FALLO

Sunca deberá pagar $300.000 tras ocupar una cooperativa de vivienda en Fray Bentos

El Sunca Río Negro no se ha expedido sobre el asunto y dijo que el tema será abordado por la dirigencia nacional.

Construcción
Foto: archivo El País.

En un fallo sin precedentes, una cooperativa de vivienda por ayuda mutua ganó en el tribunal de apelaciones un juicio al sindicato de la construcción (Sunca) por una ocupación que fue considerada ilegal y que retrasó el cronograma de obras. Ahora, el sindicato deberá pagar $300.000 como consecuencia de esto. 

Esta situación complicó en su momento a la cooperativa con las partidas que el Ministerio de Vivienda otorga sobre cumplimiento de avance de obra.

El Sunca Río Negro no se ha expedido sobre el asunto y dijo que el tema será abordado por la dirigencia nacional. Carla Carrera, de la cooperativa de vivienda por ayuda mutua COVIEMU, ubicada en la periferia de la ciudad de Fray Bentos, recordó que transitaron ese momento con mucha angustia e impotencia.

Todo se generó porque no teníamos para mantener la planilla de los oficiales que habíamos contratado. Por un tema de avance de obra ya no necesitamos toda la gente pero como todos somos trabajadores no queríamos dejarlos sin empleo por lo que fuimos rotando al seguro de paro y ellos entendieron que se trataba de persecución sindical”, indicó Carrera.

El diálogo se cortó cuando los afiliados al SUNCA dijeron que había que hacer “lo que ellos querían”. “Fue una situación muy complicada. Tenían una manera de expresarse muy fea y de avasallarnos, porque la mayoría éramos mujeres”, expresó Carrera sobre el momento en que se desató el conflicto que derivó en una ocupación de cinco días.

“En determinado momento no quisieron esperar la instancia de negociación en DINATRA (Dirección Nacional de Trabajo) y decidieron ocupar la obra, lo que nos trajo aparejado un montón de problemas a tal punto de que muchos pensaron de que no podíamos avanzar con nuestras casas. Algunos decían: 'no sé cómo seguir porque contra el SUNCA no se puede y se me termina el sueño de mi casa'", explicó la vocera del grupo. 

En ese momento se presentó un recurso de amparo ante la justicia. “Nos perjudicaron muchísimo ante el ministerio, ante la Agencia Nacional de Vivienda, dado que se atrasaron partidas y todo se fue postergando. Fue allí que nuestro abogado recomendó que iniciáramos un juicio que demandó 6 años”, recordó.

Al cabo de un tiempo, entre los damnificados persiste la “bronca, impotencia y al mismo tiempo da satisfacción porque en su momento fueron horas de llanto y de contener gente, de apaciguar ánimos entre 38 familias. Luchamos con el corazón y hoy estamos muy satisfechos por el resultado”, expresó Carrera.

Fernando Doti, abogado de la cooperativa de viviendas, estuvo buscando en los archivos y no encontró un caso similar por lo que considera que se trata de un fallo inédito.

“En primera instancia el fallo fue desfavorable en el juzgado letrado de segundo turno de Fray Bentos. Se apeló y cinco años después un tribunal de apelaciones en lo civil fue quien revocó el fallo”, indicó el profesional que patrocinó la demanda por daño y perjuicios.

“Por lo que pude indagar el fallo sería inédito pero realmente desconozco el universo completo de los casos, pero seguro que común no es, sin duda” explicó Doti al obtener un fallo favorable para los cooperativistas y en contra del sindicato de la construcción por $ 300.000 pesos.

A entender del profesional, el juicio se inició a partir del concepto de que la ocupación “fue ilícita en abierta violación a lo que establece el decreto del poder Ejecutivo del año 2006, pero además a partir de la idea de que toda ocupación es ilícita por ir contra dos derechos humanos fundamentales que son el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 7 de la Constitución y el derecho al trabajo de trabajadores que queriendo trabajar no pudieron hacerlo por esta circunstancia. La Constitución es muy clara al respecto y cualquier derecho humano debe limitarse por ley e invocando razones de interés general. Desde el momento en que el decreto del poder ejecutivo está en un rango inferior a la Constitución y a la ley, y concibe las ocupaciones como una extensión del derecho a huelga es claramente contrario a derecho” explicó Doti.

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