PROBLEMÁTICA

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Luego de dos audiencias de conciliación infructuosas (realizadas en noviembre de 2018 y febrero de este año), un grupo de 251 vecinos de ferias formalizó el mes pasado una demanda por daños y perjuicios contra la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Economía y Finanzas. A fines de 2018 reclamaban una indemnización de US$ 1,2 millones. Pero la demanda, que promueven vecinos de 61 ferias de la capital, creció y ahora se sitúa en los US$ 3.693.000.

“El próximo movimiento va a ser la presentación de testigos. Como medio probatorio, nosotros presentamos videos, fotografías y también testigos”, explicó a El País Flavio Harguindeguy, presidente de la Unión de Vecinos de Ferias y Periferias de Montevideo (UVFPM).

Según un informe elaborado por la licenciada Yordana Pesah, de la UVFPM, la cifra “es mayor que la manejada en la etapa de conciliación debido a un cálculo más refinado y no tan conservador. El cálculo anterior fue diseñado para facilitar una instancia de conciliación”.

Sin embargo, “bajo la cifra anterior se negó toda posibilidad de resolución pacífica a este conflicto”, indica el documento en poder de El País.

“Surgió abundante material probatorio que incluye audios, videos, fotografías y la citación de 57 testigos, entre los que se encuentra (…) Fernando Rodríguez, actual vicepresidente del INAU y ex defensor del vecino de Montevideo. Este juicio se da luego de no haber logrado la conciliación entre las partes, en las instancias anteriormente mencionadas, buscando un resarcimiento económico para los daños ocasionados por la ausencia de controles en las ferias y, además, sentar un antecedente jurisprudencial que haga tomar conciencia a las autoridades que la falta de controles tiene consecuencias legales”, agrega el documento.

Finalmente, el texto firmado por la licenciada Pesah señala que la UVFPM viene trabajando por “la igualdad de derechos de todos los vecinos que conviven con una feria o periferia, procurando el cambio normativo para que estas no se extiendan por períodos mayores a tres años y se controlen debidamente. A la vista está que, gracias a la unión de los vecinos y la empatía de los medios, muchas ferias han sido rotadas”.

Los vecinos sostienen que vienen siendo perjudicados desde hace años por “la omisión de los demandados en el cumplimiento de la normativa vigente”

“Tanto la Intendencia como el Ministerio de Economía no cumplen con los controles e inspecciones respectivas, en distintas ferias de Montevideo, lo que ha causado graves perjuicios a los vecinos”, señalan.

Según los demandantes, tanto la IMM como el MEF “no cumplen con lo mandatado por la Constitución de la República, específicamente en lo establecido por los artículos 8, 24, 168, 181, 274 y 275”.

“Es dable indicar, asimismo, que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y todos por ende debemos sostener las cargas públicas en esa igualdad de condiciones. Al Estado le compete mediante el ejercicio de su poder-deber, dar garantías en tal sentido. Al no haber una rotación de ferias, en forma equitativa, los demandantes se ven ciertamente perjudicados ante la omisión descripta”, señala el escrito presentado por los vecinos en las instancias de conciliación.

“La falta de controles, por el no cumplimiento de la normativa (reglamento de ferias municipales, protocolo de manejo de ferias -convenio firmado por IMM, MEF, Asociación de Feriantes del Uruguay-, resolución de regularización de periferias, reconocimiento de rotación de ferias de naturaleza consuetudinaria por parte de Intendencia), lesionan a los actores, produciendo daños materiales, y ocasionando daño moral a todas luces incuestionable”, sentencia el documento.

Los vecinos denuncian “daño material” producido por roturas en veredas, fachadas y rejas, degradación de la pintura de las propiedades, daños en caños, suciedad de calles y veredas, y depreciación del precio de los inmuebles, entre otros.

A su vez, plantean la existencia de un “daño moral” ocasionado por ruidos molestos, alteración del descanso (muchas veces el movimiento de feriantes comienza antes de la hora indicada por la normativa y se extiende más allá del horario de culminación), orín o heces en las veredas y jardines (por falta de baños químicos), impedimento de ingreso y egreso de vehículos particulares a los domicilios respectivos, impedimentos de móviles de emergencias, desvío de transporte colectivo, riñas, amenazas, e insultos por parte de feriantes o periferiantes.

Por último, reclaman que se considere el “daño emergente” que implica el gasto por alquiler de parking los días de feria.