El gobierno sigue negociando la firma con los finlandeses.

En la mesa de negociación son dos los jugadores: el gobierno y la delegación finlandesa de UPM. Las reuniones son ultrarreservadas y ambas partes tienen firmado un contrato de confidencialidad. Por eso hasta que no esté la firma estampada en el contrato de compromiso de los dos lados se limitan a decir —al menos oficialmente— que aún falta para confirmar la inversión más grande en la historia del país.

Sin embargo todas las acciones de UPM avanzan para allanar el camino para la hora de empezar a construir la planta de celulosa más grande del mundo de ese grupo. La fábrica se instalará en el centro del país, sobre el río Negro.

Ayer la empresa UPM oficializó su llamado a licitación para contratar una consultora privada que se encargue de hacer el estudio de impacto ambiental y social. El estudio es el que deberá ser entregado a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

Este organismo es el encargado de autorizar la operación en cuanto al tema ambiental. Según explicaron a El País dos fuentes del gobierno que participan en la negociación, el estudio llevará "varios meses" y sus costos serán encarados por la empresa finlandesa.

El informe pretende detectar no solo los impactos ambientales sino también el impacto social, urbano y de construcción del ferrocarril. El presidente Vázquez dijo que falta muy poco para firmar el acuerdo, pero aún ambas delegaciones tienen "algunas dudas" sobre el texto.

"Una cosa fueron las conversaciones verbales y otras es poner las cosas en el papel", dijo una fuente oficial que está al tanto de las conversaciones.

"La empresa pretende tener determinados seguros lógicos, pero también el gobierno uruguayo tiene la responsabilidad de tener seguros" dijo Vázquez el lunes 10 de este mes.

PABLO S. FERNÁNDEZ

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