Gobierno comenzó defensa de regulación en el Parlamento.

La actividad generada con la aplicación Uber sigue en medio de la polémica. Mientras en el Parlamento el gobierno comenzó la defensa del proyecto de ley que regula esta y todas las aplicaciones tecnológicas nuevas, el gremio del taxi pidió al Poder Ejecutivo el descuelgue del rubro de los Consejos de Salarios y el posible cese de las regulaciones al sentirse perjudicados por los servicios de la empresa estadounidense.

La Gremial Única del Taxi envío ayer miércoles un comunicado al director de Transporte de la Intendencia de Montevideo, Máximo Oleaurre, y otro al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para solicitar reuniones en las que se tratarán el descuelgue del rubro de los Consejos de Salarios y el posible cese de las regulaciones.

Ambos comunicados fueron firmados por el presidente de la patronal, Oscar Dourado, y por el secretario Javier Fardín. En la carta enviada al jerarca departamental, se pide "la desregulación del servicio de taxímetro", debido a que "la empresa Uber y otras" no son inspeccionadas.

En la nota dirigida a Murro, en tanto, manifiesta, además de la solicitud de desregulación al servicio, un pedido para que el taxi se descuelgue de los laudos estipulados en los Consejos de salarios. Esto significa que la patronal pagaría sueldos por debajo de lo acordado en los laudos establecidos en el sector, al tiempo que convoca a los trabajadores a asesorarse sobre los mecanismos de seguros de paro previstos.

En la carta dirigida al ministro, la patronal del taxi afirma que la solicitud es motivada "por la presencia de competencia desleal que el Estado omiso deja instalar".

Ayer, la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes recibió a una delegación del gobierno, encabezada por el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, para iniciar el tratamiento del proyecto de ley "Servicios Prestados mediante el uso de medios informáticos y aplicaciones tecnológicas".

La idea del proyecto, que es abierto a modificaciones, según explicó Toma en la comisión, busca que quienes eluden tributos para trabajar los paguen. Un caso concreto es el de los choferes de la aplicación Uber.

"No se trata de frenar innovaciones tecnológicas ni ir hacia un camino inconstitucional", precisó luego de la reunión el diputado frenteamplista José Carlos Mahía. "Ante un fenómeno complejo como se ha instalado a partir de la actividad de la empresa Uber, que se defienda el trabajo en igualdad de condiciones", añadió.

"Si se aprueba este proyecto la policía administrativa tendría una actividad mucho más firme con Uber, y más decidida", agregó Mahía.

El proyecto, según explicó Toma a los legisladores, presenta como innovación un rol más activo del Banco Central del Uruguay (BCU) como policía administrativa. Reiteró que la iniciativa del gobierno puede ser perfeccionada por los legisladores.

A su vez, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi (Todos), presidente de la comisión especial, ha cuestionado el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo por entender que configura "un freno y una muy mala señal para el desarrollo de la nueva economía digital", y que además "vulnera gravemente principios constitucionales".

"Es un proyecto inconveniente e inoportuno, porque va en sentido contrario al desarrollo sostenible de la economía digital", dijo Goñi.

Para el legislador, en vez de crear una regulación moderna e innovadora, "se propone un molde legislativo viejo para un fenómeno nuevo que frena el desarrollo de un Uruguay inteligente. Además es claramente inconstitucional en cuanto viola el derecho de libertad".

LA POLÉMICA POR LA LLEGADA DE LA APPDANIEL ISGLEAS