Abrupto final para cadete de la Fuerza Aérea

Tuvo que abandonar la carrera militar por quedar embarazada

Padres denuncian discriminación e inician campaña para cambiar norma.

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La Fuerza Aérea considera que su retorno a la Escuela violaría las normas.

Mariana soñaba con ser oficial de la Fuerza Aérea hasta que se cruzó con un embarazo inesperado y un reglamento radical. Durante tres años y medio cursó la Escuela Militar de Aeronáutica con excelentes calificaciones. Era una de las mejores cadetes en las maniobras aéreas.

Jugaba al hanball con sus compañeras de tanda. El 10 de junio se hizo un esguince y terminó en el Hospital Militar. Allí le practicaron varios exámenes, entre ellos el test de embarazo, que dio positivo.

El informe médico incluía otro dato: el embarazo estaba muy avanzado. Al mes nació Julieta. Los compañeros de tanda de Mariana le eligieron el nombre y la adoptaron como la mascota de la clase. Pero Mariana ya no está entre ellos.

La letra fría del reglamento de las tres academias militares dice que los cadetes deben "ser soltero/a sin descendencia cierta o esperada debiendo mantener esta situación hasta egresar del Instituto".

La normativa para las escuelas castrenses fue aprobada en el año 2007 durante la gestión de la ministro de Defensa Azucena Berrutti y sufrió una ampliación en 2009 para permitir el ingreso de homosexuales.

Tras conocerse la situación de la cadete, la Fuerza Aérea Uruguaya aplicó la reglamentación y le dio dos opciones: irse de baja voluntariamente o ser dada de baja. Mariana optó por irse por decisión propia. De esa manera no podrá estar en la ceremonia de graduación, que tendrá lugar este jueves, cuando accederán al grado alférez sus 15 compañeros de tanda.

Mientras tanto, la Fuerza la adoptó como soldado, por lo que no perdió su condición militar y pudo dar a luz en el Hospital de las Fuerzas Armadas.

La diferencia entre ser soldado y oficial es considerable, en lo profesional y lo económico.

Mientras que un alférez —el primer grado de la carrera profesional militar— percibe unos $ 20.000 mensuales, un soldado raso gana alrededor de $ 12.000.

Campaña.

Hace un mes los padres de Mariana, Ana María Ramírez y José Croz, mayor retirado de Caballería, comenzaron una campaña en las redes sociales reclamando que su hija pueda retomar la carrera.

La actual soldado y ex cadete hizo una solicitud en ese sentido que le fue denegada. En un comunicado la fuerza Aérea informó que "el mando de esta Fuerza, descarta lo solicitado por el antes mencionado personal, por considerarse ilegal".

"El hecho que le hayan dado un cargo no habilita a que nos quedemos en silencio. La institución miró por sus intereses, lo que es lícito, pero no tuvo en cuenta la fragilidad en que mi hija se encontraba. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra hija, ha sido muy valiente", dijo a El País la madre de la soldado.

El pasado día 7 de septiembre Croz y Ramírez presentaron un escrito ante el Ministerio de Defensa solicitando la reincorporación de su hija a la Escuela.

Discriminación.

Para los padres de Mariana se trata de un caso de "discriminación e injusticia" ya que los varones pueden reconocer a sus hijos tras culminar la etapa formativa y alcanzar el grado de alférez.

"Las mujeres no pueden hacer eso, el embarazo se les nota y se enfrentan ante la disyuntiva de abortar para seguir con la carrera o abandonar para no volver nunca más", aseveró el mayor retirado Croz.

Otros países cambiaron la ley.

La línea argumental de los padres de Mariana tiene en cuenta las reglamentaciones sobre el embarazo y la carrera de las oficiales de las Fuerzas Armadas de Argentina y España. En un somero análisis de legislación comparada, Ramírez y Croz subrayan en el escrito presentado ante el Ministerio de Defensa que "en España y Argentina se han eliminado dentro de las exigencias de ingreso y egreso la consideración de la descendencia porque llevaba a no reconocer a los hijos".

En el caso español se guarda la vacante en caso de que una mujer quede embarazada durante el proceso de selección, mencionan.

Otro aspecto que es analizado en el documento presentado, es el plazo de 12 semanas de gestación que fija la ley para practicarse un aborto. Al respecto, sostienen que "la mujer que es irregular en sus períodos menstruales queda en inferioridad de condiciones, ya que no tendrá la posibilidad de optar entre abortar o seguir adelante con su embarazo".

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