TARJETAS CORPORATIVAS

Tramitan juicio político contra senador de la 711

El Partido Nacional no tiene los votos para aprobarlo.

Es muy poco probable que el juicio político prospere porque no se contará con los votos del FA. Foto: M. Bonjour
Es muy poco probable que el juicio político prospere porque no se contará con los votos del FA. Foto: M. Bonjour

En pleno receso parlamentario, el diputado Pablo Iturralde pidió iniciar un juicio político contra el senador Leonardo de León (Lista 711) por el uso de la tarjeta corporativa de ALUR en compras en el exterior de las que nunca rindió cuentas.

Para hacer tal planteo, el legislador se basa en que se hizo uso de la tarjeta en fechas en que no se encontraba en misión por la empresa y en ocasiones en que había recibido los viáticos correspondientes. "Estos aspectos ponen de manifiesto que se apropió en beneficio personal de dineros públicos a los que accedió por razón de su cargo", fundamenta la exposición de motivos a la que accedió El País.

De acuerdo a lo que establece la Constitución, el juicio político se puede iniciar por delitos graves como peculado y abuso de funciones. El artículo 153 del Código Penal tipifica el peculado como la apropiación del funcionario público de dinero y bienes muebles, ya sea en beneficio propio o ajeno. Se establece una pena de un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años.

En tanto, el artículo 162 del Código Penal tipifica la figura del abuso de funciones como "cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares".

Iturralde sostiene que "el cuerpo electoral por sí o por sus representantes" es el que encarga a determinados individuos la responsabilidad de administrar el tesoro nacional, de gestionar los recursos materiales y humanos del Estado y "esa confianza no puede ser traicionada". Como agravante de la "traición" indica que la administración pública encuentra su única razón de existencia en la obtención del bienestar general, "no pudiendo ser puesta al servicio del interés personal del gobernante de turno".

Según entiende, "no cabe duda alguna de la calidad de funcionario público del señor De León como presidente de Alcoholes del Uruguay S.A.". Para argumentar que De León es funcionario público, sostiene que entre los años 2011 y 2015 estuvo regido por las mismas normas que los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados, "siendo en consecuencia un funcionario público".

Además subraya que el capital que maneja ALUR está constituido por fondos públicos, "lo que termina por completar la adecuación típica de la conducta del señor senador De León a la figura delictiva prevista en el artículo 153 del Código Penal", referida al peculado.

Iturralde asegura que la Constitución exige haber cometido un delito grave, pero no establece que exista un delito juzgado por la Justicia. "El sistema orgánico nacional debe excluir aquellos elementos humanos que, en el manejo de los dineros públicos, no guarden la probidad y honestidad debida. Los corruptos deben ser excluidos de la gestión de la cosa pública, más allá de lo que el sistema penal o las colectividades políticas a las que pertenezcan decidan a su respecto", subraya Iturralde. En la misma línea, opina que un senador "no puede ser deshonesto, no puede ser corrupto, no puede ser quien se benefició a merced de la hacienda pública".

Denuncia.

El Partido Independiente denunció ante la Justicia que De León realizó gastos por US$ 30.677 y $ 868.560 con dos tarjetas corporativas de ALUR, a pesar de haber recibido viáticos por más de US$ 60.000 de los que nunca hizo devoluciones, ni rindió cuentas. Según informó El Observador, De León gastó en Semana Santa del 2012 US$ 318 en las Cataratas del Iguazú.

La Cámara de Diputados le dio ingreso formal ayer a la nota presentada por Iturralde para iniciar el juicio político. El diputado pidió la citación "urgente" de la Comisión de Constitución para tratar el tema. Luego el tema pasará al Plenario de la Cámara —para eso se requiere mayoría simple— y se trasladará al Senado, ya que es el que debe juzgar por tratarse de un senador.

"El tema estaba pendiente desde el año pasado, hemos pedido información de cómo ha usado la tarjeta. Tenemos que actuar de acuerdo a lo que dice la Constitución que nos otorga a los diputados la potestad para iniciar el juicio político", explicó Iturralde a El País.

En ese marco, recordó que quiso iniciar el juicio político a Sendic en agosto del año pasado pero no contó con respaldo del Partido Nacional. "Esta vez no cometo más al error que cometí con (Raúl) Sendic acerca de si correspondía o no iniciar un juicio político y después tener que someterme a una decisión en la cual las bancadas resuelven en la coordinación. No voy a acatar nunca más lo que se resuelva en la coordinación de bancada. Voy a hacer lo que dicte mi conciencia en tanto soy representante de la ciudadanía", señaló Iturralde.

Consultado sobre la falta de votos para aprobar este juicio político, De León contestó: "Si los legisladores del Frente entienden que no corresponde, que levanten la mano para decir que no".

Justicia

De León declara en persona

El senador Leonardo de León (Lista 711) declarará personalmente ante la Justicia el próximo 7 de marzo, en la causa que investiga el caso Ancap y el uso de las tarjetas corporativas en la empresa ALUR.

"De León va a ir personalmente a declarar. No se va a amparar en los fueros. Será asistido por mí y por Ignacio Durán. Va a responder todas las preguntas de la jueza (Beatriz) Larrieu y presentar toda la documentación requerida por la Justicia", aseguró ayer a El País el abogado Gúmer Pérez.

La citación de De León, quien declarará como indagado, se efectiviza luego de que la jueza recibiera los informes pedidos sobre el uso de las tarjetas corporativas a la Junta de Ética y Transparencia (Jutep) y a un equipo multidisciplinario. Como De León cuenta con fueros parlamentarios, podría haber optado testificar por escrito.

También declarará en calidad de indagado el ex gerente general de ALUR, Manuel González. Este será interrogado acerca de su participación en la suscripción de seis adendas (agregados) o contratos modificatorios celebrados entre ALUR y la española Abengoa, constructora de la planta de etanol.

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