EDUARDO DELGADO
El fiscal de Corte, Rafael Ubiría, pidió a la Junta Anticorrupción y la Oficina del Servicio Civil que le informen si el fiscal penal Enrique Moller -en comisión con el diputado blanco Sergio Botana- incumple alguna norma al ejercer la abogacía.
Ubiría dijo que le "rechina" que Moller y otra fiscal antes pasaran en comisión y ejerzan la abogacía mientras cobran su sueldo de fiscal, pero que legalmente eso está permitido.
Los fiscales no podían ir en comisión ni ejercer la abogacía en forma privada, pero el ar- tículo 13 de la ley de presupuesto de 2005 permitió pasen en comisión a los despachos de legisladores y ministros, con los limitantes del lugar de destino y reserva de su cargo.
Ubiría expresó que antes de asumir, planteó en el Parlamento la necesidad de derogar este artículo, lo que reiteró e incluyó en su mensaje de Rendición de Cuentas de 2007. Ese año, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) no lo incluyó en su mensaje de Rendición de Cuentas y este año sí lo hizo, pero con el aditivo que excluyó a quienes están usando ese artículo y así fue aprobado.
Respecto a que Moller patrocine a personas denunciadas por delitos de narcotráfico y lavado de activos, "cada uno sacará sus propias conclusiones", dijo Ubiría. "Para muchos es un tema ético, él se formó en el Ministerio Público y aprendió mucho sobre lavado de activos y narcotráfico y ahora lo está usando en la actividad privada, pero está amparado por la norma de la ley de presupuesto", añadió.
Ubiría recordó que la primera persona en usar este artículo fue la fiscal Cecilia Salom, quien pasó en comisión con el diputado socialista Gustavo Bernini y a su vez comenzó a ejercer la abogacía en el despacho de su pareja, el entonces secretario de la Presidencia y actual canciller Gonzalo Fernández. La situación generó molestia entre fiscales y se hizo pública, pero luego Salom decidió renunciar a la fiscalía.
Ubiría planteó hace siete meses al MEC que el fiscal civil Ariel Cancela ocupe la sede penal de Moller y que éste pase de manera ficta a una fiscalía civil, pero el Ministerio todavía no le respondió.
El fiscal de Corte discrepó con el subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini, quien sostuvo que el cargo de Moller está vacante. Ubiría indicó que nadie comparte esa opinión, e incluso la Oficina del Servicio Civil coincidió que Moller tiene reservado su cargo de fiscal nacional.
"La vacante no existe y por algo cobra todos los meses el sueldo de ese cargo". Agregó que la única alternativa es que el hueco que hay en la Fiscalía Penal de 4° Turno exista en otro lado, haciendo un traslado ficto de Moller a una fiscalía de otra materia, como él propuso.