La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) advirtieron ayer al Gobierno de Venezuela que no debe hostigar a los defensores de los derechos humanos.

La CIDH emitió una medida cautelar por la que insta a Caracas a proteger la vida del activista venezolano Marco Antonio Ponce, y denunció que él y otras cinco personas que viajaron a EE.UU. para hablar ante este organismo fueron sujetos a "intimidación" por "altas autoridades del Estado".

En una resolución, CIDH insta al Gobierno venezolano a adoptar "las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal" de Ponce, activista del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVC).

Además, la CIDH expresó su "alarma" por los "actos de intimidación" a Ponce y otros cinco venezolanos que hablaron esta semana en las audiencias del organismo en Washington, y que han sido señalados por ello por "altas autoridades del Estado", incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Por su parte, Human Rights Watch denunció el "hostigamiento y descrédito del Gobierno venezolano contra defensores de derechos humanos", en particular referencia al caso de Marco Antonio Ponce.

La organización, con sede en Nueva York, aseguró en un comunicado que los defensores de los derechos humanos en Venezuela "son habitualmente acusados sin fundamentos de participar en actividades para desestabilizar al Gobierno".

En concreto, cita a Ponce y a Alfredo Romero, del Foro Penal Venezolano, que han sufrido "represalias por su legítima labor".

Además, HRW habló de opositores que participaron en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o acudieron a organismos de derechos humanos de Naciones Unidas.

La información estatal venezolana definía a los defensores de derechos humanos como personas "de extrema derecha" y se decía que viajaban a Washington y Miami "para conspirar contra el Gobierno de Venezuela".

HRW apela al derecho internacional y asegura que, según este, "los gobiernos deben asegurar que los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades sin represalias, amenazas, intimidación, hostigamiento, discriminación u obstáculos legales innecesarios".

CIDH insta a proteger la vida del activista Marco Antonio Ponce