Otros nueve funcionarios del INAU podrían sumarse a los 26 ya procesados por la Justicia Penal por torturas a internos del Centro de Privación de Libertad (Ceprili), según el expediente judicial del caso al que tuvo acceso El País.

De los 26 funcionarios del INAU que declararon ante el juez Gustavo Iribarren, 17 fueron procesados con prisión por el delito de tortura. José Lorenzo López, presidente del sindicato del INAU, fue procesado sin prisión como cómplice, junto a otros ocho funcionarios.

Otros nueve declararon en calidad de indagados y luego recuperaron la libertad. Sobre estos funcionarios ahora pesa una investigación.

La fiscal del caso, Adriana Umpiérrez, señaló que el hecho de que no se solicitara el procesamiento de estos nueve indagados "no significa un pronunciamiento definitivo", ya que el Ministerio Público "se reserva la posibilidad de un estudio más detallado" de las actuaciones.

Umpiérrez dijo que la complejidad y multiplicidad de informaciones a ser valoradas llevan a que se dedique más tiempo a analizar el caso y adelantó que la conducta de esos nueve indagados no fue "pasiva" o "ajena" a los hechos.

El expediente deja traslucir que la fiscal Umpiérrez se basó en la denuncia de la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Mirtha Guianze, que brindó en la sede los argumentos jurídicos para procesar a los funcionarios del INAU por tortura.

Guianze señala, en su denuncia, que los malos tratos sufridos por los internos del Ceprili podría configurar un delito previsto en el artículo 22 de la ley 18.026, al ser cometidos por "agentes del Estado" que ejercían la custodia o control de adolescentes privados de libertad y a quienes "infligieron" dolor o sufrimiento mental o psíquico.

Fulco, quien también presentó denuncia por los incidentes en el Ceprili que aparecen en un video de las cámaras de seguridad, dijo previo a los mismos que los funcionarios "no respondieron" a las llamadas de los adolescentes que reclamaban desayuno y apertura de pase de agua para higienizarse

La fiscal Umpiérrez coincidió con Fulco sobre que los funcionarios del Ceprili propiciaron un "ambiente de desatención" previo a los inciden-tes filmados y durante una asamblea gremial, y pidió al juez Iribarren que investigara estos hechos.

Tras anunciar que apelarán el procesamiento de los 26 funcionarios, los abogados defensores Raúl Williman y Juan Fagúndez indicaron que el Ministerio Público "le erró" en la tipificación del delito imputado y pretende atribuirle "la misma responsabilidad" a quien propició los puntapiés a un interno, como a quien colocó esposas y grilletes o, "peor aún", a quien se quedó quieto observando.

El defensor de uno de los subdirectores del Ceprili, José Maldonado, coincidió con Williman y Fagúndez. "Si se recorre y observa el video desde el principio al fin, se prueba que la actitud de mi representado siempre fue la de componer, apaciguar, tranquilizar, asistir en más de una oportunidad a un adolescente, primero solicitando ayuda para su atención y luego en forma personal ayudar a la reanimación a través de un inhalador y luego poniéndolo de pie cuando el adolescente no se repuso en forma inmediata y volviendo a asistirlo", indicó Maldonado.

Fulco denunció ayer al Ministerio de Trabajo que los funcionarios del Ceprili, del Centro de Ingreso y del MD1 no estaban cumpliendo con las medidas de esencialidad porque solo brindaban servicios básicos y no sacaban a los internos a los patios, ítem acordado entre las autoridades y el sindicato del INAU.

El Ministerio del Interior, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y la abogada de menores, Verónica Carneiro, presentaron denuncias penales contra efectivos de la Guardia Republicana por malos tratos en el traslado de 19 jóvenes del Ceprili al ex Puertas. La mayoría de internos recibieron golpes.

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