LOS GESTORES Y LAS ESTAFAS

Vivienda sindical: investigan convenio entre BHU y el Pit

Fiscal Reyes analiza expediente y pedirá citaciones de dirigentes sindicales.

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En varias ocasiones, trabajadores se movilizaron para protestar por atrasos. Foto: Archivo

La investigación sobre ilícitos en el marco del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt apuntará al contrato firmado entre el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la central obrera, la que carece de personería jurídica para firmar ese tipo de documento.

Dicho acuerdo fue uno de los insumos utilizados por dos gestores para solicitar dinero por adelantado a empresarios con la promesa que, con la financiación del BHU y el respaldo del Pit-Cnt, se iban a construir 15.000 viviendas para trabajadores. Sin embargo, esas casas no se construyeron.

El 13 de junio pasado, la jueza penal Graciela Eustachio procesó con prisión por reiteradas estafas al gestor e integrante de la empresa Vivamax, Milton Díaz, un exmilitante de izquierda. Con los anticipos de dinero que solicitaba, Díaz no adquirió terrenos para las viviendas, como se había comprometido con los inversores, y tampoco los devolvió. El otro gestor acusado, Roberto Charlo falleció en 2016.

El contrato firmado entre el BHU y el Pit-Cnt fue uno de los últimos insumos agregados al presumario y, por ello, será analizado en la etapa de sumario de la investigación, señalaron a El País fuentes del caso.

También se indagará sobre si las autoridades de la época del BHU fueron alertadas o no por la sala jurídica de la entidad sobre la conveniencia de firmar un contrato con una entidad que carece de personería jurídica como el Pit-Cnt.

En este momento, el fiscal Carlos Reyes analiza el expediente, que incluye cuatro denuncias presentadas por empresarios sobre supuestas estafas, y no se descarta convocatorias del exdirector del plan, Eduardo Burgos, así como también de otros sindicalistas.

Una fuente empresarial, que participó en el negocio de las viviendas y fue estafada en US$ 150.000, relató a El País que anteriores jerarcas del Banco Hipotecario tenían vinculaciones con integrantes de un instituto técnico que elaboró el proyecto técnico económico y financiero de 300 cooperativas. Estos técnicos, exmilitantes comunistas, también tenían contactos con directivos del Pit-Cnt.

La fuente, que participó en reuniones con los integrantes del instituto técnico y autoridades del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt, relató que se dividió el mercado de viviendas de trabajadores.

"Por un lado trabajaría el instituto técnico con las cooperativas y por otro lado los dos gestores acusados se quedarían con las casas construidas para trabajadores privados nucleados en el Pit-Cnt", explicó el empresario.

A mediados del 2014, la entonces jueza del caso, Fanny Canessa, indagó al excoordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo —hoy secretario general del Partido Comunista—, a Marcelo Abdala, secretario general de la central obrera, y al expresidente del BHU, Jorge Polgar.

En sus preguntas a Castillo, Canessa apuntó al convenio firmado entre el BHU y el Pit-Cnt y al proceso de selección por parte de la central de la empresa Vivamax de los dos gestores, la que se contactaba con los inversores en representación del Pit-Cnt. Es decir, trató de determinar si sindicalistas armaron con el BHU un convenio "a medida" de Vivamax.

Al retirarse del juzgado, Castillo aseguró que la denuncia es "por una causa entre dos empresas privadas". El excoordinador del Pit-Cnt y actual secretario general comunista agregó que "quedó claro que la central sindical no tiene nada que ver".

Castillo reconoció que él firmó el convenio con el Banco Hipotecario "para favorecer el acceso a la vivienda de los trabajadores".

Abdala, por su parte, dijo que la denuncia es por "dificultades entre empresas privadas". Y remarcó: "Obviamente que nuestra central no tiene nada que ver en cosas malas". El sindicalista afirmó que el Pit-Cnt "no es parte de contratos irregulares", y aseguró que ningún dirigente gremial se benefició.

Personería jurídica.

