retraso en trámite de expedientes

Suprema Corte de Justicia evalúa descuentos por "paros distorsivos"

Desde hace cinco meses los actuarios vienen haciendo paros distorsivos, lo que ha provocado serios retrasos en el accionar de la Justicia. 

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Funcionarios judiciales realizaron una asamblea pública luego de una audiencia por reclamo salarial. Foto: Marcelo Bonjour.

Los actuarios reclaman, al igual que los funcionarios judiciales, un 26% de aumento salarial y no cambiarán de parecer hasta reunirse con el Poder Ejecutivo. La Suprema Corte de Justicia (SCJ), en tanto, evalúa comenzar a aplicar descuentos por paro distorsivo.

Así lo confirmó a El País el ministro de la Suprema Corte, Jorge Ruibal Pino, quien dijo que el organismo se encuentra analizando un informe solicitado hace algunas semanas.

Luego de Semana Santa y con la información de las sedes judiciales de todo el país procesada, la Suprema Corte evaluará comenzar a descontar las horas no trabajadas a los actuarios.

El decreto 401/08 habilita al Poder Ejecutivo a descontarle a los funcionarios públicos las horas en las que aplican medidas distorsivas. El decreto fue promulgado durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez con el objetivo de hacer frente a las medidas distorsivas de los sindicatos del Estado que en ese momento habían instaurado la modalidad de presentarse a trabajar pero negarse a cumplir determinadas tareas.

Con esa normativa las autoridades de cada organismo quedaron facultadas a aplicar descuentos de acuerdo al daño realizado con las medidas sindicales.

"Evaluaremos en qué medida el conflicto, tanto de actuarios como de funcionarios, afectó el servicio. A partir de eso analizaremos la posibilidad de aplicar los descuentos correspondientes", agregó el ministro de la SCJ, Jorge Larrieux.

Demora.

Ambos ministros, Ruibal Pino y Larrieux, coincidieron en que es notoria la acumulación de expedientes que existe hoy en la Justicia.

"Existe retraso en todas las áreas porque están trancando el tema de las notificaciones. Ponen límite en la cantidad de notificaciones que se tramitan", dijo Larrieux. "Todo esto distorsiona el servicio", agregó.

Sobre este retraso, Ruibal Pino opinó: "Existe, es notorio y sería necio negarlo".

"Estamos tratando de paliar esas situaciones con las cosas más urgentes: penal y algo de violencia doméstica. En esos lugares no se nota. En otros sí", especificó.

Diego Pardo, presidente de la Asociación de Actuarios Judiciales, dijo a El País que las medidas de protesta son muy específicas.

"No firmamos cédulas citatorias y no firmamos notificaciones. Eso lo que hace es frenar las audiencias. Eso se aplica a todos los expedientes. Sin perjuicio en los casos que el actuarios considere que no puede postergarse. Ahí se hace la excepción y se hace la audiencia. En los que el Estado tiene algún interés, ahí no se hace ninguna actuación. Las medidas son clarísimas", dijo.

"En los casos de los juzgados de Aduanas se tramitan ocho expedientes por día y en los de la Central de Notificaciones de Montevideo se tramitan 150 cada día. Eso está resuelto por asamblea", aclaró el presidente del gremio.

La resolución habilita al actuario a analizar cada caso concreto y decidir si tiene que rechazarlo o hacer una excepción.

El Colegio de Abogados, sin embargo, manifestó su seria preocupación por la falta de criterio a la hora de tomar medidas gremiales.

En un comunicado, el Colegio se refirió a la grave distorsión que afecta a la mayoría de los tribunales. La institución manifestó la necesidad de "hacer saber a la opinión pública que las serias dificultades que se están verificando en las Oficinas Judiciales determinan que no se esté cumpliendo adecuadamente la función jurisdiccional".

"La situación se ve agravada por la falta de un criterio preciso y uniforme para que los Actuarios —que también son abogados o escribanos— valoren las excepciones a las medidas adoptadas y por la actuación de algunos funcionarios que aplican medidas individuales ajenas al marco gremial, todo lo cual contribuye a profundizar el caótico panorama imperante", agregó el Colegio en el comunicado.

El presidente del Colegio, Eugenio Xavier de Mello, ejemplificó el caos reinante con una situación que se vive todos los días en los juzgados: los abogados concurren a los juzgados, desconociendo hasta dónde llegan las medidas, y las audiencias no se llevan a cabo por falta de actuarios.

Reunión.

La Asociación de Actuarios se reunirá el 7 de abril con el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, para plantearle su postura sobre el conflicto judicial. Los funcionarios, que habían reiterado en varias oportunidades su intención de mantener una reunión con el presidente Vázquez, recibieron la pasada semana la notificación de Presidencia. Los funcionarios evaluarán luego de esta reunión si se mantienen o suavizan las medidas de protesta.

"Para nosotros es fundamental que el nuevo gobierno nos reciba", dijo Pardo.

"(Hasta el jueves) no nos había contestado y eso generó molestia. Incluso en la última asamblea no se levantaron las medidas por algunas declaraciones de algún integrante del Poder Ejecutivo", explicó el presidente del gremio.

"Vamos a hablar de nuestras perspectivas. Y queremos escuchar qué nos tienen para decir", agregó.

Los actuarios realizan la tarea de ejecutar las disposiciones de los jueces, por lo que como consecuencia de esas medidas, miles de juicios están trancados.

Presos son víctimas del conflicto.

Existe preocupación en los juzgados penales por el atraso en los expedientes. La situación de los reclusos, incluso, es a veces desconcertante. La tramitación de las libertades entra dentro de los casos de "excepción" que varían de actuario a actuario. Por lo tanto, depende del funcionario si se realiza la notificación o no. Abogados penalistas manifestaron preocupación por el retraso en el otorgamiento de libertades. Estos sostuvieron que hay un clima tenso en las cárceles por las demoras en decretar libertades y que esto puede derivar en motines. El artículo 328 del Código del Proceso Penal prevé el trámite de solicitud de libertad para las personas penadas que están presas. Deben haber cumplido la mitad de la pena impuesta y pedir la libertad en la dirección de la cárcel, la que se envía junto con un informe de la conducta del detenido al juez de la causa.

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