Traficaron 125 toneladas de plata hacia los países vecinos

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EDUARDO BARRENECHE

En 2008 se registró un importante aumento de las denuncias ante el Banco Central del Uruguay (BCU) de posibles casos de lavado de activos.

Según informó a El País el director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iibarne, en 2007 se pusieron en conocimiento de las autoridades 170 operaciones sospechosas, mientras que este año se cerrará con un total de casi 185 denuncias.

Desde 2005, 30 personas fueron procesadas con prisión por lavado de dinero. Si bien la mayoría de los casos están vinculados al narcotráfico, existe la convicción de que el ilícito se registra en relación a otras actividades como por ejemplo el mercado inmobiliario.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el viernes pasado un proyecto de ley que propone una serie de modificaciones a la ley de Financiación de Terrorismo y Lavado de Activos aprobada en 2004.

La iniciativa oficial prevé una ampliación de los delitos relacionados con el lavado de activos, a la vez que establece la obligatoriedad para los escribanos, rematadores y explotadores de zonas francas de denunciar ante el BCU todas las actividades que se puedan considerar sospechosas.

El proyecto también abarca los sistemas de investigación de estos delitos, y establece un sistema de protección para colaboradores y testigos.

Unas 125 toneladas de plata para joyería fueron contrabandeadas en 22 meses hacia Argentina y Brasil por organizaciones dedicadas al tráfico de metales. Se estima que el costo de ese volumen de metal ronda los US$ 50.000.000.

El contrabando de plata desde Uruguay hacia la región es una estrategia dirigida a burlar normas impositivas brasileñas y argentinas.

El director de la Secretaría Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne afirmó a El País que la plata es trasladada hacia Argentina y Brasil en autos especialmente acondicionados. "Es fácil preparar un vehículo para llevar 400 kilos de ese metal en cada viaje. Se les refuerza la amortiguación para que no se note el peso que el auto soporta", explicó.

Según el jerarca de Presidencia de la República, a partir del 1º de enero del 2007 hasta octubre de este año se importaron en forma legal 125 toneladas de plata a un promedio de $ 400 el kilo.

Ese mineral, agregó, fue trasladado hacia Brasil y Argentina para ser vendidos a fábricas de joyas.

"Está clarísimo que hay una operativa montada por brasileños que traen oro a Uruguay y sacan plata. Se trata de remesas clandestinas", expresó.

En un operativo reciente, la Policía detuvo a un auto proveniente de Brasil que transportaba 200 kilos de metales preciosos. Los individuos que viajaban en el vehículo declaraban que iban y venían frecuentemente desde Brasil con remesas irregulares.

Al igual que el tráfico de drogas, estas organizaciones cuentan con un servicio de "mulas" que realizan en el transporte de ambos metales.

"Llevan oro para un lado (Uruguay). Plata para otro (Argentina y Brasil). Y efectivo si hay que pagar esas transacciones", agregó Gil Iribarne.

Además, en el lado uruguayo "hay instituciones que lo que hacen es comprar o vender metales y exportarlos o importarlos", dijo.

La Policía constató que unos 10 cambios participan en estos negocios, de los cuales tres son investigados por la Justicia Penal.

ORO. Según la normativa vigente, el ingreso de metales preciosos a Uruguay es legal. Sin embargo, desde hace poco tiempo, los propietarios de esas remesas están obligados a declarar la procedencia de las mismas como una medida tendiente a prevenir el lavado de activos.

Una situación similar se aplica a las remesas de dinero que entran al país. Aquellas personas que violan esta normativa no incurren en un delito penal pero sí en una falta.

La cadena del contrabando de plata hacia Argentina y Brasil comienza con la exportación de oro desde Uruguay.

Gil Iribarne reconoció que ese oro ingresa al país sin ser declarado y luego es exportado hacia otros países.

Estas organizaciones "muchas veces utilizan el mismo vehículo para ingresar el oro y sacar el metal plata", añadió.

Como el oro vale más que la plata, ello genera una diferencia en dinero que también es trasladado hacia el exterior por las mismas "mulas".

Cada año, desde Uruguay se exportan unos US$ 100 millones de oro que ingresa al país por las fronteras "secas" con Brasil (Artigas, Rivera y Cerro Largo) o desde Argentina (Colonia y el Puerto de Montevideo).

La gran preocupación de las autoridades uruguayas es el desconocimiento de la procedencia de ese metal. Tampoco se sabe con qué capitales se financia ese negocio ni quienes son los dueños de los mismos. "Puede haber o no un delito", dijo Gil Iribarne.

Tras advertir que este comercio de metales "enchastra" al país y sus instituciones, el jerarca gubernamental expresó que llama la atención que "alguien esconda una operativa negra de muchos millones de dólares donde, además, nos involucra con los países vecinos: ése es el problema".

En los últimos meses, se intensificaron los contactos entre la Policía uruguaya y sus pares argentinos y brasileños para investigar la procedencia de esos metales preciosos.

La policía brasileña ya constató que las remesas clandestinas de oro parten desde Porto Alegre hacia el Cono Sur y luego ingresan a Uruguay para su exportación. En cambio, los investigadores argentinos concluyeron que todos los clientes de ese país que participan en estos negocios están radicados en Buenos Aires.

Meses atrás, tras una intensa investigación, la Policía detectó a un cliente que dijo haber adquirido oro por US$ 50 millones hace un año y medio atrás. Cuando los investigadores porteños concurrieron a un local en Buenos Aires, encontraron un pequeño boliche que tenía un cartel donde se leía: "Compro oro".

El tamaño del local sembró dudas a los policías acerca del elevado precio que se pagó en dicha transacción.

En 2008 se registró un importante aumento de las denuncias ante el Banco Central del Uruguay (BCU) de posibles casos de lavado de activos.

Según informó a El País el director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iibarne, en 2007 se pusieron en conocimiento de las autoridades 170 operaciones sospechosas, mientras que este año se cerrará con un total de casi 185 denuncias.

Desde 2005, 30 personas fueron procesadas con prisión por lavado de dinero. Si bien la mayoría de los casos están vinculados al narcotráfico, existe la convicción de que el ilícito se registra en relación a otras actividades como por ejemplo el mercado inmobiliario.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el viernes pasado un proyecto de ley que propone una serie de modificaciones a la ley de Financiación de Terrorismo y Lavado de Activos aprobada en 2004.

La iniciativa oficial prevé una ampliación de los delitos relacionados con el lavado de activos, a la vez que establece la obligatoriedad para los escribanos, rematadores y explotadores de zonas francas de denunciar ante el BCU todas las actividades que se puedan considerar sospechosas.