La impugnación será presentada mañana jueves.

El diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio impugnará el próximo jueves el decreto antipiquete que aprobó el presidente Tabaré Vázquez.

"El Poder Ejecutivo prohíbe las protestas sociales en la calle y lo hace por medio del mal llamado decreto antipiquete. No es antipiquete, es antimovilización porque coarta la libertad de expresión de los ciudadanos y de los trabajadores. Creemos que es inconstitucional", afirmó Rubio a El País.

El legislador señaló que a su entender la norma es "ilegal" y debe ser impugnada, tal como lo hicieron nueve sindicatos.

Según Rubio, el decreto "no prohíbe hacer huelga", pero va en contra de la movilización popular. "Es un decreto que ha sido elaborado previendo con celeridad la movilización que se viene con la Rendición de Cuentas", opinó.

El legislador sostuvo que el gobierno "tiene antecedentes" de este tipo de políticas, cuando decretó la esencialidad de la educación. "Eso que dijeron que era para los empresarios del transporte ya quedó demostrado que no era cierto. No he visto a los latifundistas haciendo marcha, solo he visto a los trabajadores y es los que quieren prohibir", acotó. Por su parte, los sindicatos que impugnaron el decreto lo consideran "discriminatorio".

La norma habilita que la fuerza pública despeje carreteras, rutas o caminos eventualmente bloqueados siempre que quienes perturban el tránsito no sean huelguistas, dado que se entiende que la ocupación es una extensión de ese derecho.

En el Frente Amplio, el decreto antipiquete también abrió discrepancias a la interna. Casa Grande (el sector de la senadora Constanza Moreira), el Partido Socialista y el Partido Comunista salieron públicamente a manifestar sus reparos con la medida dispuesta por el presidente Vázquez.

Los sectores advirtieron que con este decreto se podría llegar a legitimar la represión, algo que fue negado por el ministro del Interior Eduardo Bonomi.

Según el Partido Comunista, la norma también "genera un panorama de incertidumbre del campo popular, sin que haya explicaciones concretas que ameriten este tipo de decretos". Para Casa Grande, "legitimar la represión como forma de solución de conflictos, en el largo plazo solo puede ser funcional a fuerzas conservadoras".

En una reunión con el subsecretario Jorge Vázquez y el director general de Secretaría de Interior Charles Carrera, la bancada oficialista recibió la comunicación de que no se harían modificaciones al decreto del Poder Ejecutivo.

EDUARDO RUBIO