La Suprema Corte de Justicia (SCJ) estudia un programa de reestructura para los juzgados de Familia Especializada a fin de centrar más la atención en los casos de violencia doméstica, y destinando a otras sedes la tarea de estudiar los casos de niños, niñas y adolescentes amenazados en sus derechos.

La corporación admite que los jueces "están desbordados" por la proliferación de denuncias sobre violencia doméstica desde que las sedes fueran creadas en 2004, y que la idea es "elaborar un plan para agilizar la atención", dijo a El País el ministro de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, que añadió que por eso se comenzó a pensar en una solución práctica.

Doce años después de aprobada la ley 17.514 y luego de diez años de funcionamiento de los juzgados especializados en violencia doméstica, jueces, fiscales, defensores y técnicos siguen reclamando más recursos humanos y materiales para su labor.

Según datos de la Suprema Corte de Justicia las denuncias judiciales por violencia doméstica casi se duplicaron entre 2004 (año en que se crearon estos juzgados) y 2013, último año contabilizado por las estadísticas.

En 2004, se iniciaron 3.291 expedientes, mientras que en 2013 fueron 5.618. Cada expediente se inicia con la denuncia que puede derivar de la Policía o directamente en el juzgado.

El año en el que se llegó al pico más alto de denuncias fue 2010 con 6.003 denuncias. Pero los magistrados no tienen únicamente competencia en esa materia, también tienen que atender a los menores en situación de vulnerabilidad o a los menores de 13 años que cometen delitos, lo que se clasifica como CNA (Código de la Niñez y la Adolescencia). Dentro de esos casos puede comprender violencia contra niños.

En el año 2013 por ejemplo atendieron 2.671 expedientes por CNA, 243 por régimen de visitas y 1.653 bajo el concepto de "otros".

En lo que formará parte del presupuesto del Poder Judicial para el quinquenio se piensa aumentar los equipos técnicos para atender estas situaciones, y a la vez dividir las sedes para que unas atiendan los casos de violencia doméstica propiamente dicha, y otros se encargarán de los casos de menores y adolescentes amenazados en sus derechos. Pérez Manrique explicó que se hará porque "se trata de procesos diferentes".

"Los casos de los niños, niñas y adolescentes abusados llevan más tiempo y atención del juez, además de que se suelen presentar algunas dificultades de coordinación con el INAU", explicó.

Pérez Manrique anunció que se atenderá el pedido de los jueces en cuanto a cambiar el régimen de turnos porque las seis sedes que atienden el tema de la violencia doméstica están en servicio en forma permanente. Lo que se hará es rotarlos y que haya uno de turno durante una o dos semanas seguidas, explicó.

La consideración de este tipo de asuntos implica un "régimen extenuante, un desgaste" para los juzgados y los jueces propiamente dichos, dijo el ministro.

En torno a la situación de denuncias de abusos contra menores, dijo que hay un grupo de trabajo integrado, entre otros, por un ministro de un Tribunal de Familia, que hace un monitoreo permanente sobre esos casos de violencia.

"La división de los juzgados se aplicará durante este año", dijo el ministro.

A su vez, adelantó que la dirección del servicio de Capacitación de la División Recursos Humanos (Secap) del Poder Judicial trabaja en la formación de un curso con actuarios y funcionarios judiciales para trabajar el relacionamiento con el público de violencia domestica, que "es un público muy especial".

También este año la sede de la Defensoría Pública de Familia Especializada se ubicar en un ligar más accesible para las personas, dentro del edificio de Rondeau y Valparaíso con acceso de piso a piso que facilitará el desplazamiento.

Tras diez años de aplicación de la ley que contempla medidas contra la violencia doméstica, "ni terminó ni mitigó" esta situación, "sino que de acuerdo con las estadísticas oficiales se han incrementado las denuncias".

Esta es la conclusión a que arriba el defensor de oficio Johnny Bertinat Ferrari, del juzgado de Familia Especializada, tras una investigación hecha entre mayo de 2013 y mayo de 2014 sobre casos de violencia doméstica en que participó profesionalmente en esa sede judicial.

De los casos estudiados por el profesional durante un año surge que un 82% de los denunciantes no trabaja fuera del hogar, y que al revés, un 79% de los denunciados sí lo hace. Eso "refuerza las condiciones de dependencia económica del denunciante con el denunciado", concluye el estudio.

En un segundo plano la estadística muestra un 50% de nivel económico bajo del denunciante. "No existe interés de las personas en instruirse (un 82% de ellos terminó Primaria), más siendo la enseñanza gratuita. Y los planes sociales no han dado el resultado esperado".

Según la estadística, el 90% de la denuncia de violencia doméstica se plantea en la pareja.

En cuanto a la reincidencia, el estudio de Bertinat Ferrari establece que el 40% de las personas denunciantes "declara haber sido víctima de violencia doméstica en alguna de sus formas y dice no haber realizado la denuncia por motivos como miedo, dependencia económica, la situación de sus hijos".

Un 78% de los comparecientes al juzgado tienen una unión libre o concubinato.

El 40% de los comparecientes presenta algún tipo de adicción. La más frecuente es el alcohol, con 55% de ellos.

Habrá sedes específicas para casos de abuso a menores