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Uruguay está rezagado en la región en el control de violencia en el fútbol

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En febrero de 2015, la hinchada de Cerro se enfrento encarnizadamente con las fuerzas de seguridad en su estadio. Foto: Ariel Colmegna.
Archivo El Pais

Los vecinos han aplicado medidas drásticas y tuvieron logros.

Está en preparación un proyecto de ley para atacar en profundidad y en toda su dimensión el fenómeno de la violencia en el deporte. Seremos implacables, porque queremos tener una sociedad sana, una sociedad fuerte, una sociedad fraterna, una sociedad en paz". El anuncio del presidente Tabaré Vázquez en su discurso de asunción del 1° de marzo de 2015 se refería a una normativa que nunca vio la luz.

Hasta ahora, la única ley que existe en la materia es la 17.951, aprobada en 2006 para la prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte. Su cometido no parece haber surtido efecto.

Tampoco se cumplió el protocolo de seguridad firmado en 2008 entre el Ministerio del Interior, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Intendencia de Montevideo, que estableció el compromiso de no distribuir "entradas gratuitas a los particulares". Recién este año se logró adjudicar una licitación para colocar cámaras de identificación facial en el Estadio Centenario que se prevé estarán en marzo. Y se mantiene la polémica sobre si la policía debe estar dentro de los estadios.

Los hechos del domingo 27 de noviembre parecen haber sido la gota que derramó el vaso y el presidente Vázquez desde España anunció que cuando regrese a Uruguay se reunirá con autoridades del Ministerio del Interior para "estudiar alguna medida enérgica". También se mostró de acuerdo en promover una ley que "castigue a los dirigentes que den entradas gratuitas a las barrabravas que, más que barrabravas, son delincuentes", dijo.

El mandatario estuvo haciendo sus averiguaciones en la gira por España en la que visitó centros deportivos. ¿Quién se encarga de la seguridad? Fue la pregunta repetida.

A su vez, la cúpula de Interior se reunió esta semana y definió una serie de nuevas medidas que incluyen el control al ingreso de las tribunas Amsterdam y Colombes del Centenario con huella dactilar y que la policía asuma el control del ingreso y no los clubes. (Ver aparte)

El problema de la violencia en el fútbol no es local. Sin embargo, con respecto a cómo lo han resuelto otros países —el ejemplo de Inglaterra resulta paradigmático— Uruguay se encuentra rezagado.

Así lo demuestra un relevamiento realizado por El País con la colaboración con miembros del Grupo de Diarios de América. Se constata que todos los países siguen tomando medidas que apuntan a endurecer las penas debido a la incidencia de bandas de narcotraficantes en las barras bravas.

Argentina.

Hace un mes el gobierno de Mauricio Macri presentó un proyecto de ley con 26 artículos cuyo foco está en la lucha contra las barrabravas. La iniciativa propone penas de entre dos a ocho años por agresiones o intimidaciones grupales durante un espectáculo deportivo, y fija prisión de uno a tres años a quienes financien a las barrabravas y de un mes a un año a quienes estén implicados en el negocio de la reventa de entradas. También pena a dirigentes que den entradas.

En Argentina ya existen dos leyes que regulan la seguridad en el deporte: la 20.655 tendiente a disminuir la violencia en acontecimientos deportivos, y la 23.184, específica del fútbol. También existe normativa de organismos provinciales y de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte.

Está regulado el derecho de admisión a los estadios para evitar el ingreso de personas con antecedentes delictivos. Y en septiembre se instrumentó el sistema "Tribuna Segura" que obliga a concurrir a los estadios con el documento de identidad. A partir de un teléfono en tiempo real se corrobora si el hincha tiene pedido de captura. Para esto, se creó un Registro Nacional de Personas con Derecho a Admisión en Espectáculos Futbolísticos, con la colaboración de los clubes que brindaron los nombres.

Brasil.

La denominada Ley Pelé, aprobada en 1998, y normas como el Estatuto del Hincha de 2003 aportan baterías para enfrentar la violencia en el fútbol. En el Estatuto se prevé prisión de uno a dos años para los hinchas que generen vandalismo en los estadios o en un radio de cinco kilómetros a su alrededor. Además las hinchadas deben tener un registro de socios y las instituciones se hacen responsables ante eventuales incidentes provocados por sus miembros. Tanto al hincha como a la hinchada que es penalizada se les prohibe entrar a los estadios hasta por tres años. También se penaliza la venta ilegal de entradas.

