El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) insistió con la observación al gasto efectuado por la Intendencia de Maldonado para contratar de forma directa a una gremial empresarial para el pago del sueldo de 175 obreros que trabajan en la construcción de viviendas de interés social.

El exintendente y actual senador por el Frente Amplio, Oscar de los Santos, aprobó la resolución 165/12 del 23 de febrero de 2012 por la cual fue celebrado el convenio con la asociación civil "Unión de Comerciantes Minoristas de Maldonado".

Por esta resolución, la citada institución se hizo cargo del gerenciamiento administrativo y contable del pago de sueldos de hasta 175 personas destinadas a cumplir tareas en los programas de construcción de viviendas de interés social de la Intendencia de Maldonado.

La Unión de Comerciantes Minoristas cobra por gestionar el pago de los sueldos el 4,7% sobre los fondos administrados, impuestos incluidos.

El Tribunal de Cuentas de la República sostuvo que, de acuerdo al monto, el convenio debió ser definido por una licitación pública y que el procedimiento no fue realizado con la debida publicidad. "Los gobiernos departamentales carecen de competencia para la construcción y venta de viviendas fuera del marco normativo aprobado por el gobierno nacional. (...) La competencia es uno de los elementos esenciales para poder obrar la administración legítimamente, y conforme al ordenamiento jurídico la construcción y venta de viviendas está asignado como competencia a otros órganos del Estado", dice el TCR en la resolución que observó el procedimiento de la Intendencia.

Además, el convenio no podría haberse celebrado hasta por motivos de forma, ya que el objeto social de la referida asociación civil no abarca el objeto del llamado efectuado.

"La Intendencia se obligaba al pago de los jornales y todas las cargas sociales, por lo cual se vulneraban la normas de contratación de personas para realizar tareas asignadas por la propia Intendencia, dejando la contratación a cargo de un tercero", continuó el TCR.

El 15 de febrero la Intendencia de Maldonado imputó la suma de $ 39,9 millones para cubrir el período enero-junio de 2015. Dicho gasto corresponde a viviendas en las ciudades de Maldonado, San Carlos y Piriápolis.

Tercerizó la gestión de pago de salarios para viviendas sociales