Concurrió el exencargado del plan, Eduardo Burgos.

Los dos gestores denunciados en causas por presunta estafa que involucran al plan de vivienda sindical del Pit-Cnt no comparecieron el pasado martes al juzgado de la jueza penal Graciela Eustachio, que tenía previsto carearlos con el dirigente sindical Eduardo Burgos, exencargado del plan.

"Yo estaba citado por la Justicia desde hace un mes y concurrí. Es la tercera vez que comparecemos al llamado de la Justicia y vamos a seguir haciéndolo cada vez que sea necesario para terminar de aclarar todo esto. Los que nunca fueron son los denunciados", dijo Burgos a El País.

Por la ausencia de los dos denunciados el careo no pudo llevarse a cabo. Uno de los gestores, de iniciales R.CH.M., es quien hace un año en Paraguay realizó una declaración voluntaria ante un abogado y una escribana. Allí dijo que el otro gestor actuaba de forma "encubierta" para el Pit-Cnt y que tenían un acuerdo donde parte de las ganancias iban para la central sindical.

Burgos dijo a El País que nada de lo que figura en esa declaración, de la que se enteró por la prensa, es cierto. "Nosotros lo vamos a probar donde corresponde, no tenemos nada que ocultar", sostuvo Burgos.

Por su parte, el abogado de R.CH.M. dijo a El País que su cliente no asistió a la audiencia por razones de salud. Semanas atrás R.CH.M. tampoco compareció ante el juzgado del Crimen Organizado, del juez Néstor Valetti. Ante ese juzgado había ofrecido comparecer en forma voluntaria, en otra causa presentada por el abogado Gustavo Salle, representante de una firma española que también dice haber sido víctima de una estafa con las viviendas sindicales.

El día de la audiencia faltó. Días después el juez Valetti se trasladó hasta la dirección donde presumía que el denunciado vivía para tomarle declaración en su domicilio, pero no lo encontró.

La primera denuncia contra R.CH.M. y el otro gestor se presentó a fines de 2012. La abogada de la denunciante, una empresaria de Rocha, dijo a El País que seguirá adelante con las acciones. Además de la denuncia de Salle se tramita otra en el mismo juzgado de Eustachio y corresponde a una firma ecuatoriana dedicada a la construcción. En todas las denuncias se acusa a los gestores de pedir dinero a cuenta de los negocios a modo de "llave". Se valían de contratos que Burgos firmó con ellos en nombre del Pit-Cnt para promover la construcción de viviendas.

Por otra parte, el Pit-Cnt reclamó al gobierno que tome en cuenta la experiencia del Plan de Vivienda Sindical, que dice haber construido 4.000 casas, en los planes oficiales, habida cuenta de que el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Francisco Beltrame, reconoció el fracaso del plan de vivienda social.

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