausencia, por la baja de las importaciones que raya en un 98% de caída en relación al año 2012", dijo en entrevista con una radio local el presidente de la cámara de aduaneros del estado de Vargas, Rusvel Gutiérrez.

La desesperación entre los venezolanos también se refleja en el exterior entre los que se vieron obligados a exiliarse por motivos económicos o políticos. Ayer martes un grupo de venezolanos reubicados por las autoridades colombianas en un campamento para inmigrantes en Bogotá se enfrentaron entre ellos y con la Policía por la repartición de alimentos.

En varios videos difundidos en redes sociales se ve a un grupo de venezolanos golpeando con palos a una persona e incluso uno de ellos amenaza con un cuchillo a otra. Ese campamento fue instalado la semana pasada cuando la Alcaldía de Bogotá reubicó a los inmigrantes que habían acampado cerca de la terminal de autobuses.

Según datos de la ONU, cerca de 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país ante la crisis, de los que cerca de un millón se han asentado en Colombia. Además, 35.000 cruzan cada día la frontera común, algunos en busca de un futuro mejor y otros para comprar bienes de primera necesidad. La ONU y otros organismos como la OEA proyectan que a fin de año se llegará a 3 millones de exiliados.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio solicitó ayer lunes al secretario general de la Interpol, Jurgen Stock, que emita una "alerta roja" con el fin de capturar al "sujeto" Nicolás Maduro. Esta es la solicitud definitiva a Interpol, pues hace meses hubo un pedido de "alerta roja" de la exfiscal general Luisa Ortega. En una carta a Stock, el presidente de la Sala Plena del Tribunal Supremo en el exilio, Miguel Ángel Martín, pide ahora la incorporación de Maduro "en los registros de datos y publicación de Alerta Roja, a los efectos de la cooperación internacional en materia de delitos comunes para la aprehensión del mencionado sujeto". En la carta se incluye la "ficha" de Maduro, al que este tribunal formado por 25 magistrados nombrados por la Asamblea Nacional venezolana, todos ellos exiliados, considera destituido como presidente. En el apartado "nacionalidad" la ficha señala que "dice ser venezolano" y en el de lugar de nacimiento indica "dice ser nacido en Caracas". El Tribunal Supremo en el exilio juzgó este año en ausencia desde Bogotá a Maduro por "corrupción propia y legitimación de capitales" en un caso vinculado al escándalo de la constructora Odebrecht. Maduro fue condenado a 18 años y tres meses de cárcel. "Conforme a la Constitución y las leyes de nuestro país, el señor Maduro Moros ha quedado formalmente destituido de su cargo de Presidente de la República", anunció este tribunal cuando publicó la sentencia definitiva a fines de octubre. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio se instaló en octubre de 2017 en la sede de la OEA, en Washington; sus 25 jueces están hoy repartidos por Estados Unidos, Chile, Colombia y Panamá. (EFE)