CÁRCELES

Unas 12.500 personas dormirán esta noche detrás de las rejas de las cárceles uruguayas. Si es que duermen. Porque algunos estarán asustados -van 15 asesinatos en ocho meses-, otros no tendrán una cama para descansar, unos cuantos estarán conteniendo la ansiedad ante su inminente liberación y otros estarán expectantes de quiénes serán sus nuevos compañeros de celda.

Hace dos años, los presos en el país eran poco más de 10.000. Y a partir de entonces, cada día, 19 personas diferentes fueron encarceladas. Esa puerta giratoria en la que salen menos de los que ingresan, en un país en que la población crece a un ritmo lento, hace que la cantidad de reclusos cada 100.000 habitantes -o tasa de prisionización, como le dicen los técnicos- sea cada vez más una de las más elevadas del mundo.

La tasa de prisionización de Venezuela, con persecución política incluida, es casi la mitad que la uruguaya. La de Afganistán, con conflicto bélico incluido, es casi cuatro veces inferior. ¿Por qué?

Puede que la policía uruguaya sea demasiado efectiva atrapando a los delincuentes. Puede que las leyes sean más duras que en otros países -si se suman aquellos que están con medidas sustitutivas a las cárceles, hoy más de 26.000 habitantes del país están penalizados- o puede que haya “mucha gente que tiene como forma de vida el delito”. Así lo entiende Santiago González, director de Seguridad del Ministerio del Interior.

La tendencia de esta puerta giratoria es tan marcada que ni el cambio en el Código del Proceso Penal o lapandemia del COVID-19 pudieron detenerla.

“La cárcel no le gusta a nadie, como el CTI, pero es un espejo que condensa los problemas humanos más profundos que están dispersos en la sociedad, entre nosotros y a veces adentro de nosotros”, explica el comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit. Y aunque la prisión tal cual la conocemos ahora es un “invento reciente” en la trayectoria humana -tiene poco más de dos siglos-, en Uruguay “ha faltado una política pública para esa privación de libertad”.

Cada nueva administración promete un cambio de este escenario. Desde las llamadas “latas” del exministro del Interior colorado Guillermo Stirling, hasta las modificaciones tras el lapidario informe del relator de Naciones Unidas Manfred No-wak, hubo intentos de políticas que, según Petit, no dieron con la talla “de la historia de un país garantista y humanista”. Porque, reconoce, lo que faltó fue “una política criminal amplia, un interjuego de los tres poderes del Estado”.

González le da la razón. “El sistema penitenciario no da rehabilitación: el 65% reincide, el 60% cuando sale de la prisión termina durmiendo en la calle, y el 80% es adicto”. Entonces, “si a esos presos no les das nada para cambiar, desde una cama digna hasta un trabajo, la puerta giratoria seguirá girando”.

-Qué asegura que, durante este quinquenio, será diferente?

-Cuando asumimos, el 1° de marzo, había 1.866 personas durmiendo en el piso del Comcar. Ya hemos confeccionado 1.000 camas de madera y 500 cuchetas. Hemos requisado los llamados “cortes carcelarios”, que algunos usaban para atacar, pero, la mayoría, para defenderse. Esta semana entrante se instala una oficina del Mides dentro del módulo 4 del Comcar, para que aquellos que están por egresar o aquellos que egresaron tengan un seguimiento…

-¿Eso cambia el problema?

-Por sí solo, no. Pero el concepto es que la seguridad del que está afuera de la prisión depende de qué pase con el que está adentro. Tarde o temprano el privado de libertad sale. Y si continúa siendo maltratado, el día que salga es un error de seguridad, de economía y de dignidad humana.

En el último informe que el comisionado parlamentario elevó a los legisladores, recalca que “el 73% de la población penitenciaria está alojada en lugares que no ofrecen las posibilidades de rehabilitación necesarias para facilitar su reinserción social”.

Es por eso que González explicita que, como plan estratégico para el quinquenio, la prioridad está en “dar trabajo, educación y salud… sobre todo salud mental”.

Ocurre que solo el Comcar tiene a 600 personas medicadas con pastillas psiquiátricas. Esos remedios no se dan por boca y, entonces, “empieza un microtráfico interno”. Pero, a la vez, “hay homicidas que mataron por matar, y es importante para ellos un tratamiento”, como también “hay miles de adictos que no tienen una clínica ni trabajos con grupos de pares”.

El proyecto ECHO (Extension for Community Healthcare Outcomes) que lidera el médico Henry Cohen, uno de los tres referentes del grupo de científicos que asesora al gobierno por la marcha del COVID-19, podría ser una pieza clave en esa búsqueda de rehabilitación.

Las autoridades del Ministerio del Interior y los médicos están congeniando para que haya teleclínicas que permitan que “si la montaña no va a Mahoma, será Mahoma quien vaya a la montaña”.

Mañana ingresará al Parlamento el proyecto de ley de Presupuesto. Según el director González, “para estos cambios no se necesita más dinero” que la línea base. Otras apuestas del gobierno, sin embargo, requieren una inyección extra.

Es el caso de la relocalización de las cárceles de Artigas, Flores, Tacuarembó y Treinta y Tres que están en medio de la ciudad, en las jefaturas. Lo mismo que una prisión de máxima seguridad y la reparación de una unidad en Salto. Eso, según el jerarca, “se vería en 2021”.

Mientras, concluye, “tenemos que dejar un INR con posibilidad de rehabilitar”.