El pésimo manejo que el Frente Amplio hizo de Ancap durante la última década dejó a la empresa estatal al borde de la quiebra. El aquelarre le costó a todos los uruguayos unos mil millones de dólares, que pagarán con más impuestos durante los próximos años. Porque nada es gratis.

De no haber existido una comisión investigadora parlamentaria impulsada por la oposición, ¿habría salido a luz todo el desaguisado de Ancap? ¿Habría terminado por admitir el Frente Amplio el desastre? ¿O hubiera seguido, como hasta que el tema llegó al Parlamento, escondiendo este escándalo debajo de la alfombra?

Gracias a que la oposición insistió e investigó el colapso de Ancap salió a luz y el asunto llegará a la Justicia. ¿Pero acaso alguien piensa que el de Ancap fue el único desastre sobre el que el Frente Amplio debería rendir cuentas? ¿Qué pasó con los negocios con Venezuela? ¿Es verdad que personas estrechamente ligadas al entonces presidente José Mujica cobraban una comisión por todos los negocios que Uruguay hacía con el régimen bolivariano? ¿Y que tenían la exclusividad para los negocios entre Uruguay y Venezuela? ¿Cuánto dinero de esos negocios quedó en manos de estos comisionistas? Estas comisiones, ¿quedaron registradas? ¿Dónde fue a parar ese dinero? ¿Es normal que haya comisionistas en el comercio entre estados y que, para colmo, tengan exclusividad concedida por el presidente de la República, con quien además esos comisionistas tienen un vínculo tan estrecho? ¿No hay que votar, cuando antes, una comisión investigadora que llegue hasta el hueso en este tema?

¿No habría que investigar también el manejo de Antel durante los últimos años? Porque, si mal no recuerdo, el exministro Fernando Lorenzo y el entonces vicepresidente Danilo Astori aseguraron en medio del debate por el colapso de Ancap que, en su oportunidad, le advirtieron al presidente Mujica que había varias empresas públicas que estaban "fuera de control". ¿No es acaso un secreto a voces que Antel gastó a manos llenas durante los últimos años? ¿No sería pertinente también investigar qué ha sucedido con el tema de la dichosa regasificadora, que ya está en la órbita de la Justicia del Crimen Organizado? ¿Acaso no merecen ser investigadas las responsabilidades políticas que ha venido denunciando el nacionalista Pablo Abdala? ¿Y los manejos y desmanejos en la Administración de los Servicios de Salud del Estado? ¿Y las licitaciones de UTE, que en su momento fueran tan cuestionadas? ¿Se animará el Frente Amplio a negar sus votos para saber cómo se han manejado en todos estos casos los fondos públicos?

Defender las empresas públicas, ¿es solamente asegurarse de mantenerlas en la órbita del Estado, o es también garantizar que sean bien administradas y conducidas, y que se manejen sus recursos, que son de todos, con la transparencia debida?

Habrá que ver.

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Pepepreguntón