Revelan que el promedio de falta de alimentos básicos es de 82,8% y prevén suba de precios del 450%; el clima político en Venezuela es de alta tensión.

Mientras la oposición mantiene sobre la mesa la necesidad de que se active el referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, para solucionar los problemas del país, y el gobernante insiste en denunciar que desde España hay una campaña destinada a promover una invasión extranjera, la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos esenciales se agudiza y la crisis económica sigue golpeando todos los días a los habitantes de Venezuela.

La escasez de productos básicos supera el 80%, de acuerdo con datos recogidos en abril por la firma encuestadora Datanálisisy difundidos el viernes pasado por su presidente, Luis Vicente León. "Hay un nivel de escasez en Caracas que en el año 2016 promedia 82,8%", dijo León durante un encuentro con periodistas y aclaró que "Caracas es la ciudad más abastecida del país".

El economista indicó que el llamado "desabastecimiento en hogares" es menor al registrado en los comercios, pero advierte que durante la última medición "se disparó" ese índice, debido a un empeoramiento de la situación económica de un país que es rico en petróleo.

"El proceso de deterioro ha sido exponencial en los últimos dos meses. Estamos viendo el empeoramiento de los índices de una manera impresionante", dijo León. Datanálisis prevé para este año una inflación de 450%, con una caída real del poder adquisitivo de los consumidores de al menos 40 puntos respecto a 2015.

Las últimas cifras oficiales de inflación son de diciembre de 2015 y reportan un alza de 180,9% en los precios, mientras que las cifras de escasez no se han divulgado en varios trimestres.

La combinación de escasez e inflación azota a los venezolanos, registrándose que al menos dos tercios de la población debe recurrir total o parcialmente a la compra en el mercado negro de productos básicos, donde hasta la semana pasada —explica León— los precios superaban hasta 100 veces el valor regulado por el gobierno del presidente Maduro.

"Para una persona común y corriente que no está en el bachaqueo (mercado negro), ir al supermercado es no conseguir el producto", afirma León. "El sobreprecio en el mercado negro ha aumentado drásticamente, —agregó—, y es un factor cuyo impacto no puede ser medido por el Banco Central en la inflación.

Beatriz Medina, una secretaria treintañera atestigua los problemas mientras hace una larga fila para comprar lo que encuentre en un supermercado del este de Caracas. No hay opción de escoger.

"Estoy con mi hija, una bebé de 19 meses, desde las cinco de la mañana y no consigo alimentos. Eso es lo que pasa, que en Venezuela no hay nada", dijo a AFP.

En la barriada popular de Lídice, al oeste de Caracas, medio millar hacen cola para comprar pastas, arroz y aceite. La cola es vigilada por militares de la Guardia Nacional, que también custodian el supermercado y los camiones que llegan con viveres para evitar saqueos o incidentes como han ocurrido en otras ciudades. La fila de compradores comienza a varios metros de la entrada.

"A mi hija no la someto a que haga cola, porque prefiero morir yo y no ella. El gobierno nos tocó el estómago y cuando nos tocan el estómago, ahí ya uno comienza a reaccionar", señaló la anciana Miriam Martínez, mientras descansaba en la entrada de otro supermercado.

La percepción de los venezolanos es que la actual crisis de abastecimiento es responsabilidad del gobierno. Según la encuesta, el 86% de los consultados culpa a Maduro o su gabinete por la situación del país.

El presidente Maduro alega que existe una conspiración de empresarios que llama "guerra económica", que unida a la debacle de los precios del petróleo —del cual Venezuela obtiene 96% de sus divisas— han causado la severa crisis.

No obstante, Datanálisis indica que 71,8% de los venezolanos considera "poco o nada creíble" la supuesta guerra económica.

Venezuela, un país de 30 millones de habitantes, importa la mayor parte de lo que consume, por lo que Maduro se ha enfocado en un plan para recuperar la producción y superar el "rentismo petrolero".

El salario mínimo es de 15.051 bolívares y con un subsidio del gobierno para casi todos los trabajadores se eleva a 18.600 bolívares. Pero, sin importar como se gaste, difícilmente alcanza para vivir. Bajo la rígida tasa de cambio oficial —de 10 bolívares por dólar— el salario mensual equivale teóricamente a 1.500 dólares. Pero, esta tasa está reservada para la importación de bienes básicos, como alimentos y medicamentos.

El panorama adverso de Venezuela se completa con la situación de alta tensión política permanente entre el gobierno y las fuerzas de la oposición reunidas en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La alianza opositora sigue impulsando un referéndum para poner fin al mandato de Maduro, porque entiende que es la manera de solucionar los problemas del país. El viernes, la MUD aseguró que este es el mecanismo para terminar con el desbalance de poder y esclarecer las dudas sobre la nacionalidad de Maduro. La plataforma de partidos ha pedido al presidente su documento de nacimiento por tener la certeza de que éste tiene nacionalidad colombiana.

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, criticó una sentencia del Supremo Tribunal publicada en la Gaceta Oficial que establece que "ante el supuesto de que una persona ostente múltiples nacionalidades y una de ellas sea la venezolana, será ésta la que tenga prevalencia".

Torrealba dijo: "Hay que cambiar el contexto de este desbalance de poderes, estos Poderes Públicos que en vez de cumplir y hacer cumplir la Constitución, están alcahueteando a quien la viola. Eso hay que cambiarlo y el mecanismo es el referéndum revocatorio". Agregó que "desgraciadamente la situación no es probar la nacionalidad de Maduro para que salga del cargo", sino por el contrario, "hay que sacarlo del cargo para poder probar que esta situación es anómala".

Cuando faltan pocos días para que se cumpla un mes de que la MUD entregó 1.8 millones de firmas de ciudadanos que apoyan el referéndum revocatorio a la sede del Consejo Nacional Electoral, la oposición aún espera que el organismo informe cuándo se pasará a la segunda etapa que active el mecanismo. El dirigente opositor Henrique Capriles, dijo que si el Poder Electoral no ofrece una respuesta esta semana, la reclamará.

La legislación establece que un funcionario designado mediante elección popular puede ser revocado tras cumplir la mitad de su gestión, momento que Maduro superó en abril. Pero si el jefe de Estado cumpliera las dos terceras partes de su mandato, al ser revocado, el vicepresidente asumiría en su lugar.

Delegaciones del gobierno y la oposición de Venezuela se reunieron en Punta Cana, República Dominicana con la presencia de los ex presidentes José L. Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana). Estados Unidos expresó su apoyo al diálogo a través del secretario de Estado, John Kerry, que analizó la búsqueda de una solución con Rodríguez Zapatero. La semana pasada, Maduro respaldó la apertura de las conversaciones.

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