Además de presentar una denuncia en el Juzgado Penal de 8° Turno, cuya titular es la jueza Graciela Eustachio, la empresaria rochense, Susana Nicodella presentó en el Juzgado Civil de 16° Turno una demanda contra el Pit-Cnt por casi US$ 3 millones.

En un escrito. Nicodella señaló: "El Pit-Cnt fue llamado a juicio a través de la citación de los gremios que lo integran, para que pudiera comparecer a estar a derecho. El Pit-Cnt hasta la fecha es una construcción jurídica. Por tanto le está impedido presentarse válidamente a estar a derecho en esta causa por sí, ni otorgar representación y para pleitos, hasta tanto no regularice obteniendo y de ahí en más pueda mandatar conforme a derecho a quien estime conveniente".

La empresaria se asombró de que, con la misma pasión con se pretende demonizarla calificándola de hacer denuncias falaces, los gremios que componen el Pit-Cnt "no entablen sin más trámite" acciones judiciales en contra de los verdaderos responsables del perjuicio y de la estafa que derivó en la citación de autoridades de la central para comparecer en esta causa.

Señaló que el Pit-Cnt tampoco denunció penalmente a los gestores acusados que utilizaron el nombre del movimiento obrero para respaldar su actuar doloso porque "son ellos y no Susana Nicodella" los que perpetraron el daño.

Enseguida agregó: "En lugar de reconocer y hacer una autocrítica, se defienden culpando a la víctima y callan respecto a la deshonestidad y al engaño".

Un programa perfecto que terminó investigado.

El programa de vivienda sindical del Pit-Cnt fue concebido en 2011 como un plan que les permitía a 15.000 trabajadores, nucleados en unas 300 cooperativas, acceder a una casa propia, prefabricada, a pagar en módicas cuotas durante varios años. El BHU a través de un convenio firmado con el Pit-Cnt el 1° de septiembre de 2011, se comprometió a financiar las viviendas. El plan se lanzó el 8 de noviembre de 2011, y en ese entonces se prometió la construcción de miles de casas en no más de tres años.

"Hay un nexo de dependencia entre Pit-Cnt y plan de casas".

En sus descargos ante el escrito de la denunciante Susana Nicodella, el Pit-Cnt alegó que "no existe nexo de dependencia" con el Plan de Vivienda Sindical y los dos gestores acusados de estafas. También advirtió que la central estuvo "absolutamente desvinculada de la totalidad de negocios celebrados en los que se funda la parte actora (Nicodella)".

La demandante, propietaria de una barraca en Rocha, señaló que sí existió un nexo de dependencia porque Eduardo Burgos —un militante comunista— fue nombrado y publicitado en abundancia como el presidente del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt. "Y publicitado en la prensa y a través de la web las firmas de acuerdos con bancos e instituciones financieras para este fin, otorgando así ante terceros y posibles inversores, la certeza del respaldo de un negocio serio y controlado aunque no lo era", agrega el escrito de Nicodella.

Burgos ya no ocupa el cargo de presidente del Plan de Vivienda Sindical.

Nicodella alegó en el Juzgado que el Pit-Cnt y los gremios que lo componen participaron en las maniobras ilícitas a través del "consentimiento sin objeciones" del montaje realizado por los estafadores mediante el cual utilizando un acuerdo marco firmado con el BHU, se firmó el vínculo entre la central obrera, Eduardo Burgos en calidad de presidente del Plan de Viviendas Sindical y Hugo Monza en calidad de presidente y secretario de la Comisión de Viviendas del Pit-Cnt. El domicilio establecido en dicho documento, según la escribana Elsa Ávila, fue Jackson 1283, donde se ubica la sede central del Pit-Cnt, expresa el escrito. Mientras los sindicalistas alegaron su desvinculación de la totalidad de los negocios celebrados por gestores y Nicodella, la empresaria expresó: "La situación descripta (la estafa con cheques y la participación de prestamistas) no los exonera: acredita negligencia culpable, porque la carencia de personería jurídica se extendía a los gremios que integran el Pit-Cnt".

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