Taxista fue procesado por “justicia por mano propia” y quedó en libertad.

La jueza penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, procesó ayer sin prisión por un delito de "justicia por mano propia" al taxista que fuera detenido tras perseguir y luego emboscar a un chofer de Uber.

La abogada del taxista, Silvia Cuello, adelantó a la salida del juzgado que apelará el fallo, ya que entiende que el chofer de Uber cometió un "atentado contra el transporte público".

Según el auto de procesamiento, al que accedió El País, el denunciante recogió a un pasajero en el hotel Radisson para trasladarlo al Sheraton de Punta Carretas. Cuando llegó a la rambla Gran Bretaña, se colocó a su lado el taxi conducido por el ahora procesado, quien le expresó: "Vos estás trabajando para Uber, te vamos a reventar".

Siempre de acuerdo al testimonio del denunciante, cuando continuó su marcha por Solano García, el taxista que iba persiguiéndolo se le adelantó y se le colocó adelante, impidiendo que continuara su marcha. Descendió del taxi y volvió a increparlo, repitiéndole que lo iba a "reventar" y que estaba "robándole el trabajo", golpeando el vehículo con sus puños.

A los pocos minutos, el conductor de Uber continuó su viaje, recogiendo a otro pasajero para trasladarlo a Carrasco.

El chofer de Uber se percató que el taxista lo perseguía colocándose "muy cerca del vehículo en todo el trayecto".

Al término del recorrido, los pasajeros decidieron ir a un restaurante de la avenida Arocena y el conductor se dirigió hacia el lugar solicitado. Se colocó a la derecha de una institución bancaria, donde fue "encerrado" por el taxista y otro coche con taxímetro. Inmediatamente, entre seis y ocho taxis aparecieron en escena, rodeándolo e impidiéndole reanudar la marcha.

El denunciante intentó dialogar con los trabajadores mientras éstos le increpaban que "ellos hacían aportes y él no". También le indicaron que habían llamado a la Intendencia para que lo multaran y le retiraran las chapas.

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Funcionarios policiales de la Seccional 14ª se presentaron en el lugar. Uno de los uniformados declaró ante la jueza que "cuando llegamos los taxistas tenían el auto de Uber estacionado por Arocena y tres taxis le impedían el paso, uno atrás, otro adelante y uno en el costado". Al ser interrogados por los policías, los taxistas expresaron que "lo iban persiguiendo desde la Ciudad Vieja hasta que lo detienen en Arocena".

El taxista declaró en la sede judicial que "me encontré a este señor en Punta Carretas y le dije: vos estás trabajando para Uber, nos estás matando. Sabés que pagamos una cantidad importante de impuestos, que cada vez ganamos menos. Él me dijo que se iba para la casa, yo estaba un poco enojado con la actitud. Me fui a Carrasco y cuando llego lo veo en la misma camioneta y que bajaba pasajeros. Hablé con los compañeros, lo que queríamos era que la Intendencia fuera a multarlo y a retirarle las chapas". El taxista dijo que el chofer de Uber "tenía terrible auto y nos venía a robar los viajes", todo esto —insistió— "sin pagar impuestos".

La doctora Cuello alegó que su defendido actuó amparado en la eximiente de responsabilidad prevista en el artículo 28 del Código Penal, que refiere al "cumplimiento de la ley" (porque Uber no la estaría cumpliendo). Sin embargo, la magistrada entendió que la conducta del taxista no encuadra en esa figura.

Según la Defensa, el chofer de Uber también incurrió en el delito de "atentado contra la seguridad de los transportes". Pero la jueza advirtió que la persecución y la prevención de los delitos "son de resorte exclusivo de las autoridades legalmente establecidas" y que el ahora procesado por "justicia por mano propia" (el delito no prevé la prisión) "no se puede atribuir funciones que no le corresponden".

A diferencia de lo que ha ocurrido en Montevideo, donde hubo una tímida fiscalización y el tema se encuentra en manos (al menos así lo ve la IMM) del gobierno central, que prepara una ley, en Buenos Aires la reciente llegada de Uber fue recibida con mano dura.

La jueza porteña Claudia Alvaro ordenó hace una semana la clausura y bloqueo preventivo de la aplicación, su sitio web argentino y plataformas digitales vinculadas dentro de la Ciudad. "Los usuarios de la firma Uber se encuentran desprotegidos por cuanto estarían contratando con un servicio de transporte de pasajeros que no se encuentra habilitado, cuyo conductor no posee licencia de conductor profesional y que no cuenta con un seguro acorde a la actividad", afirmó la jueza.

A poco de llegar, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lanzó un operativo para detectar a los conductores de Uber, multarlos y acarrear sus vehículos. La multa era de $ 77.000 argentinos (unos US$ 6.000).

De origen estadounidense y con solo siete años en el mercado global, la firma opera en 400 ciudades, en 66 países y posee un valor de venta de 60 mil millones de dólares.

CONFLICTOANDRÉS LÓPEZ REILLY