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Vázquez y Botana definieron fórmula para obtener recursos para caminería

Esta mañana el mandatario Tabaré Vázquez recibió alpresidente del Congreso Nacional de Intendentes, Sergio Botana, y se confirmó que los recursos para atender las emergencias en caminería rural estarán: aún no se informó de dónde surgirán.

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El aumento de la Contribución Rural generó malestar.

Esta mañana, el presidente del Congreso Nacional de Intendentes Sergio Botana, fue recibido por el madatario Tabaré Vázquez.

Botana dijo al final de la reunión que "está el compromiso del primer mandatario de atender la emergencia en la caminería rural de todo el país”.

Quedó definida la fórmula para conseguir los recursos económicos para la ayuda, pero todavía no se quiere dar a conocer de dónde va a surgir el dinero.

Botana resaltó del encuentro que Vázquez a impulsar las hidrovías en la región, entre ellas Lago Merín, como así también “el uso de las tecnologías electrónicas para la salud rural, por ejemplo la historia clínica electrónica y telemedicina, que ya esta operativa en Cerro Largo”.

Molesto con los ruralistas por el "tono amenazante".

En las últimas horas, Botana respondió a las gremiales agropecuarias que cuestionaron al gobierno y afirmó que "debe cumplirse" el acuerdo entre los jefes comunales y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para conseguir recursos para obras de caminería a través de la eliminación de una exoneración en la Contribución Inmobiliaria rural equivalente al 18% de su valor.

Ese beneficio fue votado en el gobierno de Jorge Batlle, en plena crisis del sector. Con su eliminación las intendencias aumentarán su recaudación en unos 15 millones de dólares.

El jueves 15, las gremiales dieron a conocer un duro comunicado contra los intendentes por promover el impuesto, el Poder Ejecutivo por enviar el artículo y los legisladores por votarlo. Las gremiales afirmaron que la eliminación de una exoneración a la Contribución Inmobiliaria rural, que implicará un aumento real del 22% de este impuesto, es una nueva "medida contra el Uruguay Productivo" que se suma al Impuesto a Primaria. El aumento fue votado por Diputados en el marco del Presupuesto Nacional y ahora está consideración de la Cámara de Senadores. Se ser sancionado comenzará a regir a partir del próximo 1° de enero.

El tono.

"Hay que seguir por el camino del diálogo, porque el tono de amenaza no le sirve a nadie, con amenazas no. Ese tono de amenaza es lo que molesta", subrayó el intendente de Cerro Largo a El País.

Las gremiales fustigaron en duros términos la decisión del gobierno y los intendentes.

"Se trata de un total despropósito que ignora las circunstancias difíciles a las que se enfrenta la producción agropecuaria, promoviendo una escalada de impuestos que no se compadecen de los resultados económicos del negocio productivo", dijeron las gremiales agropecuarias por medio de un comunicado que está firmado por la Asociación Nacional de Productores de Leche, Asociación Rural del Uruguay, Cámara Uruguaya de Productores de Leche, Sociedad de Productores de Leche de Florida, y la Federación Rural con sus 50 entidades federadas.

"Quienes promueven o aprueban con su voto incrementos de la carga fiscal no están leyendo correctamente la realidad imperante a nivel nacional e internacional. Poder Ejecutivo, legisladores e intendentes promotores de este nuevo incremento en los costos de producción serán responsables de agregar más incertidumbre a la ya existente, desalentando la inversión productiva", agregaron.

Botana les respondió ayer. "Nosotros sí leemos la realidad" del país, y "queremos que los muchachos vayan a la escuela, que el que se enferme pueda recibir al médico, que el peón rural pueda ir a trabajar, y para todo eso los caminos son imprescindibles. Necesitamos esos recursos, repito que son imprescindibles, las gremiales deben compartir que necesitamos los recursos", afirmó.

Además recordó que hubo un acuerdo con el Poder Ejecutivo a través de Planeamiento y Presupuesto para incluir la medida en el Presupuesto.

Pagan más.

Botana sostuvo otro argumento para defender la iniciativa, en el sentido de que "cualquier productor que vive en el campo pone mucho más que eso en colaboraciones con la escuela del lugar. Pero hay muchísimos que no ponen porque ni viven en el campo ni tienen su familia en el departamento. Algunos ni siquiera son personas físicas. A veces hay titulares de tierras que son fondos de pensión y no tienen ningún compromiso con la tierra o la producción".

Tras apostar al diálogo, insistió: "nosotros vemos la realidad, tenemos una clara visión". Según Botana, "ninguno se va a fundir por eso, pero del bolsillo del otro no quiero opinar. Nosotros hablamos de nuestra necesidad, que es la necesidad de la gente a través de los intendentes".

Desde el punto de vista técnico, Botana sostuvo que aunque se vote la medida, "para cumplir con una mejora importante de la caminería igual habrá que ajustarse el cinturón, entre otras cosas para cubrir la diferencia entre el costo real del camino y el costo de escritorio. Si no sale el impuesto o no se consiguen los recursos, directamente no habrá caminos", advirtió.

Durante el gobierno del expresidente José Mujica creció la tributación sobre el sector agropecuario. En 2014, el Parlamento con votos oficialistas aprobó un proyecto del Poder Ejecutivo reimplantando el Impuesto al Patrimonio para unos 1.400 productores con extensiones superiores a 2.000 hectáreas. Este impuesto sustituyó al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), declarado inconstitucional.

(Producción: Néstor Araújo)

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