El titular de Umissa, Alejandro Lagrenade, difundió ayer un comunicado en el que afirma que en los últimos años han tratado de chantajearlo "en varias ocasiones" y que, ante su negativa, se recurre a "la denuncia penal y a la difusión pública como elemento de presión y de descrédito".
De esta forma respondió a quienes lo acusan de realizar negocios "poco transparentes" con Venezuela y a la denuncia penal que presentó en su contra el empresario venezolano Franklin Durán Guerrero, quien actualmente está sometido a proceso en Miami acusado de haber realizado tareas ilegales de inteligencia en territorio norteamericano para encubrir el origen y destino de la valija con casi U$S 800 mil que el empresario venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar en Argentina sin declarar.
El titular de Umissa -empresa que realizó con Venezuela un contrato de U$S 156 millones por venta de casas prefabricadas- manifestó en el comunicado su "satisfacción porque algunas acusaciones infundadas se diriman finalmente ante la justicia" y su deseo de que "la verdad salga a la luz" y se repare su "buen nombre".
Durán Guerrero -ex socio de Antonini Wilson- presentó la denuncia el pasado martes en el Departamento de Delitos Económicos de la Jefatura de Policía de Montevideo, según informó ayer el semanario Búsqueda. En la misma afirma que Lagrenade habría desviado dinero de una cuenta de Umissa a una cuenta a su nombre y de los empresarios Antonini Wilson y Norberto Barcos. También acusó al titular de Umissa de financiar la defensa de Antonini Wilson en Estados Unidos.
Esto se suma al pedido realizado la semana pasada por parte del diputado colorado Washington Abdala quien solicitó a la Justicia penal que cite a declarar a varios jerarcas de gobierno y a empresarios, entre quienes se cuenta uno de los hijos del presidente Tabaré Vázquez, con el fin de "echar luz" sobre negocios realizados desde 2005 al amparo del Fondo Bolívar-Artigas, un fideicomiso creado en base al dinero que paga Uruguay a Venezuela por las compras de petróleo.
Abdala envió al Juzgado Penal de 3er turno un voluminoso documento en el que pide que comparezcan el ministro de Industria y ex presidente de Ancap, Daniel Martínez; el actual embajador uruguayo en Francia y ex ministro de Industria, Jorge Lepra; el ex subsecretario de esa cartera, Martín Ponce de León; el presidente de Ancap, Raúl Sendic; y los empresarios Javier Vázquez, Nicolás Jodal, Eduardo Gómez Canon y Lagrenade.