COBRO MILLONARIO INDEBIDO

La comuna pretendía cobrar deuda de saneamiento.

Hace 5 años les llegaba a cada uno de los 1.496 apartamentos que tiene el complejo Euskal Erría 71 una factura de agua que oscilaba entre los 30 mil y los 50 mil pesos. La elevada suma se debía a una deuda de saneamiento que acarreaba el complejo desde hacía 5 años, de casi un millón de dólares. Y esa era la forma que la IMM entendió podía cobrar lo adeudado.

En ese entonces los vecinos se reunieron para apelar la medida, y tras varios años de litigio, finalmente el Contencioso falló a favor de ellos y anuló la obligación de pagar la deuda. La razón, según se lee en la resolución judicial, es que la Intendencia no está habilitada a "la determinación de adeudos individuales con carácter retroactivo", aun cuando los habitantes de los apartamentos sigan siendo los mismos desde que se generó la deuda hasta la actualidad.

Hasta ese momento, la encargada de pagar esos servicios era la Comisión Administradora del Complejo. Por esa razón, muchos vecinos se sorprendieron al recibir la factura. "Pensamos que ese pago iba incluido en los gastos comunes", había comentado en aquel momento uno de los habitantes de Euskal Erría 71.

Para cobrar la deuda, debido a que existía en todo el complejo únicamente tres contadores, lo que hizo la Intendencia fue u2014partiendo del consumo de agua potable del medidor comúnu2014 dividir la tarifa entre los apartamentos del lugar, teniendo en cuenta el número de dormitorios y baños de cada vivienda para determinar la cuota correspondiente a cada unidad.

Pero, legalmente, desde el momento de la división solo podía cobrar gastos que se generaran a partir de ese momento y no con retroactividad.

"La divisoria debe tener efectos hacia el futuro, desde la notificación a cada uno de los ocupantes. De manera que de no haber existido en forma previa a la divisoria, acto o actos administrativos que determinaren el pago de tributos al Complejo Habitacional, luego, una vez realizada la misma no puede imponerse dicho pago en forma retroactiva por una resolución dictada con posterioridad", se establece en la resolución.

"No cabe aplicar tarifas de modo retroactivo que se apliquen a servicios pasados, ya utilizados", agrega el documento. Según establece el tribunal, podría caber el cobro con retroactividad pero en circunstancias excepcionales o cuando una ley lo habilite expresamente por razones de interés general. Pero ninguno de esos casos se aplica al Complejo Habitacional.

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Irena Penza es abogada y vive desde el año 2011 en el complejo habitacional Euskal Erría 71. Fue una de las primeras en hacer el reclamo ante la Justicia junto con el doctor Hermes Antúnez ya que consideró que lo que estaba haciendo la comuna "era totalmente ilegítimo". "El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) nos dio la razón de que la Intendencia de Montevideo no debería cobrar eso, que es ilegítimo y además corresponde la restitución de lo que cobró indebidamente", dijo.

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Según contó, muchos habitantes del complejo pagaron la deuda "porque estaban mal asesorados o no se animaron a esperar el resultado del juicio". Ahora, esas personas quieren que le devuelvan lo que pagaron "pero aún la Intendencia, pese al fallo de la justicia, no lo ha hecho", contó la abogada. Y agregó: "Más de 100 personas ya se han presentado a reclamar la devolución del dinero".

Explicó que la comuna puede cobrar deudas con retroactividad de hasta 4 años "pero cuando fueron generadas por un usuario que tiene su contador particular.".

"En este caso no solo nos querían cobrar deudas de casi 10 años, sino que nos querían cobrar a título individual cuando nosotros formábamos parte de un padrón que contenía varios apartamentos más", dijo. Y agregó: "No existíamos como personas individuales hace más de 4 años. Lo que hizo la Intendencia fue crear una ficción, dividió la tarifa e hizo como si nosotros siempre hubiéramos tenido un contador individual", explicó la abogada.

A pesar de que el TCA les dio la razón, admite que el complejo tiene una "morosidad alta". "En agosto de 2018 el 40% de los habitantes estaban morosos, mientras que a marzo de 2019 son el 29%. Aunque bajó, sigue siendo una cifra importante", destacó.

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Miguel Di Ruocco, ex edil nacionalista y asesor de vivienda del precandidato Luis Lacalle Pou, estuvo ayudando a los vecinos con este reclamo. Consideró que la "voracidad fiscal" de la IMM la llevó a cobrar una deuda de saneamiento indebida, amenazando con llevar a juicio a los que no pagaran, "cuando sabían perfectamente que no podían cobrar retroactivamente una deuda de este tipo", anotó.

"A su vez, cuando van a reclamar la devolución del dinero les quieren cobrar a los vecinos gastos judiciales que nunca existieron", dijo. Y agregó: "Es meter la mano en el bolsillo de los ocupantes del Complejo Habitacional y todavía no devuelven lo que por sentencia están obligados a cumplir".