Los hay de varios partidos, implicados por los exdirectivos de Odebrecht.

Tres años después de que la policía irrumpiera en una gasolinera brasileña, siguiendo el rastro de negocios ilegales de cambio, "la Operación Lava Jato" se ha convertido en uno de los mayores casos de corrupción de la historia, con ramificaciones en decenas de países. La pista condujo a la estatal Petrobras, donde se reveló una confabulación entre el primer nivel político y grandes empresas para desviar dinero público. La constructora Odebrecht exportó luego un esquema similar a América Latina y África.

En base a confesiones de 77 exejecutivos de esa empresa, que reconoció sus delitos y pagará al menos 3.500 millones de dólares en multas, la fiscalía brasileña pidió ayer martes abrir 83 investigaciones adicionales contra políticos con fueros (principalmente ministros y legisladores). Hay otras 237 indagaciones, según la Fiscalía, que abarcan a políticos hoy sin fueros, o personas ajenas a la actividad política.

El esquema consistía, según la fiscalía, en "empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campañas".

Se tramita en tres ámbitos:

1) En el juzgado de Sergio Moro, que procesa a políticos, exdirectivos de Petrobras, empresarios y operadores de cambio. Las condenas emitidas ya suman más de 1.300 años de cárcel. Es también el ámbito de actuación de los fiscales que acusaron al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) de ser el "comandante" de la red fraudulenta y donde fue condenado a casi 20 años de cárcel Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa que lleva su apellido. Además de Odebrecht, hay otras nueve empresas de construcción implicadas.

2) El Supremo Tribunal Federal (STF) se ocupa de funcionarios federales con fuero. Las investigaciones son realizadas por el fiscal Rodrigo Janot. Por ahora aceptó cinco denuncias: contra la senadora Gleisi Hoffmann y el diputado Vander Loubet, ambos del Partido de los Trabajadores (PT); el diputado Nelson Meurer, del Partido Progresista (PP); el senador Valdir Raupp, (PMDB), aliado del presidente Michel Temer; y Eduardo Cunha (PMDB), expresidente de Diputados, preso desde octubre pasado.

3) El Superior Tribunal de Justicia (STJ) instruye causas de funcionarios regionales (gobernadores o integrantes del Tribunal de Cuentas de la Unión, que audita al Estado) y tramita apelaciones ya denegadas en instancias inferiores.

La corte suprema tenía ya en sus manos 85 investigaciones sobre funcionarios federales, y ahora tiene que resolver sobre los 83 nuevos pedidos.

Un estudio de la Policía Federal indicó que el perjuicio total por el fraude asciende a 42.000 millones de reales (unos 13.500 millones de dólares) solo en Brasil.

Según medios brasileños, los políticos que se beneficiaron de la red de corrupción en Petrobras pueden superar el centenar y pertenecen a cerca de una decena de partidos. Entre ellos figurarían al menos dos de los más cercanos ministros del presidente Michel Temer, a quien el escándalo también pudiera salpicar directa o tangencialmente, ya que él mismo ya ha reconocido que negoció donaciones para campañas electorales con el grupo Odebrecht, aunque sostiene que "todo dentro de la legalidad".

La situación parece más comprometida para el minis-tro de la Presidencia, Eliseu Padilha, una suerte de "mano derecha" de Temer, quien habría negociado con Odebrecht una financiación ilegal para campañas del PMDB.

Entre otros posibles sospechosos estaría el nuevo canciller, Aloysio Nunes, quien asumió el cargo la semana pasada en lugar de José Serra y como él pertenece al PSDB.

La información dada por los exdirectivos de Odebrecht pudiera complicar aún más la situación judicial del expresidente Lula, que ya responde como reo en cinco causas penales, cuatro de ellas asociadas directamente a Petrobras.

Asimismo, salpicaría a por lo menos una decena de los 27 gobernadores que tiene el país. De hecho, en círculos políticos de Brasilia, se asegura desde hace meses que el fiscal Janot anticipó a sus allegados que la investigación sobre los testimonios de Odebrecht supondría "el comienzo del fin del mundo" en la política brasileña.

En este marco, Lula fue a declarar ayer en un juzgado de Brasilia y denunció una "masacre" mediática, que según sus partidarios busca impedir que se presente a las elecciones de 2018. El líder histórico del PT llegó al tribunal poco antes de las 10 de la mañana, donde fue aclamado por un puñado de simpatizantes, y sa- lió del mismo modo una hora después.

Según la acusación, Lula habría intentado comprar el silencio del exdirector del área Internacional de Petrobras Nestor Cerveró, que se aprestaba a firmar un acuerdo con la justicia y proporcionar detalles sobre el funcionamiento del esquema de sobornos en la petrolera.

En su declaración ante el juez Ricardo Leite, Lula se identificó como "tornero mecánico" de profesión y se dijo víctima de una "masacre" en los medios. "¿Sabe lo que es levantarse todos los días pensando que la prensa está en la puerta de mi casa porque voy a ser encarcelado?", afirmó.

El próximo 3 de mayo debe comparecer en Curitiba ante el juez Sergio Moro.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, negó ayer martes conocer un aporte de Odebrecht a su campaña en 2010, luego de que un miembro de su equipo admitiera aportes de la constructora brasileña. "No autoricé ni tuve conocimiento de que esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña", señaló el mandatario en un video publicado en su cuenta en Twitter. Visiblemente molesto, Santos pidió "a las autoridades competentes" que "sancionen a los responsables de cualquier acto de corrupción", a la vez que lamentó lo ocurrido. "Pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar", agregó.

Momentos antes, Roberto Prieto, ejecutor de recursos de la campaña que llevó a Santos por primera vez a la Presidencia y luego jefe de campaña para su reelección en 2014, había reconocido que Odebrecht financió propaganda del actual mandatario en la contienda de 2010. "A mí me dijeron Hay que contratar dos millones de afiches y digo: ¿Quién paga eso?, Lo paga Odebrecht, mándele la factura a Odebrecht y eso fue lo que yo hice", dijo Prieto a Blu Radio. "Se lo tengo que decir honestamente: eso fue una operación irregular (…), una operación irregular donde el presidente no tuvo nada, absolutamente nada que ver", precisó.

En febrero, el fiscal general, Néstor Martínez, anunció la apertura de una investigación sobre el presunto ingreso de un millón de dólares a la campaña para reelegir a Santos en 2014, procedente de un soborno al exsenador Otto Bula, detenido por supuestamente haber recibido dinero de Odebrecht para que se le adjudicara una obra pública. Entonces, el mandatario colombiano dijo que "no existe" prueba de que ese dinero haya ido a parar a su campaña y ayer martes Prieto recalcó que para la contienda de 2014 no recibió recursos de "ninguna empresa".

Por los sobornos de Odebrecht, en Colombia también fue capturado el viceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), Gabriel García, quien se declaró culpable de haber recibido 6,5 millones de dólares.

VIDEOAfP, EFE