HAY VARIAS PROPUESTAS POLÍTICAS

El crimen de Brissa generó una ola de planteos para atacar la violencia sexual contra niños.

El asesinato de la niña Brissa González generó una ola de propuestas de distintos sectores políticos para buscar que estas situaciones no se repitan o que sus responsables sean castigados con más dureza. Sin embargo, la única idea que hasta el momento parece que podría concitar un apoyo amplio entre los partidos, es la iniciativa del senador blanco Luis Lacalle Pou de crear un Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores.

El presidente de la República Tabaré Vázquez dijo ayer en el Consejo de Ministros que se realizó en Pirarajá (Lavalleja), consultado al respecto que si se propone un registro público, "es viable, hay que estudiarlo y trabajar al respecto". De todas formas, la iniciativa de Lacalle Pou no supone que el registro sea público sino que sus datos puedan brindarse por requerimiento de un particular (en condiciones que establecería una reglamentación) o a pedido del Poder Judicial (ver nota aparte).

El senador colorado José Amorín dijo a El País que "me parece sensato un registro de abusadores y violadores, siempre y cuando haya garantías, una sentencia firme y no la integre cualquiera sin confirmación". El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, también consideró que la medida es "necesaria" aunque "hay un riesgo que es verdad y es que la identificación pública de personas de este tipo genere el impulso a la venganza, a la justicia por mano propia". "Asumo que el Ministerio del Interior debería tenerlo, tendría que ser parte de su actividad registrar los antecedentes de los delincuentes, si no sería una grave omisión del Ministerio del Interior".

Charles Carrera, senador del Movimiento de Participación Popular y ex director general del Ministerio del Interior, recordó que hace pocos días se votó en el Senado la ley contra la violencia de género cuyo ar-tículo 24 establece que los abusadores o las personas con antecedentes no pueden trabajar en centros educativos y en el transporte de escolares. "Lo importante es agilizar esta ley y si quieren poner algún aspecto se puede agregar ahí. Cuanto antes se debe votar esta ley. Lamentablemente no hay una ley general sobre antecedentes. En mi opinión, se podría prohibir que quien tenga antecedentes, por ejemplo, maneje un taxi. Existe un registro de antecedentes judiciales pero no hay registro de violadores", reconoció el legislador.

El proyecto de ley, recordó Carrera, establece que se llevarán registros actualizados de las situaciones de violencia basadas en género que ocurran en los ámbitos educativos, discriminadas según edad (del responsable), origen étnico-racial, orientación sexual, identidad de género, creencias y pertenencia territorial. También determina que las instituciones educativas no podrán contratar a quienes tengan antecedentes penales o morales que inhabilitan para trabajar allí.

Por su lado, la senadora socialista Mónica Xavier, dijo a El País que ya mostró su disposición a discutir un proyecto como el de Lacalle Pou. "Este tema en el debate del proyecto integral no se planteó. Llama la atención que ahora lo planteen con tanto énfasis", comentó.

El también oficialista Rafael Michelini cree que "se debe aplicar todo el peso de la ley" y "después con tranquilidad en la discusión de lo penal hay que ver cada circunstancia, pero de ninguna manera se trata de votar al grito". Y el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, consideró que "sería rastrero que cualquier dirigente intentara sacar tajada política a partir de estos hechos". "Vamos a analizar si amerita o no que haya cambios" (legales). "Todo el mundo habla hoy de las consecuencias posteriores, de la prevención no he sentido casi nada. Me importa más tratar de evitar que se cometa el delito y para eso no alcanza con las penas, porque nadie devuelve la vida a los niños o evita que se genere el hecho", reflexionó.

Hay otras iniciativas. El senador blanco Jorge Larrañaga convocó a los medios a su despacho e insistió en que se debe discutir implantar la cadena perpetua. "Hay determinados sujetos que no pueden estar en la sociedad" y "las normas jurídicas deben adecuarse a la realidad". "Estas personas no son rehabilitables", sostuvo Larrañaga. El sistema político y la sociedad "deben dar un mensaje muy fuerte a la delincuencia", agregó. Adelantó que seguramente presentará un proyecto de ley en este sentido, para que se discuta y se instale el tema en la agenda política.

A su vez, la senadora blanca Verónica Alonso planteó la denominada "castración química" para moderar las pulsiones de los potenciales clientes, con el argumento de que el 80% de los violadores son reincidentes. El presidente Vázquez rechazó la idea porque "no asegura la impotencia, es un tratamiento hormonal que no da 100% de resultados positivos". "En estos psicópatas hay una enfermedad muy fuete que hace que sean repetitivos en sus actos", sostuvo ayer en Lavalleja.

JOSÉ AMORÍN

Senador colorado

"Más que pensar en nuevas medidas, soy partidario de revisar las leyes que permiten acortar las sentencias. Para este tipo de casos habría que actuar con la máxima severidad. Es natural que la gente esté indignada, pero hay que pensar en frío".

Pablo Mieres

Senador independiente

"Sobre la cadena perpetua no hay ningún proyecto y a nadie se le planteó nada hasta el viernes. Hay que tener cuidado con esta especie de epidemia de cobrar al grito y salir corriendo a ver cuál propone la cosa más rimbombante".

Luis Lacalle Pou

Senador nacionalista

"Fíjense que en Uruguay vos podés estar en el clearing (de informes) por problemas económicos y básicamente estás inhabilitado para la actividad económica. ¿no puede haber un registro de gente que violentó sexualmente a menores?".

El proyecto de ley integral contra la violencia de género, a estudio del Parlamento, establece que el INAU y el INISA deben establecer como requisito para el ingreso de personal que la persona no tenga antecedentes administrativos o penales en asuntos vinculados a la violencia física, sexual, psicológica o doméstica.

El presidente Tabaré Vázquez se mostró dolorido por el asesinato de Brissa González. "No puedo imaginarme el dolor profundo que debe sentir la madre, el padre, los hermanos. Es terrible, es incalificable", reflexionó el mandatario cuando la prensa lo consultó antes del Consejo de Ministros realizado ayer en Pirarajá, Lavalleja. De todas formas, advirtió que "tomar medidas a lo ligero, a lo apurado, por los sentimientos, a veces no permite reflexionar con la profundidad que hay que estudiar estos temas". "Tenemos que ajustar muchas cosas, por ejemplo, ya hay un proyecto experimental en marcha, un tratamiento para intentar cierta recuperación" de los abusadores" sexuales, agregó el mandatario.

El senador colorado Pedro Bordaberry pidió aprobar un proyecto de su autoría con normas contra el "grooming" y se mostró proclive a estudiar la cadena perpetua y la creación de un registro de violadores. El grooming se define como una serie de conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar sexualmente de él. El "grooming" se lleva adelante, en parte, con la creación de perfiles falsos de Facebook, recordó Bordaberry. Un grupo de legisladoras coloradas planteó, por su parte, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales.

El senador blanco Luis Lacalle Pou dijo ayer de noche en Montevideo antes de un acto partidario que "el tema es si podemos prevenir y por eso el registro ayuda, ayuda a saber quiénes son". "El registro existe en muchos lados del mundo, en lugares donde funciona bien, no lo inventé yo. Ahora el proyecto está durmiendo la siesta en la Comisión de Legislación y Códigos", agregó. "Vengo hablando de estos temas desde 2007. No me gustaría que pasen estos días y la agenda luego se olvide de estos temas", advirtió. "Esto no es política partidaria menor", reflexionó. El legislador recordó que el oficialismo rechazó su idea y otra iniciativa que endurecía el tratamiento penal de los violadores.