Tribunal mantuvo observaciones al MTOP

El Tribunal de Cuentas (TCR) mantuvo las observaciones a la prórroga de la concesión que la empresa Buquebus tiene sobre la terminal de pasajeros en el Puerto de Montevideo. La resolución fue aprobada por cuatro votos a favor y dos en contra de los ministros del TCR y, si bien le da razón al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en algunos aspectos del planteo que cursara el pasado 13 de octubre concluye que hace una mala interpretación tanto de los términos contractuales como de la normativa portuaria.

En la nota cursada por el ministro Víctor Rossi, luego de recibir la primera resolución en la que se observaba la extensión del contrato, éste le reclamaba al TCR una fundamentación jurídica de los efectos negativos que podría ocasionarle al Estado la negativa a prolongar la concesión. "Tenemos que procurar no equivocarnos en el momento de tomar una decisión que pueda incluso poner en riesgo la responsabilidad del propio Estado uruguayo, y por lo tanto habilitar demandas y sobre ese particular el TCR no ha hecho ningún comentario", señaló Rossi al anunciar a los medios su rechazo al pronunciamiento del TCR. Concretamente, el ministro manifestó su temor de que la no renovación de la concesión pudiera derivar en una demanda millonaria por parte de la empresa Buquebus.

Esta posibilidad fue desestimada, desde el punto de vista jurídico, por el TCR a través de un extenso análisis en la primera parte de la resolución de 21 páginas.

CONSECUENCIAS. Uno de los argumentos del MTOP en relación con la imposibilidad de desaprobar el acuerdo entre la Administración Nacional de Puertos (ANP) y la firma Buquebus fue que la cláusula décima del contrato original obligaba, de algún modo, al Ejecutivo a aceptarlo sin más.

"Nosotros, el contenido de ese artículo 10 que se firmó en el contrato, no lo compartimos y por cierto que nos comprometemos públicamente a nunca firmar en nombre del Estado uruguayo un artículo que otorgue al tercero, al privado, la iniciativa respecto de la renovación de una concesión", señaló el propio Rossi al dar cuenta de su discrepancia con la resolución del TCR.

Pero el TCR argumentó que un pronunciamiento en contrario al de la ANP por parte del Ejecutivo no tendría consecuencias. Para ello el TCR cita la ley portuaria cuando establece que: "El Directorio de la Administración Nacional de Puertos tendrá los poderes jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos y, en particular, podrá...: B) Con la aprobación del Poder Ejecutivo: 1) Otorgar concesiones, permisos o autorizaciones a personas físicas o jurídicas...". La misma norma especifica, asimismo, que la ANP tendrá el cometido de: "B) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia portuaria, pudiendo presentar iniciativas al respecto".

En sus considerandos, el TCR concluye: "Consecuentemente, el Directorio de la ANP dispone del poder jurídico de dictar un acto concediendo la adjudicación a determinada persona física o jurídica, pero el mismo no es un acto perfecto y siendo así, no produce efectos jurídicos hasta tanto sobrevenga la aprobación por parte del Poder Ejecutivo".

ECUACION ECONOMICA. La relación entre la inversión propuesta por Buquebus para la nueva etapa —U$S 700.000— con el canon que debe pagar al Estado, las áreas concesionadas y el tiempo de extensión de la concesión (10 años), es otro de los cuestionamientos del TCR.

A propósito del plazo de la prórroga de la concesión el Tribunal advierte que "en caso de prórroga la decisión corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, el que además queda facultado para imponer condiciones". Al avanzar en el análisis el TCR concluye que "la ANP no tiene poderes jurídicos que le permitan ‘acordar’ con el concesionario como si ella dispusiera únicamente de la competencia para otorgar concesiones".

Fuentes del organismo consultadas por El País explicaron que, si bien era de recibo el argumento del MTOP en cuanto a que el monto de la inversión no debía ser similar al original —que suponía la construcción de la propia terminal— "desde el momento en que se introduce el tema de la inversión, tiene que haber correspondencia con el canon, el plazo y el área concesionada", razón por la cual se mantuvo la observación también en este punto.

El tema de la terminal portuaria "sobrevoló" la comparecencia del ministro Víctor Rossi ayer en la Comisión de Presupuesto del Senado. Un breve diálogo al ingreso de Rossi a la comisión con el senador Luis Alberto Heber fue toda la alusión hecha al tema.

"Bienvenido, señor ministro a las privatizaciones, eso sí: sin observaciones del Tribunal de Cuentas", lo saludó Heber. "Vamos a ver", respondió Rossi. "No tenga miedo de las privatizaciones, ministro", insistió Heber. "Quédese tranquilo que no se cerrará ninguna puerta", replicó el ministro.

El contrato original entre la Administración Nacional de Puertos y la empresa Buquebus (Los Cipreses S.A.) fue suscripto el 16 de noviembre de 1994. En el mismo la empresa se comprometía a cumplir "los servicios a todos los pasajeros y vehículos con pasajeros que ingresen o egresen por vía marítima al Puerto de Montevideo o que se presten en los edificios, áreas de circulación, etc.".

Una de las cláusulas del contrato original que dio lugar a interpretaciones encontradas entre el MTOP y el TCR fue el artículo 10 del mismo: "Esta concesión podrá ser renovada por períodos adicionales y sucesivos después que expire el término inicial acordado, mediante resolución de renovación de la concesión, por decisión del Poder Ejecutivo, con el previo asesoramiento de la ANP. Dichos períodos adicionales estarán sujetos a los mismos términos y condiciones, excepto la extensión del plazo de la concesión y el canon que se establecerán para cada período adicional. Las opciones serán ejercidas por el concesionario mediante una comunicación escrita a la ANP por lo menos 6 meses antes del vencimiento del plazo original o de cualquier plazo adicional".

Luego que la ANP y Buquebus acordaran la extensión de la concesión en mayo de este año, la fórmula contractual fue sometida al estudio del TCR, que dio su dictamen el 7 de octubre pasado, observando varios de sus términos aunque no la legalidad de los procedimientos.