Todo un juzgado será citado si Fiscalía avala la denuncia.

A pedido del fiscal Carlos Reyes, la jueza penal de 8° Turno, Graciela Eustachio, envió al Juzgado de 7° Turno la denuncia de una empresaria sobre que hubo tres alteraciones en un acta de un acusado de cometer estafas en el marco del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt. El acusado, Roberto Charlo, declaró in extremis y vinculó al exdirector del Plan de Vivienda Sindical, Eduardo Burgos, de ser al mismo tiempo socio de alguna de las empresas que contrataban a constructoras para edificar miles de viviendas para trabajadores.

Ese expediente se abrió porque "se denuncia un hecho nuevo", dijo un operador judicial.

Como la denuncia involucra eventuales irregularidades en la transcripción de un acta en el Juzgado de 8° Turno, Eustachio lo de-rivó a la jueza de 7° Turno, Adriana de los Santos. La magistrada pasó el expediente al fiscal para que decida si se iniciará o no una investigación. En caso de que el fiscal considere que amerita investigar lo denunciado, serán citados todos los funcionarios del Juzgado Penal de 8° Turno.

El 15 de junio de este año, Eustachio procesó a Milton Díaz, socio de Charlo, por millonarias estafas a empresarios interesados en el Plan de Vivienda del Pit-Cnt.

El 28 de agosto pasado, la abogada de una empresaria de Rocha presentó una denuncia penal por considerar que, en el expediente que investiga posibles ilícitos en el marco del Plan de Vivienda Sindical, se alteraron pasajes claves de una declaración de un acusado. En caso de que se investigue el ilícito y se pruebe el mismo, se trataría de un fraude procesal inusual en la historia de la Justicia uruguaya.

Una copia de la denuncia, a la que accedió El País, señala que existieron "modificaciones" al transcribir el original de las declaraciones de Roberto Charlo —hoy fallecido— efectuadas el 5 de mayo de 2016.

La abogada de la empresaria de Rocha advierte a la jueza Eustachio que la frase "éramos Milton Díaz, yo y Burgos integraba la sociedad" fue "eliminada" al transcribir "alterando la respuesta", "vulnerando su fidelidad" y "eliminando una información fundamental sobre Burgos que lo sitúa en una posición determinante en la ejecución de los actos objeto de esta denuncia". Las sociedades anónimas creadas por Charlo, Díaz y Burgos —según el testimonio del acusado fallecido— contrataban a empresas para edificar casas para trabajadores a cambio de "una donación" de US$ 300.000.

PLAN DEL PIT-CNT