Directores del Pereira Rossell le venden al Estado servicios de ambulancias.

El Tribunal de Cuentas consideró que en el caso de los tres directores de hospitales (dos del Pereira Rossell y uno del de Salto) que le venden servicios de ambulancia al centro de salud de Bella Unión, debería aplicarse el Artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) y la Ley 17.060 referida al "uso indebido del poder público (corrupción)", que establecen que los funcionarios no pueden venderle servicios al organismo en el que trabajan.

La empresa Siemm, cuyos propietarios son el director del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Federico Eguren; el del Hospital Pediátrico de la misma institución, Rodrigo Barcelona; y el del Hospital de Salto, Marcos García, contrata con el Hospital de Bella Unión desde 2011. En este tiempo le han vendido servicios por un monto superior a los 825.000 dólares. Eguren y García fueron directores del centro de Bella Unión.

En el mes de agosto el diputado nacionalista Martín Lema dio cuenta de esta situación al Tribunal de Cuentas y pidió que se pronuncie sobre si existe una "violación a la normativa en materia de contratación" con el Estado.

La respuesta, a la que accedió El País, llegó el 8 de noviembre. Por un lado señala que "la Constitución no establece la facultad de efectuar consultas técnicas ni solicitar dictámenes como el solicitado en la oportunidad". Pero "no obstante ello, y sin que implique emitir opinión sobre el tema", el Tribunal advierte que "la normativa aplicable en materia de compatibilidades en materia de contratación administrativa" es la del Artículo 46 del Tocaf y la Ley 17.060.

El documento también señala que el Tribunal seguirá trabajando en el tema para en un futuro "adoptar las medidas pertinentes a efectos de esclarecer la situación planteada".

Por otra parte, justifica no haber observado el gasto en Bella Unión cuando se hizo la contratación. En este sentido manifiesta que el contador delegado del Tribunal "comenzó a tener acceso de manera efectiva a la base de datos de la Oficina de Recursos Humanos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE)" recién en enero de 2016.

Una semana después de que el diputado Lema pidiera información al Tribunal de Cuentas, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, y la subsecretaria Cristina Lustemberg, mantuvieron una reunión con el presidente del organismo, Siegbert Rippe. Esto fue confirmado a El País por el propio Basso.

"Hubo una reunión pero no se habló puntualmente sobre este tema", declaró. También sostuvo que ese encuentro estaba "agendado antes" de que Lema presentara el escrito.

Tanto Lustemberg como Eguren y García (los dos directores del Pereira Rossell), formaron parte en la última elección de la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic.

Los directores de Siemm también tienen una relación cercana con la exministra y actual presidenta de ASSE, Susana Muñiz, y con la expresidenta de ASSE, Beatriz Silva. De hecho, la primera fue la encargada de cortar la cinta inaugural cuando la empresa de servicios de ambulancias abrió sus puertas en 2011. El País accedió a fotografías que comprueban esto, y en las que también se puede ver a Silva.

El Tribunal de Cuentas se ha pronunciado varias veces en casos en que funcionarios públicos venden servicios al organismo en que trabajan. Por ejemplo, el 17 de agosto pasado observó el gasto hecho por ASSE en la contratación de ambulancias para traslados especializados del Centro Auxiliar de Rosario, en Colonia. La adjudicación se le dio a la empresa Semco S.A. por un monto total de 3.525.576 pesos. Semco S.A. contrata a su vez los servicios de Emergencia Colonia del Este S.A., la que entre sus funcionarios tiene al director del centro de salud.

Otra observación del Tribunal, de mayo de este año y que en este caso cita al mismo Artículo 46 que correspondería para el caso de Bella Unión, observa el gasto hecho en el Hospital de Treinta y Tres por la contratación de servicios de tomografías urgentes. La adjudicación se le hizo al Instituto de Asistencia Colectivo, quien fue el único oferente, por un monto de 5.434.240 pesos. El Tribunal "constató que el Ordenador de Gastos y Director de la Unidad Ejecutora son integrantes del cuerpo médico de la institución adjudicataria". El director, además, "es uno de los técnicos del Equipo de Imagenólogos que ofrece dicha institución".

En el mismo hospital, en junio de este año y también haciendo referencia al Artículo 46, el Tribunal observó la contratación de la empresa EM Treinta y Tres S.R.L., de traslados especializados, puesto que uno de los funcionarios del centro era uno de sus dueños.

Casos de este tipo también salieron a la luz con las auditorías, internas y externas, llevadas adelante por ASSE después de que a mediados de 2014 su director en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, fuera procesado por cohecho.

Tras esto se supo que la directora del Hospital de Dolores y exdirectora del de Mercedes, fue sumariada luego de que auditorías de ASSE constataron que contrataba a su propia empresa para encargarse de las tareas de traslados especializados. Además del delito de conjunción del interés público con el privado, el edil blanco en Soriano, Heber Scirgalea, denunció que la empresa cobraba precios excesivos.

En el caso del Hospital de Florida, una de las auditorías advierte que allí se "contratan los mismos estudios" clínicos por distintos precios. Y que "entre los profesionales contratados hay tres funcionarios de ASSE", uno de ellos, el director del centro de salud.

CARLOS TAPIA

IRREGULARIDADES EN SALUD PÚBLICACARLOS TAPIA