La relación del presidente Tabaré Vázquez con la Justicia parece haber comenzado con buen pié y con intenciones de mejorar un vínculo un poco maltrecho. Sin embargo, declaraciones recientes del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, pueden instalarse como una piedra en el zapato entre el Poder Judicial y el nuevo gobierno.

El mismo día que el presidente Vázquez se reunía con los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia para discutir, entre otros temas, la sentencia que obliga al Ministerio de Economía y a la Corporación a pagar un aumento del 26% a los funcionarios judiciales, Bonomi volvió a cargar fuerte contra los jueces.

Según Bonomi, la mejor forma de prevenir el delito es hacer que los delincuentes paguen por sus actos y esto, aseguró, no es posible sin el accionar de la Justicia.

Bonomi criticó, por ejemplo, que la jueza penal María Maynard haya dejado en libertad a las dos personas que la Policía detuvo en el marco de una incautación de armas llevada a cabo el martes.

"Existe una Ley de Armas que indica que el solo hecho de tener armas no autorizadas es factor clave (para constituir un delito)", dijo Bonomi. "Un delito que se paga con prisión", recalcó.

Estas declaraciones del ministro del Interior causaron indignación entre los operadores judiciales.

Según confirmó a El País una fuente del caso al que se refería Bonomi, "la Policía ni siquiera se ha dignado a mandar las actuaciones (sobre el arsenal). No hay nada". Las pericias solicitadas a la Policía tampoco fueron realizadas ni entregadas a la Justicia, agregó.

Según la fuente, se ordenó la libertad de las dos personas detenidas porque se dispusieron medidas de prueba que hasta ahora no existen. "Hasta ahora estamos en veremos. Las manifestaciones del ministro o del señor jefe de Policía corren por cuenta de ellos", indicó.

La investigación se encuentra en presumario y a la espera de pruebas, actuaciones y pericias que debe realizar la Policía. Los bienes incautados —miras telescópicas, 84 cartuchos, 98 proyectiles vivos, nueve cargadores, una caja porta pistola CZ 85 y culata de rifle completa— también fueron derivados a la Policía Científica.

Para Bonomi, la Justicia falló al no procesar a los dos implicados. "Lo importante es que los delitos no queden impunes, que cuando se comete un delito se pague por él. Eso es más persuasivo que aumentar las penas", opinó el ministro del Interior el jueves durante la presentación del informe "Por una América Latina más Segura".

"Si todos estos actores no se ponen en línea, tenemos problemas", criticó Bonomi. Y recordó que el Ministerio del Interior ha promovido la aprobación de leyes que habilitan una acción más firme sobre algunas formas de desorden social.

En el otro extremo de relacionamiento se encuentra la Suprema Corte y Vázquez, que antes de cumplir el primer mes de gestión convocó a los cinco ministros de la Corporación para iniciar un diálogo periódico en un encuentro que significó un "cambio radical" en el vínculo entre ambos poderes.

"El relacionamiento personal con el expresidente José Mujica era bueno, pero no el institucional, que ahora cambió", dijo el presidente de la Corte, Jorge Chediak. Y su colega Ricardo Pérez Manrique completó: "Estamos recién empezando".

El ministro Jorge Ruibal Pino se explayó ayer sobre esta reunión: "La relación con el gobierno anterior no era mala hasta que apareció la ley de diciembre (19.310) que no estuvo dentro de la discusión".

Mediante esta ley, se determinó que el Poder Judicial se haga cargo del pago de ejecución de sentencias desfavorables (como la de esta semana sobre el aumento a los judiciales) y no Rentas Generales como sucedía hasta ese momento.

"Ahora tenemos otras posibilidades de diálogo entre las que se incluye a la Corte como parte para encontrar una solución", agregó Ruibal Pino.

El presupuesto es, particularmente, un factor importante para la Suprema Corte en este momento. El fallo de esta semana indica que tanto la Suprema Corte como el Poder Ejecutivo (Ministerio de Economía) deben hacerse cargo del pago del 26% de aumentos para los funcionarios judiciales con retroactividad a 2012 (ver nota aparte).

Chediak ya anunció que no tiene "un peso" para hacerse cargo de esa deuda que está en el entorno de los 50 millones de dólares, por lo que el Poder Ejecutivo deberá enfrentarla en caso de que la sentencia se mantenga firme contra ambos poderes de Estado.

"Hay buena voluntad de solucionar el conflicto. (Vázquez) nos pidió colaboración para ayudar a encontrar una fórmula. No va a ser de hoy para mañana", aclaró Ruibal Pino.

El ministro de Economía, Danilo Astori, ya aclaró que apelará la sentencia y la Suprema Corte se encuentra evaluando el fallo para decidir su postura. Tienen tiempo hasta el 13 de abril para apelar.

