Era verlo. Los dirigentes sindicales, los mismos que en el tramo final de la campaña electoral dejaron de lado sus reclamos y se subieron a cuanta tribuna pudieron montar para pedir el voto para "el compañero" Tabaré Vázquez, han sido los primeros en plantarse frente al primer mandatario y su equipo económico.

Todos piden. Todos. Todos quieren más. Todos. Y si no les dan, habrá problemas.

Los sindicatos de empleados públicos ya anunciaron que exigirán al gobierno un piso salarial de 30 mil pesos mensuales. Ni un peso menos.

Los docentes de Secundaria afirman que el Frente Amplio "le ha mentido a la gente, porque jamás cumplió con el 4,5% del PIB para la ANEP y la Universidad de la República. Y ahora no sólo reclaman que se cumpla con aquella promesa. No. Ahora demandan que se llegue al 6% del PIB. Y que nadie perciba un salario menos a los 30 mil pesos líquidos. Si no se les concede lo que piden, habrá conflicto. Faltaba más.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública reclama que los trabajadores del sector tengan un salario mínimo de unos 30 mil pesos nominales. Y que quienes trabajen de manera exclusiva para ASSE perciban, además, un adicional. Si no se hace caso a su plataforma, "habrá medidas", afirman.

El Sindicato Médico no se queda atrás, y pide una equiparación de los salarios a las mejores remuneraciones de ASSE.

Los judiciales piden. Quieren más presupuesto para el Poder Judicial.

En el sector privado no se quedan atrás. Si cierra Ecolat, los sindicatos quieren que las demás empresas tomen a todos los que quedaron sin trabajo. ¿Y si eso lleva al cierre de alguna otra? Nadie lo piensa.

Los trabajadores de la bebida, con Richard Read a la cabeza, piden que las empresas garanticen la seguridad de los distribuidores. No se lo piden al Ministerio del Interior, que es responsable de la seguridad. Se lo piden a las empresas. A las mismas que les están reclamando que financien la construcción y gestión de un liceo para hijos de sindicalistas de la bebida. Total, pedir no cuesta nada.

La construcción no se queda atrás. Si una empresa, como la brasileña OAS, abandona una obra, el gobierno debe comprometerse a que la empresa que tome su lugar contrate a quienes han quedado sin trabajo. ¿A alguien le importa si esa nueva empresa ya tiene sus trabajadores? A nadie. Demandan y, si no se atiende, paran y atrasan obras donde se paga puntualmente y, por cierto, muy bien a los obreros. Pero eso, ¿a quién le importa?

Se aproxima la discusión de algunos convenios colectivos en el sector privado. Y la confección del Presupuesto Quinquenal en el sector público. El gobierno entiende que es preciso bajar el gasto, que se ha desmadrado. Entre los privados, está claro que los tiempos que vienen demandan prudencia. ¿Y los sindicatos? Públicos o privados, todos quieren más. Y si no les dan, habrá problemas.

¿Tendrán el presidente Vázquez y el ministro Danilo Astori el respaldo, dentro del Frente Amplio, para hacer lo que saben que hay que hacer? ¿Qué harán Mujica y sus aliados?

[email protected]

Pepe preguntón