Las empresas rechazaron el planteo por escrito del gobierno y el tema volvió a fojas cero.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, volverá a intentar tras Semana Santa desactivar el tratamiento de la queja de ocho puntos que las gremiales empresariales presentaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vinculada al sistema de negociación colectiva de Uruguay.

El ministro presentó una propuesta por escrito a las gremiales la semana pasada, pero las cámaras empresariales ya le comunicaron que el documento distaba de ser satisfactorio. Una fuente empresarial dijo a El País que "no se atienden las ocho observaciones de la OIT; hay temas adyacentes que interesan más al gobierno que al sector empresarial".

La propuesta de Murro también incluía un protocolo de cumplimiento obligatorio y previo a cualquier ocupación de lugares de trabajo. El protocolo preveía negociaciones tripartitas entre trabajadores, la empresa de que se tratara y el Estado. El Ministerio de Trabajo quería también un protocolo para aplicar antes de cualquier despido. Esto fue rechazado por las 24 gremiales de la Cámara de Comercio en una reunión realizada el jueves pasado por la noche, según supo El País.

"Todo lo negociado fue para atrás. Aquel gran avance que se había conseguido en Finlandia quedó en el piso", dijo una fuente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios a El País. En ese mes los presidentes de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, y el titular de la de Comercio, Carlos Perera, definieron un principio de acuerdo con el gobierno. Las conversaciones se produjeron en Finlandia, donde ambos empresarios estaban acompañando la visita oficial del presidente Tabaré Vázquez.

Durante los dos primeros años del gobierno las cámaras empresariales acordaron no insistir ante la OIT para que se tratara la queja del sector privado en la reunión anual de la organización que se realiza en junio. El caso está "en seguimiento" y nunca estuvo en suspenso.

La OIT tiene dos centenares de países miembros y en su asamblea anual se tratan 24 casos de países que alguna de las partes (trabajadores o empresarios) entiende que no están cumpliendo algún convenio. La queja del sector empresarial uruguayo se presentó en 2009. No hay certeza del momento en que se abordará, explicaron las fuentes. Señalaron que el planteo de las empresas recoge las observaciones previas realizadas por la OIT.

"A nadie le gusta entrar a un juzgado y este es un juzgado grande. En la sala de este juzgado entran 4.000 personas. Es un tribunal internacional. Es como que fuera La Haya para los temas laborales. El negocio no es pegarle palos (al gobierno) en Ginebra. El negocio sería arreglar aquí", dijeron las fuentes.

La queja de febrero de 2009 señalaba que "el gobierno se ha caracterizado por la convocatoria ligera e ineficaz para la conformación de algunos ámbitos de carácter tripartito, los que se han integrado por el sector empleador con la esperanza siempre frustrada de que se recogieran y respetaran sus aportes".

"Los Consejos de Salarios tal como están funcionando en Uruguay (...), han estado en franca violación de los convenios citados teniendo el gobierno un papel intervencionista y dirigista de la negociación colectiva, olvidando el gobierno que el Comité ha establecido que la sola o mera intervención de un representante de la autoridad pública en la redacción de los convenios colectivos, si no se limita a un papel de mera ayuda técnica, es inconciliable con el espíritu del artículo 4 del Convenio 98", agregaba.

Óscar Andrade, secretario general del sindicato de la construcción, avisó de las consecuencias que tendría que la asamblea de la OIT tratase la queja empresarial. "Si entramos en esa lista los perjuicios para Uruguay son dramáticos. Por eso decimos que la intención empresarial con esta movida es afectar al país", dijo en el programa "Todas las voces" de Canal 4.

Uno de los aspectos que las gremiales empresariales cuestionan es la denominada "ultractividad" de un convenio colectivo, es decir que este, una vez vencido, siga vigente hasta que se apruebe otro que lo sustituya. "Al respecto debemos recordar que como lo ha dicho el Comité (de Libertad Sindical de la OIT), toda extensión de convenios colectivos debería realizarse previo análisis tripartito de las consecuencias que ella habrá de producir en el sector al cual se la extiende", decía el planteo empresarial. El gobierno había respondido a la queja señalando, entre otros aspectos, que antes de los cambios adoptados en la normativa laboral después de 2005 "se podía despedir a un dirigente o militante sindical sin que el mismo tuviera acción de reinstalación (...) el propio Comité de Libertad Sindical se había referido a este tema". "El sector empleador siempre ha sido escuchado. (...) No en vano, en materia de salarios, más del 80% de las actividades lograron convenios colectivos por unanimidad. Esta es una prueba incontrastable que no resiste posición en contra", sostuvo en ese momento el gobierno.

J.P. CORREA /P. S. FERNÁNDEZ

EMPRESARIOS Y SINDICATOS ENFRENTADOSJ.P. CORREA /P. S. FERNÁNDEZ