En el gobierno del presidente electo, Tabaré Vázquez, toma impulso la idea de que la oposición no integre los organismos que cuentan con representación social. Estos son la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Banco de Previsión Social (BPS). Vázquez sí está dispuesto a que la oposición integre los directorios de los demás entes y organismos descentralizados.

Fuentes políticas indicaron que en los tres organismos donde hay representación social "no se justifica que el Poder Ejecutivo quede en minoría", ya que la responsabilidad de conducción debe ser siempre del gobierno. De todos modos, aclararon que no hay ninguna decisión tomada y que el tema se terminará de definir a mitad de enero, cuando se inicie el diálogo con la oposición.

En el caso de ASSE ya está confirmado que no habrá lugar para la oposición. El designado ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo esta semana a El País que la presidencia del organismo será ocupada por la actual ministra Susana Muñiz, el vicepresidente será Mauricio Ardus (director de unidades especializadas de ASSE) y el vocal será Jorge Rodríguez Rienzi, cargo que hasta ahora es ocupado por Marcelo Sosa en representación del Partido Nacional. Los dos lugares restantes en el directorio de ASSE son para los delegados sociales (usuarios y trabajadores).

Desde el primer gobierno de Vázquez, la representación de los usuarios está en las manos de Wilfredo López. En tanto, el cargo del delegado de los trabajadores quedó vacante luego del procesamiento de Alfredo Silva por el caso de sobrefacturación en el servicio de limpieza del Hospital Maciel.

La presidencia del Codicen continuará en manos de Wilson Netto, y la profesora Margarita Loaces (exdirectora del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores) será la otra consejera del oficialismo. Los delegados docentes Teresita Capurro y Néstor Pereira se quedarán en sus cargos hasta las próximas elecciones en sus respectivos gremios. El cargo que está en duda es el de Daniel Corbo, consejero en representación del Partido Nacional.

En el BPS hay siete directores, de los cuales solo uno (el nacionalista Jorge Eduardo Maeso) representa a la oposición. Es posible que este cargo no se renueve. El tema se comenzará a definir luego del lunes 12, cuando Vázquez y su gabinete retomen sus actividades.

A mitad de enero, Vázquez convocaría a la oposición para discutir qué cargos ocuparía en la administración.

En la última reunión de su gabinete, realizada el lunes 26 de diciembre, el vicepresidente electo Raúl Sendic se refirió a los criterios para la integración de la oposición en los organismos públicos. "Se va a proceder en discusión o en conjunto con la fuerza política. No va a ser solo la fórmula, vamos a consultar a la fuerza política sobre su posición respecto a la participación de la oposición en distintos organismos y diferentes empresas públicas", explicó.

En ese marco agregó que el papel de la oposición debe darse en un marco de cooperación con el gobierno. Para Sendic, "el rol de contralor de la oposición ya está asegurado tanto por el Parlamento como por los organismos de contralor que tiene el Estado".

La integración de la oposición en el primer gobierno de Vázquez se vio frustrada por las diferencias de criterios para las designaciones. El cortocircuito se produjo cuando Vázquez pretendía cuatro representantes del FA y uno opositor en el Banco República, y los blancos aceptaban tres frenteamplistas.

En una entrevista que concedió a El País en septiembre pasado, Vázquez explicó que cuando ganó la elección en 2004 visitó las sedes de los partidos políticos con representación parlamentaria para ofrecer participación en distintos niveles de gobierno. A nivel ministerial los partidos políticos no aceptaban participar.

"Sí aceptaron participar en otros niveles. Habíamos avanzado sustancialmente pero se trancó todo cuando llegamos al Banco República. El criterio era dos para la oposición y tres para el gobierno en directorios de cinco miembros. Pero en el Banco República ofrecimos uno a la oposición porque para aprobar préstamos para el sector productivo se necesitaban cuatro votos. (Jorge) Larrañaga, con quien dialogué, quería que fueran tres y dos. En ese punto no nos pusimos de acuerdo y eso bastó para que Larrañaga resolviera que el Partido Nacional no participara en ningún nivel del gobierno", aseguró Vázquez. La transición, Tabaré Vázquez, gobierno, participación oposición.

"¿Cuáles fueron las mejores y las peores intendencias del FA: Tabaré; Arana 1; Arana 2; Ehrlich; Olivera? ¿De qué sector del FA fueron?", preguntó ayer con ironía en su cuenta de Twitter el operador político del Frente Líber Seregni (FLS), Esteban Valenti. Esta semana la senadora Lucía Topolansky anunció su candidatura a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, con el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista y la lista 711 que lidera el vicepresidente electo Raúl Sendic, entre otros sectores que conforman el "Grupos de los ocho" en la coalición de izquierda.

El otro candidato que tiene el Frente Amplio es el senador Daniel Martínez, que cuenta con el apoyo del Partido Socialista y del FLS, el bloque que lidera el vicepresidente Danilo Astori, futuro ministro de Economía de Tabaré Vázquez.

Vázquez, primer intendente de Montevideo del Frente Amplio (1990-1995) se retiró con un amplio nivel de apoyo. En cambio, Ricardo Ehrlich (2005-2010) y Ana Olivera, pertenecen al MPP y al PCU, respectivamente, dos sectores que hoy apoyan a Topolansky.

Arana (1995-2000 y 2000-2005) integra la Vertiente Artiguista, sector que todavía no definió a quién apoyará.

Valenti insistió: "¿Cuándo se produjeron avances y cuándo grandes errores y retrocesos?".

El diputado del MPP, Daniel Caggiani, le contestó a Valenti en Twitter: "esa discusión es más estéril que jeringa de hospital. Todos, con sus aciertos y errores, fueron candidatos únicos del FA".

"@ValentiEsteban lo que deberíamos discutir es qué programa queremos para Montevideo y cómo implementarlo".

Gobierno electo busca evitar quedar en minoría ante directores sociales