Entre junio, julio y agosto, el Tribunal de Cuentas observó 7.100 gastos en la Administración Central, Parlamento, empresas públicas e intendencias por un monto que supera el equivalente a 52 millones de dólares.

Son unos ochenta gastos diarios por un promedio de 600 mil dólares que, en todos los casos, han sido reiterados por los respectivos ordenadores del gasto. En muchos de estos casos, por la irregularidad detectada o el monto implicado, el Tribunal de Cuentas remite los antecedentes a la Asamblea General donde, invariablemente, el expediente se archiva sin mayor conflicto.

Solo en el mes de julio a OSE le fueron observados 1.701 gastos por $ 130.203.939. La Intendencia de Lavalleja también se encuentra al tope del listado con más de 2.000 gastos observados en tres meses por 110 millones de pesos. Los gastos municipales observados, que incluyen a intendencias y juntas departamentales, ascienden a US$ 40 millones.

En el caso de los ministerios se destaca el de Desarrollo Social, con 62 gastos observados entre julio y agosto que ascienden a $ 57.640.887. En el caso del Banco República hay un solo gasto, correspondiente a agosto, pero asciende a $ 2.734.752.

En dos meses la UTE procesó 252 gastos que fueron observados por $ 14.568.253.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado reiteró 204 gastos por $ 16.496.988.

Las observaciones son de diverso tenor y van desde aspectos formales como la falta de publicación de una licitación o del crédito disponible para proceder al pago, hasta irregularidades vinculadas a los procedimientos, fundamentalmente en el caso de compras directas.

En las resoluciones, el Tribunal de Cuentas detalla que "el artículo 475 de la Ley N° 17.296 de 21 de febrero de 2001 establece que los ordenadores de gastos y pagos, al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les acuerda el Literal B) del artículo 211 de la Constitución de la República deben hacerlo en forma fundada, expresando de manera detallada los motivos que justifican a su juicio seguir el curso del gasto o pago". En ninguno de esos casos observados oportunamente se aportaron a la hora de reiterar el gasto "elementos que ameriten el levantamiento de las observaciones".

El Tribunal de Cuentas es el máximo órgano de contralor de los gastos que se realizan con dineros públicos y tiene la potestad dispuesta por la Constitución de elaborar su propio presupuesto. Previo a su confección mantuvo intercambios con el Ministerio de Economía y Finanzas. En base a las pautas acordadas presentó una propuesta pero nunca tuvo respuesta de Economía.

En el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo no figura un solo artículo vinculado al Tribunal de Cuentas, ni siquiera aquellos artículos que no representan gasto para el Estado. Cuando el presupuesto se discutió en la Cámara de Diputados, el ministro del Tribunal, Álvaro Ezcurra, consideró que excluir al órgano de contralor del Presupuesto fue un "error" que "desoye las necesidades que, criteriosamente, hemos incluido en nuestro proyecto y menoscabando desde nuestro punto de vista, aun sin desearlo, las competencias constitucionales que nos han sido asignadas". "Nuestro país no puede ignorar que una tarea de control de gasto público bien realizada significa ni más ni menos que la optimización del uso del dinero de todos; no puede desconocer que un Tribunal de Cuentas eficiente significa una barrera imprescindible para eventuales actos de corrupción", sostuvo Ezcurra sobre la decisión del Ejecutivo.

Según se dejó constancia ante el Parlamento, el Tribunal, único órgano de control externo del gasto de la administración pública, en 2013 apenas ejecutó el 0,03% del total del gasto público. En materia de recursos humanos, el Tribunal posee apenas el 0,1% del total de funcionarios públicos. "Les voy a contar mi experiencia personal. Yo ingresé al Tribunal de Cuentas en el año 1980 y era el funcionario 471. O sea que, teniendo en cuenta los fallecimientos y las jubilaciones, éramos aproximadamente cuatrocientos funcionarios. Después de 35 años, con un Estado muchísimo más complejo, con figuras jurídicas como las de los fideicomisos -que ni siquiera estaban previstas-, con creación de paraestatales que tampoco estaban en aquella época, seguimos siendo cuatrocientos funcionarios", explicó Ezcurra ante los legisladores.

Y acto seguido, tras aclarar que representaba la opinión de todos los ministros del Tribunal, preguntó: "¿ignorar esta realidad no es degradar la cultura del control de los dineros públicos? ¿No otorgarle al Tribunal de Cuentas los medios imprescindibles para cumplir con la tarea que le fue asignada por la Constitución de la República no es desconocer la trascendencia del rol que cumple?

Sin embargo, la prédica del Tribunal no tuvo éxito y en Diputados no se contemplaron sus aspiraciones. El Tribunal fijó como prioridades la finalización de la obra de una nueva sede dado que donde hoy se encuentra carece de las comodidades necesarias, una fuerte inversión en informática para contrarrestar el fuerte atraso que tiene y una reestructura recomendada en el marco de un programa con el BID.

Tribunal de Cuentas no obtuvo respuesta de Economía ante sus planteosGONZALO TERRA