DENUNCIA QUE PRIVATIZA

El partido Unidad Popular anunció que respaldará la iniciativa que impulsa el sindicato de OSE con organizaciones ambientalistas para impulsar un referéndum contra la recientemente aprobada Ley de Riego.

El gremio mencionado y varias organizaciones entienden que la norma no respeta la disposición constitucional que establece que el agua es de dominio público. La ley apunta a desarrolllo de la inversión en represas e instalaciones de riego. Unidad Popular entiende que la norma se adoptó siguiendo los lineamientos del Banco Mundial. En un comunicado señala que "profundiza el modelo productivo agro exportador, basado en el monocultivo forestal y sojero (fundamentalmente de eucaliptus y soja transgénica), que ha impactando negativamente sobre las fuentes de aguas superficiales y subterráneas" y "ha expulsado a medianos y pequeños productores del campo que no se integran a este modelo con la consecuente concentración y extranjerización de las tierras (hoy ronda en el 40%)". La "ley de riego no solo contamina, privatiza la gestión y mercantiliza el agua sino que habilita la generación de energía eléctrica para su comercialización" y "bajo la ley de protección de inversiones exonera de tributos a los inversores (Operadores de riego) haciendo de ello un gran negocio, para el gran capital".

El 18 de diciembre la FFOSE (Federación de Funcionarios de las Obras Sanitarias del Estado) hizo el lanzamiento de la recolección de firmas para que se habilite un referendo contra la ley.

El mes pasado la vicepresidente Lucía Topolansky fue a la sede del Pit-Cnt, acompañada de legisladores oficialistas, para explicar el sentido de la norma aprobada y procurar desactivar la iniciativa sindical. El Pit-Cnt aún no se comprometió formalmente a respaldar la iniciativa del gremio de OSE.

Yerú Pardiñas, legislador socialista suplente, argumentó ante la planta mayor de la central sindical que "la reforma (constitucional de 2004) no prohíbe el uso del agua para riego". "No dice que el riego tiene que ser ejercido por una empresa pública. Y sí establece que todas las decisiones sobre qué pasa en las cuencas hidrográficas tienen que ser públicas y con la participación de la ciudadanía. Están previstas instancias públicas donde se discuten estas cosas. Esto no implica desconocer la Constitución", aseguró. Pero Gustavo Ricci, del sindicato de OSE, cree que "hoy hay casi 1500 empresas y embalses y el Estado no tiene registro de cuánta agua se sustrae del suelo y en qué condiciones vuelve a las cuencas y hoy las principales cuencas de agua están contaminadas".