LITIGIO POR TELEVISIÓN SATELITAL

Para el TCA, el Ejecutivo incurrió en desacato ante recurso de Claro

La empresa reclama que se aplique autorización para televisión satelital.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Claro se viene enfrentando a un largo litigio con el Poder Ejecutivo. Foto: Archivo El País

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) consideró que el Poder Ejecutivo incurrió en reiterados desacatos al no derogar una resolución que impedía a la empresa Claro ofrecer servicios de televisión satelital.

El TCA dispuso que un alguacil se presentase en persona ante el Poder Ejecutivo e intimase al cumplimiento de las resoluciones del organismo sobre Claro.

La empresa Claro inició una acción de amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo exigiendo que el Poder Ejecutivo libere 500 decodificadores que están trancados en aduana esperando una certificación del Poder Ejecutivo donde se señale que Claro sí tiene autorización para la prestación de los servicios.

La acción de amparo alude a los distintos pronunciamientos sobre que la empresa Claro solicitó los permisos y comenzó a vender servicios de televisión satelital antes de que el Parlamento aprobara la denominada Ley de Medios.

El 28 de septiembre pasado, la alguacil del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Liliana Ferreira, intimó al Poder Ejecutivo a cumplir con la sentencia N° 587 del 23 de octubre de 2014 en un plazo de diez días. Dicha sentencia del TCA señalaba que el Poder Ejecutivo debía respetar la decisión del Tribunal que considera que Claro sí dispone de las licencias para operar servicios de televisión satelital.

El lunes 10, feriado por haberse trasladado el del 12 de octubre, el Poder Ejecutivo —la resolución la firmó el vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia, Raúl Sendic— decidió suspender transitoria y totalmente la resolución del gobierno que impedía a la empresa Claro poseer dichas licencias, con lo que se ratifica que Claro tiene autorización para prestar los servicios.

Medidas.

El abogado de la empresa Claro, Héctor Dotta Lageard, presentó una acción de amparo respecto al Ministerio de Industrias y la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) ante el juez Letrado en Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanián, por entender que no le permiten importar los 500 decodificadores para ampliar su clientela que adquirió servicios de televisión satelital.

El problema tiene larga data. En 2008, la Ursec otorgó a la empresa Claro la licencia para la prestación de los servicios de televisión satelital para abonados.

El 9 de enero de 2009, el Poder Ejecutivo revocó dicha licencia, y por sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el 22 de noviembre de 2012, se declara la nulidad del acto administrativo por el cual se dispuso la revocación de la sentencia.

Luego del fallo de Tribunal, la empresa Claro comunicó a la Ursec que comenzaba a prestar el servicio de televisión satelital para abonados.

Sin embargo, el 10 de mayo de 2013, el Poder Ejecutivo revocó nuevamente la licencia alegando una presunta razón de legalidad.

Otra vez la empresa Claro promovió una acción de nulidad contra el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, como medida anticipada (mayor rapidez), promovió conjuntamente la suspensión provisional de los efectos de la revocación decidida por el gobierno.

En 2014, el TCA hace lugar al pedido de suspensión del acto y dispone la suspensión provisional y total de la ejecución del acto recordando que el organismo ya había fallado en contra del Estado sobre las licencias de Claro, y que en dicho fallo se decía que por efecto del mismo Claro puede prestar los servicios solicitados.

También señala que le asiste razón a la empresa demandante en cuanto a la necesidad de que la empresa Claro ha recobrado la licencia, ya que en virtud de una de las sentencias realizó contrataciones e inversiones en los equipos necesarios para llevar adelante el servicio.

Al quedar vigente nuevamente la licencia de Claro, la compañía comenzó a prestar el servicio de televisión satelital para abonados teniendo más de 100 clientes que se mantienen en la actualidad, según la acción de amparo al que tuvo acceso El País.

Pese a la claridad de la sentencia del TCA, el 24 de marzo de 2015 el abogado del Ministerio de Industrias se presenta ante el organismo y promueve el levantamiento de la suspensión de la ejecución de la resolución del Poder Ejecutivo que fue dispuesta por un fallo de dicho tribunal.

El 21 de julio de 2016, el TCA desestimó la pretensión del Ministerio de Industrias y falló que se mantuviera la suspensión del acto administrativo dispuesta por una sentencia de 2014, rechazando el planteo del Ministerio de Industria y señalando que la autorización está vigente.

El TCA sostuvo que la aprobación de la Ley de Medios realizada el 29 de diciembre de 2014 "en nada incide" en la suspensión de la ejecución de un acto administrativo anterior.

Sutel está en contra.

El sindicato de Antel, Sutel, se opone tajantemente a que el Estado le permita ofrecer servicios de televisión satelital a la empresa Claro, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim. En un comunicado, el sindicato dice que la vía utilizada por Claro para que se le conceda es "ilegal" y manifiesta su "honda preocupación por: El inminente otorgamiento de una licencia de televisión directa al hogar satelital por parte de un Juez de Primera Instancia, en abierta violación del artículo 56" la denominada ley de medios y sostiene que "esta maniobra se basa en un fraude en el procedimiento aduanero de importación de decodificadores que no ha sido castigada debidamente por la Justicia, aún cuando todavía está a tiempo de hacerlo".

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)