El Banco de Previsión Social (BPS) proyecta suspender 25.000 asignaciones familiares de alumnos de Secundaria que no están yendo a estudiar. Así lo confirmaron a El País fuentes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El BPS ya derivó el listado de estos alumnos al Codicen, y ahora el gobierno de la educación tendrá un mes para, con ayuda del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el de Desarrollo Social (Mides), ir a buscar a los estudiantes, reinsertarlos en el sistema, y evitar que se suspenda la prestación.

También se envió al Codicen una lista de escolares que no están concurriendo a estudiar, pero desde el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) advirtieron a El País que "son menos de 1.000" los niños que están en esta situación.

Fuentes de gobierno dijeron a El País que dentro de esta lista de 25.000 liceales no se tuvo en cuenta a quienes asisten a clase de forma intermitente o abandonaron, como estaba previsto en el decreto aprobado por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez en septiembre de este año, sino que solo se detectó a los que no se inscribieron para cursar este año.

"Para suspender la asignación se identificó solo a los que no se inscribieron. Los que se inscribieron pero abandonaron, o siguen yendo pero no cumplen con el mínimo de las asistencias necesarias, no fueron identificados. La idea original era incluirlos pero algunos entendieron que esto recién se debe aplicar a partir del próximo año", señaló la fuente. Por tanto, en la lista no se incluye a los "miles" que, según dijo el presidente del Codicen, Wilson Netto, dejaron de estudiar en los últimos tres meses por culpa de los paros sindicales.

Según el decreto, en julio y noviembre de cada año se haría un cruce de datos entre el Codicen y el BPS por el cual se suspenderían las asignaciones familiares de aquellas personas que no envíen a sus hijos a estudiar.

La medida buscó ser un punto intermedio entre lo que reclamaba el BPS, en cuanto a que se siguieran suspendiendo las asignaciones familiares de quienes no envíen a sus hijos a estudiar, y lo que reclamaba la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, partidaria de que no se pida nada a cambio del beneficio.

En una entrevista publicada por El País en enero, antes de asumir su cargo, Arismendi sostuvo: "Si yo además de que no van, todavía les saco la comida y la plata, les digo embrómese para el resto de sus vidas".

Su idea evitó que a mediados de este año se corten las asignaciones. Sin embargo, su postura no fue acompañada por el BPS, ni por Vázquez, que ven en esto una herramienta para obligar a las familias a enviar a sus hijos a estudiar.

Por eso en el decreto se establece que sí se cortará el beneficio, pero que antes se les dará un plazo de un mes al Codicen, el Mides y el MEC para que vayan a buscar a esos estudiantes y los reinserten al sistema.

El decreto de Vázquez advierte que además de monitorear que los menores vayan a estudiar, también se observará que sus padres o tutores se encarguen de que estos reciban los controles médicos que necesiten.

A partir de 2013 el Codicen y el BPS implementaron un plan de cruzamiento de datos para suspender las asignaciones familiares de quienes no mandan a sus hijos a estudiar. La ley N° 18.227 advierte entre los "requisitos" para cobrar asignaciones familiares, que las familias envíen a los menores a estudiar. También se pide la "periodicidad de controles de asistencia médica".

En 2013, se dieron de baja 32.000 asignaciones (el corte se hizo en noviembre). En 2014 fueron 51.000 (entre julio y noviembre). Algunas familias, luego de que les fue cortado el beneficio, volvieron a enviar a sus hijos a estudiar.

Según datos del BPS, el Estado otorga 495.000 asignaciones familiares. La prestación que reciben la mayoría de los beneficiarios se cataloga como "simple" y corresponde a una cifra de entre $ 684 y $ 1.839, dependiendo de la cantidad de menores que tengan a cargo. Las 30.000 familias de los hogares más "vulnerables", cobran entre $ 1.368 a $ 3.678.

La ministra Marina Arismendi recalcó ayer que la primera infancia es la prioridad en estos años para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y que la política de cuidados es lo relevante, aunque lamentó el recorte acordado por varios sectores del Frente Amplio a los recursos para el Sistema Nacional de Cuidados, uno de los ejes de la campaña electoral de Tabaré Vázquez en 2014. Hizo sus declaraciones ayer en la comisión del Senado que estudia el la ley de Presupuesto.

La oposición, por medio de la senadora nacionalista Verónica Alonso, culpó al sector mayoritario del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular (MPP), de apoyar la resolución de aplicar un recorte en ese proyecto.

Alonso se mostró dispuesta a analizar alguna alternativa para la primera infancia y las personas con discapacidad, y pidió al oficialismo que "recapacite" sobre el recorte.

En total el recorte acordado a comienzos de este mes es de 700 millones de pesos de lo ya asignado por el Poder Ejecutivo. El Sistema Nacional de Cuidados sufrirá una disminución de recursos por 400 millones de pesos en 2016 (el 36% de su presupuesto original), a pesar de lo cual el director del programa, Julio Bango, tiene esperanzas de que se atienda al 60% de las personas con afectación severa, unas 7.000 personas, de las 23.000 de todo el país que necesitan cuidados.

Bango sostuvo en la comisión de Presupuesto del Senado que el año próximo "habrá limitaciones" para aplicar el programa. "El primer año va a haber la mitad de asistentes personales que pensábamos y la idea es recuperarlos en los cuatro años siguientes", afirmó.

Son alumnos que no estudian; Codicen tiene un mes para ir a buscarlosCARLOS TAPIA / VALERIA GIL