Además, un grupo de 13 juristas viene trabajando a pedido del presidente del Senado Renan Calheiros en una ley general de deporte que pretende endurecer las penas a los hinchas violentos. Siendo presidenta Dilma Rousseff anunció medidas que contemplaban la presencia de la Policía en los estadios y la creación de una comisaría de la hinchada. También se han tomado medidas sui generis como la conformación de un equipo de madres de 30 barrabravas que pasaron a ser seguridad por un día para el clásico pernambucano.

Chile.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera se aplicó el plan Estadio Seguro para ejecutar la ley 19.327 que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos ante espectáculos de fútbol profesional. El plan implicaba que seguridad de los partidos pasaba a ser responsabilidad de guardias privados de los clubes. Eso cambió el año pasado a partir de incidentes que definieron el ingreso de la policía a los estadios.

La ley además impone la creación de un registro de hinchas, la prohibición del ingreso de bombos, lienzos y banderas a los estadios, y castiga la reventa de entradas. A raíz de la Copa América también se endurecieron las sanciones para los violentos que pasaron de dos a cuatro años sin poder entrar a los estadios además de multas de hasta US$ 70.000.

Perú.

Entre 1997 y 2014, en Perú se aprobaron tres leyes para erradicar la violencia en el deporte.

La última, reglamentada en julio de este año, además de exigir el registro de los hinchas de los clubes deportivos de fútbol, prohibe las concentraciones de barras previas a un partido, y el ingreso de instrumentos como bombos o cornetas a los estadios. También prohibe la entrega de entradas, y hace a los clubes terceros civilmente responsables en caso de daños a la propiedad privada causados por barrabravas. Los obliga a contratar vigilancia privada para los encuentros y a instalar sistemas de videovigilancia en las tribunas.

LOS HOOLIGANS.

La política de referencia.

Las medidas tomadas por Margaret Tatcher contra los violentos del fútbol en Inglaterra resultan paradigmáticas. Se identificó a 5.000 barrabravas, se les dio carnés y los hooligans debían concurrir a comisarías mientras se disputaban partidos. Se prohibió de por vida el ingreso a estadios de los violentos y se encerró a quienes violaran las leyes. Se fijaron severas multas incluso para quienes los transportaban y se instalaron cámaras y sistemas de identificación.

SEGURIDAD.

Las nuevas decisiones del ministerio del interior.

El Ministerio del Interior anunció la semana pasada que instalará un sistema de verificación dactilar que empezaría por las tribunas Ámsterdam y Colombes del Estadio Centenario. Las huellas quedarán registradas en una base de datos que permitirá saber la hora de ingreso y quién entró al estadio. El ministro del Interior Eduardo Bonomi dijo esta semana a Búsqueda que ese sistema apunta a "controlar que no haya gente requerida o que la Justicia haya resuelto que no puede ingresar".

Por otro lado, los jerarcas informaron que la Policía está dispuesta a ingresar a las tribunas más problemáticas siempre y cuando queden liberados los anillos superiores de las mismas, permitiendo que ingrese menos público. El Ministerio del Interior prohibirá también el ingreso de público a la escalera que permite acceder a ese sector de la tribuna a la que va la barrabrava de Peñarol.

También se instalarán cámaras de alta definición en los alrededores del Centenario y el gobierno le solicitará a CAFO, entidad que administra el Estadio, que construya una cerca alrededor del mismo.

El ministro Eduardo Bonomi dijo que se hará cumplir a cabalidad la prohibición de que ingresen a las canchas menores de 15 años solos, los que además deberán portar su cédula de identidad.

Estas nuevas medidas irán acompañadas de la ya anunciada creación de una fuerza especial de unos 300 efectivos que se especializarán en el control de espectáculos deportivos.

Aún así dentro de las tribunas los encargados de la seguridad seguirán siendo los clubes a través de la contratación de empresas privadas, como sucede actualmente. Las empresas que operan deben ser habilitadas por la Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior y solo de esa forma podrán trabajar. De todas maneras, la cartera capacitará a través de la Guardia Republicana a los trabajadores de esas empresa en aspectos puntuales.

Otro anuncio es que desde ahora las bebidas que se expendan en los estadios solo podrán venderse en botellas de plástico, no más en latas. El subsecretario del Ministerio del Interior y hermano del presidente, Jorge Vázquez, y el director nacional de Policía, Mario Layera, adelantaron en un programa especial de Telemundo el martes que las botellas plásticas no podrán superar los 600 centímetros cúbicos.

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En febrero de 2015, la hinchada de Cerro se enfrento encarnizadamente con las fuerzas de seguridad en su estadio. Foto: Ariel Colmegna.

VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

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