Amplio apoyo político al cambio de órbita para los fiscales

Votaron Fiscalía General descentralizada

El proyecto de ley que establece la creación de la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado fue votado prácticamente por unanimidad en la Cámara de Representantes (83 en 84 votos), y pasó al Senado.

Esta institución, que ejercerá el Ministerio Público y Fiscal, viene a sustituir a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

La salida del Ministerio Público y Fiscal de la órbita del MEC ha sido una antigua aspiración de muchos operadores del sistema judicial, que consideran negativo que el servicio dependa administrativamente como hasta ahora del Poder Ejecutivo.

"La aprobación del proyecto permitirá a las fiscalías contar con independencia técnica y de manejo de rubros", sostuvo en su informe al plenario de Diputados el representante oficialista Pablo González (lista 711).

Pese a que es un proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo, González destacó que recibió aportes de todos los partidos cuando pasó por la comisión, lográndose así amplio apoyo político.

Quien no lo votó fue el diputado de la Unidad Popular (UP) Eduardo Rubio, que explicó en sala que piensa que la ley le dará una excesiva autoridad al director de la Fiscalía, lo cual afectará la independencia del trabajo del resto de los fiscales.

Según el miembro informante, el proyecto original recibió aportes de diversos organismos interesados como la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la Asociación de Fiscales y docentes de Derecho Público, entre otras, "todas mayoritariamente coincidentes en que estamos ante un proyecto de ley que avanza en esta materia", dijo González.

"El proyecto es adecuado a las normativas institucionales y a las constitucionales", subrayó González.

Según establece el proyecto, el futuro director general será el actual Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Jorge Díaz, quien continuará en el cargo. La ley dispone que cuando se necesite designar un director nuevo lo hará el Poder Ejecutivo previa venia del Senado otorgada por 3/5 de miembros, tal como señala el artículo 168 de la Constitución.

El cargo será ejercido por diez años.

El nuevo órgano será autárquico o extrapoder como lo son el Tribunal de Cuentas; la Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En la sesión de la Cámara no hubo debate dado que todos los partidos, menos la UP, apoyaron el proyecto. Hablaron a favor los nacionalistas Pablo Abdala y Gerardo Amarilla, el frenteamplista José Carlos Mahía, y el independiente Daniel Radío, entre otros.

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