SIGUEN DANDO QUE HABLAR

Pedirán a los organismos estatales un resumen de los gastos en tres años.

En el Tribunal de Cuentas (TCR) se considera "ilegal" el uso de las tarjetas corporativas por parte de jerarcas de empresas estatales porque la operativa de autorización y pago de las tarjetas impide el pleno ejercicio del control preventivo de legalidad que constitucionalmente le compete al organismo.

Esto establece un informe interno del organismo de contralor que indica que esto "ha quedado demostrado con la investigación realizada por la División Auditoría para contestar el pedido de informe solicitado por el presidente de la Cámara de Representantes a pedido del diputado Ope Pasquet".

Según ese estudio, esta situación "no posibilita el control previo (cuando se dispone el gasto) ni tampoco el previo al pago, en la medida en que el Estado de cuenta se debita directamente de la cuenta del organismo en el banco respectivo".

En las últimas sesiones del año, el ministro del organismo Francisco Gallinal (Partido Nacional) propuso —y se votó por unanimidad— que se pida a todos los auditores del TCR en los organismos del Estado donde haya tarjetas corporativas que exijan que se acrediten los gastos realizados en los últimos tres años respaldados por las facturas correspondientes.

Las tarjetas de crédito son un medio de pago que permite a su titular hacer compras que se pueden pagar posteriormente. En efecto, el banco que expide la tarjeta otorga a su titular un préstamo con un límite preestablecido, pero en este caso, quien se compromete a pagar-lo frente al banco emisor no es el titular, sino el organismo estatal.

"Si bien la tarjeta en tanto medio de pago no es ilegal, su mecanismo de funcionamiento es lo que determina que resulte violatoria de las normas vigentes que deben aplicarse para asignar a los funcionarios fondos públicos", explicó Gallinal en un informe presentado al TCR, al que accedió El País.

Tras la polémica por los desembolsos realizados por el exvicepresidente Raúl Sendic con la tarjeta corporativa de Ancap cuando presidió la empresa, (lo cual ahora está en manos de la justicia de Crimen Organizado) , en las últimas semanas de 2017 surgieron datos de gastos que realizaron miembros de directorios de otras empresas públicas como UTE y OSE.

El programa "Así Nos Va" de radio Carve divulgó la información obtenida sobre el gasto con tarjetas corporativas que realizaron los directorios de las empresas UTE y OSE además de Ancap. De ahí surge que si se suman los montos gastados entre 2010 y 2017 por las tres empresas públicas, según los datos de los pedidos de informe divulgados, se alcanza la suma de $ 2.780.250 y US$ 121.361.

El otorgamiento de fondos a los funcionarios del Estado para el cumplimiento de tareas institucionales que deben reembolsarse, más allá del salario que percibe todo funcionario público, "está precisamente regulado por la normativa". "Y solo corresponde para tareas específicamente asignadas, y por los montos previstos en atención a la misma (viáticos por salida de su lugar de trabajo, por viajes al exterior). Y requieren la autorización previa de la institución con precisa determinación de la tarea a cumplir y el monto asignado en cada caso al cumplimiento de la misma", sostuvo el informe que presentara Gallinal al TCR.

"En la práctica con las tarjetas corporativas se otorga al funcionario la facultad de administrar fondos públicos, que no están limitados y ni precisados en una resolución de la autoridad competente, sino por el tope que la institución bancaria autoriza para el uso de la tarjeta (que no está determinado en atención a la tarea encomendada) y los gastos que el funcionario realiza con la misma, el Estado está obligado a pagarlos", sostuvo el ministro.

Por ello agregó que "no resulta ajustado a derecho que mediante las tarjetas los entes públicos otorguen a sus funcionarios créditos (un cheque en blanco) para gastos personales sin un límite o finalidad establecida previamente, aun cuando los mismos se originen en la representación institucional o en el cumplimiento de misiones oficiales o cualquier otra actividad".

Y agregó que "existen mecanismos previstos por la normativa para atender dichas eventualidades, que permiten que las autorizaciones y controles previstos por la normativa se apliquen correctamente (partidas para viáticos o gastos de representación, otorgados en cada caso, así como partidas de combustible). Es del caso destacar que los titulares de las tarjetas corporativas, en general, cobran además dichas partidas habitualmente y viáticos cuando viajan en representación institucional fuera de su lugar habitual del trabajo en el país o en el exterior".

Según este informe, "la autorización del crédito a través de las tarjetas resulta violatoria del principio constitucional de legalidad, que establece el marco general de actuación de los entes públicos, y también del principio de igualdad, en tanto se otorga el beneficio a algunos funcionarios y no a otros, sin norma legal habilitante". Y que el organismo debe tener en cuenta que "el uso de la tarjeta, en tanto es expedida a nombre del funcionario, le genera beneficios que pueden ser utilizados por este, por lo que se contravienen además las normas que regulan los sueldos y demás compensaciones que dichos funcionarios pueden y deben percibir".

Luego de asumir la presidencia de Ancap en 2005, el intendente de Montevideo Daniel Martínez recibió una tarjeta corporativa de la empresa con un tope de $ 800.000 con la que hizo 19 compras en tres años: cinco en restaurantes, tres estadías en el extranjero, nueve inscripciones a eventos y dos compras en Duty Free, según un pedido de acceso a la información divulgado por Búsqueda. Martínez sostiene que las empresas deben contar con tarjetas para que sus directivos hagan determinados gastos.