El tema del fallo contrario al gobierno no fue el único tema tratado durante la reunión. Según comentó Ruibal Pino, se discutieron también varios puntos planteados por la Suprema Corte a los presidenciables antes de la elección de octubre. "Nosotros antes de las elecciones entregamos a todos los presidenciables una nota con inquietudes. Entre ellas estaba, por ejemplo, el Código del Proceso Penal y la defensoría pública", explicó Ruibal Pino. "Dijo que los iba a estudiar", agregó.

También se discutió temas de presupuesto. El Poder Judicial cuenta el 1,2% del presupuesto nacional, sin embargo, coinciden los ministros, este se deberá ampliar para la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal a partir de enero de 2017.

Según Ruibal Pino, es imposible hacer una estimación de cuánto puede llegar a destinarse por este concepto. Además, agregó, nunca se consideró en ese crédito presupuestal el pago de sentencias de condena.

Ruibal Pino dijo que en abril mantendrán una nueva reunión con el presidente Vázquez "una vez que su equipo haya estudiado el tema y se pueda plantear una solución".

Los funcionarios judiciales anunciaron que, en caso de que el Ministerio de Economía o la Suprema Corte de Justicia apelen el fallo de primera instancia que los obliga a otorgar un aumento salarial del 26%, reclamarán más dinero.

El fallo dictado esta semana no otorga totalmente lo solicitado por los judiciales, que pedían retroactividad desde 2011; por eso el cálculo de 56 millones de dólares inicial se verá parcialmente disminuido. La Justicia definió que se considere la retroactividad desde la primera instancia de inconstitucionalidad, presentada en 2012.

"En la medida que haya apelación por parte del Poder Ejecutivo (...) habrá que verlo. Nosotros analizaríamos si recurrimos por los haberes no contemplados en la sentencia", dijo a El País el dirigente de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Luis Kelis. De otorgarse, esta retroactividad sería por 19 meses más, según explicó.

"Primero tenemos una condena en primera instancia que condena el pago tal cual lo definió la sentencia. Estamos a la expectativa del recurso. Si hay apelación, recurriremos", agregó. "No hay otro aspecto para apelar en la sentencia".

El ministro de la Suprema Corte Jorge Ruibal Pino dijo que la Corporación trabajará codo a codo con el presidente Tabaré Vázquez para encontrar una solución a este conflicto. Dijo, a título personal, que se podría implementar un sistema escalonado de pago para los próximos cinco años.

"En un época bastante lejana en el tiempo hubo un aumento que se escalonó en los cinco años. Pienso que puede ser una de las soluciones escalonar y ver lo de la retroactividad. Poderla transar en algún monto", opinó el ministro.

Aclaró que serán los funcionarios judiciales lo que decidirán este tema.

Kelis dijo por su parte que siempre "hay posibilidades de conversar".

"Nosotros (la Asociación de Funcionarios Judiciales) vamos a ser fieles a la condena. En la medida que haya una propuesta, nunca vamos a estar cerrados a conversar", aclaró el funcionario judicial.

Kelis dijo que los trabajadores son conscientes que la Suprema Corte no cuenta con el presupuesto suficiente para hacerse cargo de la deuda. Durante una asamblea los trabajadores reconocieron que el objetivo es el Ministerio de Economía e insinuaron que la ley de fines de diciembre, todavía no reglamentada, fue aprobada, justamente, para el caso que la Justicia fallara en favor de los judiciales.

En la campaña, el actual presidente Tabaré Vázquez había manifestado que pondría lo político sobre lo jurídico. Este concepto se contrapone con la postura del expresidente José Mujica, que en una cumbre del Mercosur donde se votó el ingreso de Venezuela al bloque, dijo que a veces lo político está por encima de lo jurídico. Vázquez dio muestras de las diferencias con Mujica, invitando a dialogar a los ministros de la Corte.

Vamos a volver a transitar el camino del diálogo entre todos los gremios para las mejores soluciones para el presupuesto y superar este diferendo que se arrastra desde hace cuatro años", indicó Jorge Chediak, cuando asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Chediak dijo, tras la primera reunión con el presidente Tabaré Vázquez, que hubo un "cambio radical" en el relacionamiento con el gobierno.

Si todos estos actores de la Justicia (policías, jueces, fiscales) no se ponen en línea, tenemos problemas", dijo el jueves el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, durante una ponencia ante expertos en seguridad. Esta no es la primera vez que Bonomi carga contra la actuación de los jueces. Anteriormente, criticó a los jueces que liberaron a menores que tiraban piedras a autos y los criticó por no valorar la videovigilancia.

queja del ministro porque no se procesó a detenidos causó malestar en Juzgado