Intendencia de Montevideo

Suspendieron un mes a los 13 inspectores "zorros"

Utilizaban sus cargos para eludir el pago en la zona tarifada.

Identificaban sus autos particulares con la "z" de "zorros". Foto: F. Ponzetto
Ardid: identificaban sus autos particulares con la "z" de "zorros". Foto: F. Ponzetto

La Intendencia de Montevideo resolvió sancionar con un mes de suspensión sin goce de sueldo a los 13 inspectores que utilizaban los privilegios de sus cargos públicos para eludir el pago del estacionamiento en la zona tarifada.

"Esos funcionarios son los encargados de controlar el cumplimiento de que se abone el ticket o se desempeñan en el servicio donde se encargan de esto, por lo que deberían estar más conscientes de la transgresión que implica el no abono del tarifado", señala la resolución municipal.

El 14 de septiembre de 2016, el entonces director de la División Tránsito de la IMM, Pablo Ferrer, constató personalmente que catorce vehículos pertenecientes a inspectores de tránsito se hallaban en la zona de estacionamiento tarifado sin que ninguno de sus conductores hubiera efectuado el pago correspondiente. Los vehículos estaban estacionados por las calles San José y Soriano (entre Barrios Amorín y Santiago de Chile), en las cercanías del lugar de trabajo de los funcionarios, el Palacio Municipal.

A Ferrer le pareció sospechoso que los autos tuvieran un logo adherido con la letra "z" que —según supo después— servía para identificar a los automóviles de los "zorros", como se le llama a los inspectores en el argot popular, para que sus compañeros supieran que no tenían que multarlos.

Días pasados, la IMM rechazó un recurso presentado por los inspectores. En el mismo, los funcionarios argumentaron en su reclamo que la administración no siguió el procedimiento establecido en la normativa municipal. Y se agravian porque el caso haya trascendido en la prensa.

También rechazaron que la resolución que dispuso que se les hiciera un sumario haya sido publicada en la página web de la Intendencia, a lo que la administración respondió que es su "deber" hacerlo, por lo que le impone la Ley 18.381 sobre derecho de acceso a la información pública.

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