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Uruguay solidario con Corte Interamericana

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Preocupación por la crisis económica del organismo de DDHH.

El gobierno expresó su apoyo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante las dificultades financiera por las que atraviesa. Así se lo manifestó el canciller Rodolfo Nin Novoa al presidente de la Corte, el brasileño Roberto Caldas, en una reunión en la Cancillería.

Caldas presentó al canciller un panorama de la situación general que afronta la Corte Interamericana. La situación deriva en severas dificultades para el funcionamiento e implementación del trabajo de la Corte, advirtió Caldas.

Con sede en San José de Costa Rica, la Corte es el órgano judicial de la OEA, cuyo objetivo principal es aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, en aquellos casos en que se alegue que uno de los estados parte haya violado un derecho o libertad protegido en los instrumentos de aplicación en el ámbito de este continente.

El pasado 31 de mayo, la Cancillería uruguaya había emitido un comunicado expresando su preocupación por los problemas económicas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que junto a la Corte forman el sistema interamericano de derechos humanos dependientes de la OEA.

"Uruguay manifiesta su preocupación por el posible desmantelamiento de áreas fundamentales para dar estricto cumplimiento al mandato y sus funciones básicas de dicha entidad", dijo el comunicado de la Cancillería.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado con dureza al gobierno chavista de Nicolás Maduro en Venezuela, en particular por sus violaciones a la libertad de expresión.

Por su parte, la Corte condenó el cierre en 2007 del canal Radio Caracas Televisión (RCTV), ordenado por el fallecido presidente Hugo Chávez.

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su "preocupación" por la declaración del Estado de Excepción y de Emergencia Económica en Venezuela, emitida el pasado 13 de mayo por 60 días.

La CIDH recordó al Estado venezolano su "obligación de garantizar los Derechos Humanos de la población".

DIFICULTAD FINANCIERA

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